AMÉRICAS

Chile endurece sus políticas fronterizas mientras crece la preocupación por los migrantes

Durante seis meses, las autoridades chilenas han cerrado instalaciones cruciales cerca de la frontera con Bolivia, dificultando la ayuda para los migrantes irregulares. Al mismo tiempo, nuevos protocolos permiten el “rechazo en frontera” (refoulement) hacia Bolivia. Los defensores de los derechos humanos temen que estas medidas pongan en peligro a familias vulnerables en lugar de garantizar el orden.

Una política renovada en la frontera norte

En las polvorientas tierras altas de Colchane —a unos 2.000 kilómetros al norte de Santiago— Chile ha reducido drásticamente la capacidad de albergar migrantes que buscan comenzar de nuevo. Según entrevistas realizadas por EFE a funcionarios locales y refugiados, el gobierno desmanteló desde septiembre dos Dispositivos Transitorios (DT), eliminando efectivamente servicios que antes ofrecían primeros auxilios, alimentos y refugio temporal a quienes cruzaban por pasos remotos del desierto.

Delegados regionales atribuyen los cierres a “una caída sostenida en los ingresos” y a un nuevo acuerdo bilateral con Bolivia que faculta a las patrullas fronterizas chilenas a “reducir”, o devolver, a personas sorprendidas ingresando por rutas no oficiales. Estos cambios muestran que el presidente Gabriel Boric busca un mayor control migratorio, algo sorpresivo considerando que su postura inicial parecía más abierta. Ivonne Donoso, delegada presidencial para Tarapacá, señaló que ahora se utiliza un enfoque “más enfocado y ágil”, y que no quieren que las personas dependan de esas instalaciones por mucho tiempo.

Sin embargo, los críticos ven una crisis urgente en desarrollo. Migrantes como Roberto, un venezolano de 25 años, relató a EFE una peligrosa travesía por los humedales del altiplano a medianoche, con temperaturas cercanas a cero y sin agua. “Fuimos engañados por coyotes, cruzamos estanques putrefactos en plena oscuridad”, dijo. “No se lo recomiendo a nadie, menos si se viaja con niños”. Ahora espera en el recién designado Centro Migratorio Irregular (CMI), el reemplazo reducido de los refugios clausurados.

Familias en riesgo enfrentan apoyos cambiantes

Como resultado de esta reforma, las familias que antes podían recurrir a ayuda de emergencia ahora encuentran menos opciones. Indiana García, otra migrante venezolana, contó a EFE que llegó a pie junto a su esposo y su bebé: “Cargábamos mochilas pesadas, al niño de un lado, respirando apenas en el aire frío de altura”. Se siente aliviada por haber encontrado algún refugio, pero se lamenta de que “la red de protección anterior ya no existe”, obligando a los recién llegados más vulnerables a buscar ayuda en condiciones más precarias.

Muchas organizaciones locales consideran los cierres como un “retroceso”. Advierten que los cambios solo empujarán los flujos migratorios a la clandestinidad, aumentando el riesgo de explotación por parte de coyotes o traficantes. “Sin puntos de recepción seguros”, dijo Karina Fauste, directora de la Fundación Madre Josefa en Tarapacá, “las familias podrían tomar rutas más mortales, o enfrentar trata, acoso y violencia”. Explicó que anteriormente los DT ofrecían refugio temporal, chequeos médicos básicos y orientación legal, algo vital para quienes cruzan en noches casi congeladas del desierto.

Mientras tanto, las autoridades fiscales advierten que la frontera es tan vasta y montañosa que sigue siendo “porosa”, a pesar del despliegue de nuevas patrullas. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó a EFE que “el clima por sí solo puede matarlos. Pero si estás desesperado, igual lo intentarás”. Califica la zona como “vulnerable”, lo que implica que necesita infraestructura humanitaria y de seguridad constante, en lugar de retrocesos abruptos.

EFE/ Javier Martín

Resultados inciertos y llamados al equilibrio

Ante la reducción de alojamientos oficiales, los migrantes se congregan ahora en el recientemente formado CMI de Colchane. El ambiente allí se siente más “como una sala de espera que como ayuda real”, según el defensor de derechos humanos Anuar Quesille. “El sistema de 2021 se trataba de humanidad y alivio integral. Ahora se ha reducido, poniendo vidas en riesgo”. Incluso funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han expresado preocupación de que las nuevas medidas generen un ciclo sin fin: los devueltos a Bolivia podrían simplemente intentar reingresar una y otra vez, de formas más peligrosas.

El gobierno chileno insiste en que debe proteger la seguridad nacional, repitiendo las declaraciones del canciller, quien califica el colapso haitiano y el éxodo venezolano como una “amenaza directa”. Datos oficiales muestran que la migración irregular se disparó de 10.000 en 2018 a casi 338.000 el año pasado —un aumento de cinco veces. Ahora, las autoridades creen que una disuasión “robusta” puede frenar los ingresos, señalando una inversión adicional de 16 millones de dólares en cercas, vigilancia aérea y coordinación logística con sus homólogos bolivianos.

Sin embargo, muchos se preguntan si reforzar la frontera, cerrar albergues y aumentar las deportaciones realmente resuelve los problemas de fondo. La profunda crisis económica y política en Venezuela, por ejemplo, sigue empujando a las masas al exterior. Mientras tanto, los extremos climáticos y la violencia de pandillas en otros países latinoamericanos también impulsan el movimiento hacia el norte. Roberto, sentado fuera de una instalación medio vacía, no sabe cuál será su siguiente paso. “Supongo que me pueden devolver. Pero llegamos hasta aquí; lo arriesgué todo por mi familia”.

Expertos piden una política equilibrada que reconozca tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de los migrantes. La organización de Fauste ya invierte en “soluciones puente urgentes”, como albergues temporales y asesoría. “Incluso si desaparecen los refugios oficiales, es inmoral simplemente dejarlos a la deriva. No podemos cerrar los ojos”, dijo a EFE. Expresa su deseo de que el Estado reconsidere un paso humanitario u otro plan, con la intención de brindar seguridad inmediata y aplicar la ley migratoria de forma responsable.

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Con el atardecer en las tierras altas, sigue llegando gente, aunque en menor número. Soldados están de guardia. Observan el horizonte. En medio de estos cambios, una pregunta resuena: ¿reducirá el nuevo enfoque de Chile el caos o provocará un aumento de cruces clandestinos más peligrosos? Ya, día tras día, las familias se aferran a esperanzas efímeras, y las comunidades locales se preparan para lo que pueda traer el mañana. “Vemos el efecto a corto plazo: menos gente a la intemperie”, dijo un cuidador de una ONG local. “Pero el costo para quienes deben esconderse en el frío es incalculable”.

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