Estos derechos hacen parte de un amplio abanico importante para garantizar el desarrollo integral de las personas

Los derechos sexuales corresponden al derecho humano que tiene cada hombre y mujer respecto al control de su sexualidad, salud sexual y reproductiva y a decir libremente, sin coerción, discriminación o violencia, admitiendo que la base es el respecto, la integridad de la persona, y el consentimiento mutuo. Por otro lado, los derechos reproductivos son aquellos que comprometen decisiones sobre la reproducción; incluye la decisión libre y responsable sobre el número de hijos que las parejas y personas quieren tener, y a ser informados, educados y dispuestos de medios necesarios para ello.

Hablar sobre derechos sexuales y reproductivos en América Latina implica tratar el tema de género; la negación de lo femenino y lo masculino, encasilladas en concepciones construidas y compartidas socialmente restringe el desarrollo social y determina aspectos de personalidad. Así, todas las formas de violencia refuerzan sistemas de patrones reproducidos en prácticas culturales y materializan la negación de un patrón de identidad diferente.

La tradición cultural latinoamericana considera que lo referente al desarrollo sexual de una persona se encuentra en un ámbito privado de la vida cotidiana, incluye favores sexuales basados en la dominación del fuerte sobre el débil, llegando al punto de silenciar el abuso sexual a la pareja, e incluso a niños, niñas y adolescentes. Según el estudio de Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer, realizado en el 2008 por la ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo son violentadas física o sexualmente, y según datos de UNICEF otorgados el 17 de octubre de 2017  por la directora regional María Cristina Perceval, en América Latina y el Caribe, más de un millón de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. Además, una de cada cuatro ha contraído matrimonio antes de cumplir 18 años, y la región es la tercera en el mundo con mayor tasa de embarazos no planeados en adolescentes.

El informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “actitudes como la indiferencia, el maltrato y la discriminación por parte de funcionarios del sector salud, perjudican a las mujeres y niñas víctimas de violencia y/o abusos sexuales, así como la falta de servicios apropiados de salud reproductiva para abordar estas situaciones de violencia, constituyen barreras en el acceso a los servicios de salud”.

La falta de acceso a salud, para proteger y prevenir enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, ha contribuido al atraso en temas de desarrollo de derechos indispensables para todo ser humano. Según UNFPA, en junio de 2017 sobre el tema de planificación familiar como clave para el desarrollo sostenible, en América Latina y el Caribe, “el 65% de las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) desean evitar un embarazo. 24 millones de mujeres tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos y 18 millones no utilizan ningún método. Se estima que el 66% de los embarazos no intencionales provienen de mujeres con necesidades insatisfechas de anticoncepción”. De 57 mil mujeres que no usaron anticonceptivos en América Latina se produjeron 23 mil embarazos no intencionales, 26 mil abortos, 7 mil perdidas de madres y 223 muertes fetales.

Esta falta de utilización de métodos anticonceptivos genera la posibilidad de sufrir alguna enfermedad de trasmisión sexual. La mortalidad para el grupo de personas que se encuentran entre 15 y 24 años según la OEA, en el informe sobre temática de la juventud publicado en su página web, principalmente se debe a causas externas como: accidentes, homicidios, suicidios y otras, seguidas por enfermedades trasmisibles, incluyendo el VIH/Sida, las no trasmisibles y las complicaciones del embarazo y parto. En la región las infecciones de trasmisión sexual afectan a 1 de 20 adolescentes cada año. Las enfermedades más frecuentes son clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas.

Si se mira el contexto de América Latina en cuanto el derecho a decidir libremente el panorama de países que prohíben totalmente el aborto son: El Salvador, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y República Dominicana.  Los países donde no existe ninguna restricción son: Uruguay, Cuba, Guyana, y Puerto Rico. México permite esta práctica de forma libre solo en la capital del país.

Así, para la organización Guttmacher Institute, en el informe del 2015 Aborto en América Latina y el Caribe, “menos del 3% de las mujeres de la región viven en países donde el aborto es legal en términos amplios, es decir, se permite ya sea por todas las causales de salud de la mujer más por las razones socioeconómicas, y sin restricciones en cuanto a las razones”. Según estimaciones de 2014 “al menos del 10% del total de muertes maternas (es decir, 900 muertes) en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros… y cerca de 780.000 mujeres en la región son tratadas anualmente por complicaciones derivadas del aborto inseguro”.

Además de lo anterior, la discriminación por la orientación sexual y por la forma de unión de la pareja es normalizada y naturalizada en la región; la limitación de ejercer el derecho a decidir sobre el cuerpo y la reproducción personal excluye a parejas que no son heterosexuales, por tanto la discriminación  por su orientación, situación marital, preferencias sexuales, edad, etnia, por discapacidades, etc.,  neutraliza el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos, convirtiéndose en un claro ejemplo de violación de derechos humanos.

Latin American Post | Laura María Díaz Salas

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