A medida que se avecinan las elecciones presidenciales, el voto extranjero en Chile podría inclinar la balanza o quedar excluido

Con las elecciones de noviembre acercándose, una disposición heredada de la constitución de la era Pinochet ha desatado un enfrentamiento nacional: ¿deberían casi un millón de residentes extranjeros conservar su derecho a voto, o los legisladores redibujarán el mapa democrático justo a tiempo para las elecciones?

Un derecho al voto nacido en dictadura, reescrito por la migración

Durante décadas, el Artículo 14 de la Constitución de 1980 de Chile permaneció prácticamente intacto: una norma polvorienta de la época de Pinochet que permitía a los residentes extranjeros con cinco años de residencia legal votar en todas las elecciones, incluidas las presidenciales. No se requería visa permanente. Tampoco ciudadanía.

La cláusula fue concebida como un premio para migrantes europeos que se establecieron en el sur de Chile durante la dictadura, muchos de los cuales nunca renunciaron a la ciudadanía de sus países de origen. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, la población migrante de Chile se ha duplicado desde 2017, alcanzando aproximadamente 1,6 millones de personas, es decir, cerca del 9 % de la población total.

“Fue una omisión histórica que se convirtió en una bomba de tiempo política”, dice Sebastián Salazar, experto constitucional entrevistado por EFE. “Ya en 2015 se sabía que los flujos migratorios serían un factor. Nadie quiso tocar el tema hasta ahora”.

¿Por qué ahora? Porque el 16 de noviembre se acerca rápidamente. Y a menos que el Congreso cambie la ley, cientos de miles de residentes nacidos en el extranjero—muchos de ellos exiliados venezolanos—estarán legalmente obligados a votar en la elección presidencial.

Voto obligatorio y un nuevo factor electoral

Chile restableció el voto obligatorio en 2022, exigiendo que todos los votantes inscritos se presenten en las urnas o enfrenten una multa. Esto incluye a los residentes extranjeros que cumplan con el requisito de cinco años de residencia, y ni siquiera necesitan tener visa permanente.

Las autoridades electorales estiman que el 6 % del electorado de noviembre será de origen extranjero, en su mayoría venezolanos, muchos de los cuales llegaron bajo la política de visa de puertas abiertas del expresidente Sebastián Piñera.

Este giro demográfico ya está modificando las estrategias de campaña.

“Los migrantes venezolanos se inclinan abrumadoramente por la derecha”, dice Salazar. “Huyeron de regímenes de izquierda. Eso ahora perjudica a la coalición de izquierda en el poder en Chile”.

Las encuestas confirman la tendencia. Según un reciente sondeo de Citizen Panel-UDD, el candidato de ultraderecha José Antonio Kast lidera entre los votantes extranjeros con un 28 %, seguido por la conservadora tradicional Evelyn Matthei con un 19 %. La candidata de izquierda, Jeannette Jara, tiene el menor apoyo entre los migrantes, con un 43 % afirmando que nunca votarían por ella.

El analista político Axel Callís lo califica como “un terremoto electoral a plena vista”. En declaraciones a EFE, advirtió: “En ningún otro país los extranjeros pueden influir en una elección nacional de esta manera. No es solo inusual—es una anomalía institucional”.

EFE@Elvis González

En el Congreso, confusión y fuego cruzado

Con el reloj avanzando, el Congreso chileno está dividido y en crisis.

En marzo, el gobierno del presidente Gabriel Boric propuso una revisión moderada: mantener el derecho a voto, pero limitarlo a elecciones municipales. Esa propuesta fracasó. Ahora, el gobierno intenta una solución indirecta: eximir de multas a los migrantes que no voten en las presidenciales. Los críticos lo ven como un intento sutil de reducir la participación sin prohibir explícitamente el voto.

Por otro lado, legisladores conservadores han presentado proyectos para endurecer los requisitos, incluyendo la exigencia de residencia permanente o diez años continuos en el país.

Los legisladores progresistas califican estos cambios como discriminatorios. “Estamos hablando de personas que trabajan, pagan impuestos, mandan a sus hijos a la escuela”, dijo un diputado. “No puedes integrarlos a la sociedad y luego excluirlos de su función más básica”.

Las tensiones en la Cámara han alcanzado el punto de ebullición. Dos sesiones fueron abruptamente suspendidas la semana pasada en medio de acusaciones de “electorados importados” y “sabotaje democrático”.

“Esto no se trata de identidad nacional”, afirmó María Asunción Poblete, socióloga política del Instituto de Estudios de la Sociedad, en entrevista con EFE. “Se trata de matemáticas. Ambos bandos están desesperados porque saben que los votos migrantes podrían definir esta elección”.

El debate entre inclusión y legitimidad

Más allá de partidos y reformas está una pregunta más profunda: ¿quién tiene derecho a decidir el futuro de una nación?

Los partidarios de la reforma argumentan que el derecho a voto debería estar ligado a la ciudadanía, no a la residencia. Otros dicen que el sistema actual, aunque raro a nivel global, refleja la histórica preferencia de Chile por la integración antes que la exclusión.

A nivel mundial, la tendencia es hacia un sufragio limitado para no ciudadanos, generalmente solo en elecciones locales o regionales. Países como México y Costa Rica restringen el voto estrictamente a sus nacionales. Pero Chile es diferente. Siempre lo ha sido.

Esa diferencia ha generado expectativas, especialmente entre migrantes que han vivido, trabajado y pagado impuestos en Chile durante años. “Revocar sus derechos ahora”, dice Poblete, “se sentiría como una traición”.

Y podrían haber consecuencias. Expertos legales advierten que cambios abruptos—especialmente si se hacen a pocos meses de una elección nacional—podrían desatar impugnaciones constitucionales o incluso protestas callejeras, particularmente en zonas con alta concentración migrante, como Estación Central en Santiago.

En un local que vende tarjetas de prepago, José Ramírez, un dependiente venezolano, dice que ya eligió a su candidato: Kast. Pero está nervioso. “Si cambian las reglas ahora”, afirma, “demuestra que nunca fuimos realmente bienvenidos”.

Las urnas se abrirán con o sin reforma. Si nada cambia, casi un millón de residentes extranjeros estarán habilitados para votar, alterando la aritmética política de una elección profundamente polarizada. Si se aprueban nuevas reglas, el rostro de la democracia chilena podría cambiar de la noche a la mañana.

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Lo que comenzó como una cláusula silenciosa de la era Pinochet se ha convertido en la variable más impredecible de estas elecciones—un recordatorio de que la democracia no es estática. Cambia con cada recién llegado, cada frontera cruzada, y cada legislador atrapado entre el principio y la supervivencia política.