Chiquita Brands: la agroindustria y sus nexos con paramilitares en Colombia

El conflicto armado colombiano estuvo marcado por la convergencia de varios actores que jugaron un papel determinante en su continuidad y dinámica. Los grupos guerrilleros, paramilitares y el Estado fueron sus principales protagonistas. Sin embargo, así como lo revela el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en su capítulo “Hasta la Guerra Tiene Límites”, la guerra también permeo los sectores políticos, judiciales y empresariales del país.

Según el informe: “el dolor y la injusticia sobre las víctimas es la constatación de iniciativas empresariales protagonistas en el conflicto que pagaron a grupos paramilitares con el fin de desplazar y despojar de las tierras y los territorios a las comunidades". Agrega que, “implantar negocios de agroindustria o minería, o que dentro de los emprendimientos estigmatizaron a los trabajadores y son cómplices de asesinatos de centenares de sindicalistas”.

Dentro de los hallazgos, se exponen los vínculos de la multinacional bananera Chiquita Brands y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así como esta, hubo varias empresas que pagaron a los grupos armados grandes sumas de dinero como costos de transacción para mantener activos sus proyectos en el país, en el marco del conflicto que vivió Colombia por más de 60 años.

Historia del Caso de Chiquita Brands en Colombia

En los años 90 y principios de los 2000, la empresa Chiquita Brands International Inc. realizó aportes económicos durante 7 años al grupo paramilitar AUC. La suma ascendió a más de 1,7 millones de dólares. Producto de una reunión entre Charles Dennis Escobar, entonces gerente de Banadex S.A. y Carlos Castaño Gil en 1997, se abrió la investigación que a día de hoy se ha convertido en un largo proceso judicial.

Con esos aportes, las AUC lograron fortalecer sus operaciones criminales en las zonas bananeras, cometiendo múltiples violaciones a los derechos humanos de la población campesina en la región del Magdalena Medio y Urabá, como desplazamientos forzados, homicidios y masacres. Sin dejar de lado, las graves consecuencias al medio ambiente que deja esta actividad económica. Al respecto, según un estudio hecho por la Universidad Eafit de Colombia sobre los “Efectos Ambientales y Socioeconómicos de los Procesos Productivos del Café y del Banano”, la utilización de agroquímicos de origen orgánico, tiene un mayor impacto en las plantaciones bananeras, debido a las exigencias para su exportación y capacidad de producción. Así mismo, el cultivo de banano genera contaminación del aire, por la quema de materiales, olores del proceso productivo y la aspersión de agroquímicos.

En 2007, EarthRights International, organización sin ánimo de lucro cuyo equipo de líderes comunitarios, activistas y estrategas legales trabajan por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, presentó una demanda en representación de las víctimas. Tras una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Chiquita Brands tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares, al ser hallada culpable de financiar a las AUC. Pese a lo anterior, no ha habido investigación penal en contra de sus ejecutivos y las víctimas aún no han sido reparadas.

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Antes de la presentación de pruebas en el año 2017, el tribunal de Florida que llevaba el caso concedió una orden de protección frente a la divulgación pública de la identidad de los peticionarios. Las partes estuvieron de acuerdo en que la orden de protección era apropiada en un país como Colombia, en el que los defensores de derechos y líderes sociales se encuentra en un constante riesgo. Dos años después, Chiquita retiró su consentimiento frente al acuerdo y el tribunal de Florida concedió la moción para modificar la orden de protección.

Siguiendo con la línea de tiempo, en 2019 el proceso judicial sufrió otro revés, cuando un juez de primera instancia indicó que las víctimas no contaban con las pruebas suficientes para continuar. Esta decisión fue apelada y en el mes de septiembre de 2022, el Tribunal de Apelaciones del Circuito No. 11 reabrió el proceso y determinó la viabilidad de proceder a juicio ante un jurado.

Tras esta decisión, el Director Jurídico de EarthRights, Marco Simons, declaró: “La orden de hoy fue un hito en esta demanda histórica. Las familias han estado esperando durante años esta decisión por parte de los tribunales a pesar de los agotadores esfuerzos de Chiquita para desestimar el caso”. El objetivo principal de los demandantes es lograr la reparación de las víctimas, pero también sentar un precedente para que las grandes empresas no apoyen a grupos criminales en ninguna parte del mundo.

Un juego de intereses económicos que dejo miles de víctimas 

En diciembre del año pasado, el Tribunal Federal del Distrito de Florida denegó el último intento de Chiquita de impugnar las demandas presentadas. Esto implica que la responsabilidad de los asesinatos a manos de los paramilitares será determinada por un jurado. En el fallo, el juez rechazó el argumento de Chiquita de haber pagado a las AUC únicamente para protegerse, y señaló que “hay pruebas de que la decisión de pagar a las AUC fueron motivadas por fines lucrativos, no por autopreservación”.

El caso de Chiquita Brands pone en evidencia la negligencia de la empresa en el manejo de sus operaciones en Colombia: actuaron en contravía de sus propios valores corporativos, desconocieron la legitimidad del Estado Colombiano y sus instituciones, agravaron la violencia y la violación de derechos humanos con sus aportes económicos a las AUC, privilegiaron los beneficios económicos en detrimento del medio ambiente, y no adelantaron acciones correctivas sobre su conducta. Motivados por la alta rentabilidad de las operaciones en el país y por la excelente calidad del producto colombiano.

Así las cosas, es claro que la violencia ejercida por los grupos paramilitares dejó miles de muertos y desplazados en el Urabá y la región del Magdalena, producto de los negocios en los que esta empresa estuvo involucrada. Con el último pronunciamiento del juez, se espera que pronto se fije la fecha del juicio, se logren esclarecer los hechos y que se haga justicia con las víctimas del proceso.