América Latina enfrenta mortales ataques a embarcaciones en medio de una crisis de rendición de cuentas

Una campaña poco conocida de ataques estadounidenses a embarcaciones ha dejado familias en duelo, víctimas sin nombre y preguntas legales sin resolver en toda América Latina. Defensores de derechos esperan que una audiencia interamericana revele cómo las operaciones antidrogas han escalado hacia una realidad mucho más oscura.

Los muertos siguen sin nombre

El principal escándalo no es solo que personas hayan sido asesinadas, sino que sus muertes fueron rápidamente silenciadas.

En septiembre, Estados Unidos comenzó a lanzar decenas de ataques militares mortales contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental. Casi medio año después, se sabe muy poco públicamente sobre las casi 157 personas reportadas como fallecidas. Sus identidades no han sido reveladas. Las pruebas en su contra no se han hecho públicas. En el marco oficial, aparecen mayormente como cifras, objetivos y sospechas. En términos humanos, son padres, trabajadores, pescadores, viajeros, hombres cuyos nombres aún no les han sido formalmente restituidos.

Esta ausencia es significativa. En América Latina, se entiende bien que cuando un Estado, o un Estado externo poderoso, reduce a los fallecidos al anonimato, reabre una herida histórica. Cuando los nombres desaparecen, también lo hacen las historias, permitiendo a las autoridades etiquetar los cuerpos como traficantes, terroristas, combatientes o amenazas. Los fallecidos no pueden impugnar esas caracterizaciones.

Este contexto resalta por qué la próxima audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante. Para defensores de derechos y expertos legales, es más que una reunión de rutina; es el primer intento significativo de investigar una campaña llevada a cabo en secreto desde el 2 de septiembre. Steven Watt, del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que el objetivo es iniciar una investigación de hechos, determinar si existe un conflicto armado y exigir a la administración Trump que explique sus fundamentos legales para los ataques. “No creemos que existan,” afirmó.

Esa franqueza es reveladora. Sugiere que el debate ha superado la mera discrepancia política y ha entrado en algo más elemental. La pregunta es si un Estado puede reclamar poderes de guerra sobre rutas sospechosas de narcotráfico sin probar quiénes estaban en esas embarcaciones, qué habían hecho o por qué la muerte era la respuesta legal.

Varias familias ya han comenzado a llenar el vacío dejado por Estados Unidos. Familiares han identificado a algunos de los fallecidos como seres queridos. Chad Joseph y Rishi Samaroo, según sus familias, navegaban de regreso a Trinidad y Tobago cuando fueron asesinados. Una denuncia contra Estados Unidos sostiene que ambos hombres viajaban frecuentemente entre las islas y Venezuela, donde uno trabajaba como agricultor y pescador, y el otro laboraba en una finca. La familia de Alejandro Carranza también ha dicho que fue asesinado cuando el ejército estadounidense atacó su bote pesquero frente a la costa de Colombia. No son fragmentos sin rostro de inteligencia. Son personas que emergen lentamente de la niebla de poder que los rodeaba.

Cuando la guerra contra las drogas se convierte en una guerra sin juicio

La administración Trump ha caracterizado los ataques como parte de una campaña militar más amplia contra los llamados narco-terroristas. En contraste, organizaciones de derechos humanos describen estas acciones como ejecuciones extrajudiciales. Este desacuerdo es de fondo, y refleja diferencias fundamentales respecto a los esfuerzos de Estados Unidos por normalizar tales prácticas en América Latina. La administración ha retratado cada vez más el narcotráfico latinoamericano como una amenaza existencial, adoptando la terminología de la guerra global contra el terrorismo y aplicándola a cárteles y redes de tráfico. Stephen Miller afirmó que no existe una “solución de justicia penal” para los cárteles de la droga y que Estados Unidos empleará “poder duro, poder militar, fuerza letal” en todo el hemisferio occidental si es necesario. Esta declaración es extraordinaria, tanto por su alcance como por su implicancia, sugiriendo que la mera sospecha criminal podría ahora justificar la acción militar lejos del territorio estadounidense.

Expertos legales que hablaron ante la comisión han desafiado enérgicamente los argumentos de la administración. Angelo Guisado, del Centro de Derechos Constitucionales, argumentó que la administración no ha presentado suficiente evidencia para demostrar que las embarcaciones atacadas formaban parte de un intento planificado de amenazar a Estados Unidos. Agregó que la mayoría de las embarcaciones reportadas transportaban cocaína, no fentanilo, que es la causa principal de las sobredosis en Estados Unidos. Sugirió que el uso del lenguaje de seguridad nacional puede ser una distracción, ya que las afirmaciones de seguridad nacional pueden reducir el escrutinio público y llevar a excepciones a las leyes normales.

Ese es precisamente el peligro regional aquí. América Latina ha vivido demasiados periodos en los que el lenguaje de seguridad se convirtió en un atajo para evadir la ley. Una vez que esa puerta se abre, las categorías se desdibujan rápidamente. Los pescadores se convierten en sospechosos. Los sospechosos se transforman en enemigos. Los enemigos pasan a ser personas que pueden ser asesinadas sin juicio, sin pruebas públicas y sin siquiera una identidad confirmada después.

Watt pide a la comisión que haga una distinción clara entre delitos relacionados con drogas y actos de conflicto armado. También argumenta que, incluso si existiera un conflicto armado —lo cual él niega—, las acciones descritas seguirían violando las leyes de la guerra. Esta es una acusación grave, porque la justificación de la administración parece estirar los límites de lo que cuenta como amenaza, autoridad militar y lo que permite la ley.

Una audiencia contra el olvido

La Comisión Interamericana no puede por sí sola deshacer los asesinatos. No puede garantizar justicia. Estados Unidos a menudo ha ignorado el escrutinio internacional, no es parte de la Corte Penal Internacional y no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esos hechos pesan sobre la audiencia como una advertencia.

Sin embargo, la importancia de la comisión va más allá de los resultados inmediatos. Con sede en Ciudad de Guatemala, tiene un mandato regional y funciona como depósito de la memoria moral. Ha investigado desapariciones, masacres, detenciones y abusos antes ocultos por la negación oficial. Sus investigaciones han incluido Guantánamo, Iguala y la Masacre de Trujillo. Recientemente, la Corte Interamericana ordenó a Perú pagar reparaciones por esterilizaciones forzadas. Aunque estas instituciones operan lentamente, mantienen registros que, en las Américas, suelen constituir la primera forma de resistencia contra el olvido.

Esto subraya la importancia de la audiencia, incluso si solo logra una transparencia parcial. La familia Carranza ha presentado una denuncia ante la comisión, mientras que las familias de Joseph y Samaroo han iniciado acciones legales en Massachusetts. Aunque los procesos legales están en marcha, todos parten del mismo vacío fundamental: Estados Unidos reconoce el número de víctimas, pero otros siguen buscando las identidades de los afectados.

Watt afirmó que la comisión está en una posición única para identificar a estas personas. “Solo conocemos las cifras de Estados Unidos. No sabemos los nombres ni los antecedentes de estas personas.” Esta declaración puede ser el aspecto más inquietante de todo el asunto. Una superpotencia ha realizado 45 ataques reportados, rescatado solo a dos sobrevivientes y aún no ha revelado públicamente las identidades de los fallecidos.

América Latina ha escuchado antes grandes promesas sobre orden, seguridad y salvación desde el norte. Sabe cuán rápido esas promesas pueden convertirse en desaparición con otro nombre. La audiencia del viernes es solo un primer paso. Pero los primeros pasos importan, especialmente cuando los muertos aún esperan ser llamados de vuelta de la categoría de objetivo a la más antigua y difícil categoría de persona.

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