Ciudad de México aprueba su primera constitución y estrena nuevos poderes

El Distrito Federal ya no existe. Con la promulgación de su primera constitución este domingo 5 de febrero, en el 100 aniversario de la carta magna mexicana, la capital se convierte oficialmente en Ciudad de México y en la entidad federativa 32 del país, con una nueva estructura política y derechos fundacionales como el matrimonio igualitario o el uso de la marihuana para fines médicos.

Ese cambio, además, se da con un documento que buscó encapsular “las aspiraciones de la ciudadanía” como nunca antes, dijo Katia D’Artigues, integrante de la asamblea constituyente que culminó el 31 de enero con la firma del documento.

Desde que inició el proceso para redactar el proyecto de Constitución Política de Ciudad de México, que comenzó a ser discutido por la asamblea el 15 de septiembre de 2016, los mexicanos fueron invitados a participar y hacer propuestas. Hubo un sondeo oficial sobre los temas más relevantes que debían discutirse, y las autoridades incluso entablaron una alianza con change.org: los ciudadanos podían presentar peticiones a través de esta plataforma, y los redactores del proyecto y hasta el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometían a responder personalmente a las propuestas que más firmas tuvieran.

“Se generó una dinámica de empoderamiento ciudadano”, dijo Aurélien Guilabert, asesor externo para la asamblea constituyente y fundador de Espacio Progresista, una de las organizaciones de la sociedad civil que impulsó la inclusión de diversas voces mexicanas.

A comienzos de 2016, se formaron colectivos universitarios para impulsar diferentes temáticas para la discusión en la asamblea, como el acceso a derechos digitales —la constitución promete internet gratuito en todos los espacios públicos de Ciudad de México— o la inclusión del libre desarrollo de la personalidad (incorporado en el artículo 11, que prevé el derecho a la autodeterminación en cuestiones como identidad de género o derechos sexuales). Para la redacción de la constitución llegaron casi mil propuestas ciudadanas.

“Podría antojarse como que iba a haber poca participación si lo abríamos al público. Finalmente fue lo contrario; me pareció abrumador en un sentido positivo”, dijo el diputado Carlos Gelista, secretario de la comisión de la carta de derechos. “Hubo quien hizo trabajos completos de su propia constitución”.

E incluso cuando había ciertos límites para la participación ciudadana, como no poder “entrar físicamente a la asamblea”, reconoció Guilabert, los interesados hallaron la forma de hacerse oír: “A través de WhatsApp”, dijo, se mandaban mensajes a los diputados constituyentes y sus asesores para cabildear.

Es un cambio radical para una ciudad que, hasta hace una década, no podía elegir quién la gobernaba: hasta 1997, el presidente mexicano designaba a un regente, que era considerado parte del gabinete federal. La figura se convirtió en un jefe de gobierno electo a partir de una reforma. Y ahora, cuando la constitución entre en vigor en septiembre de 2018, habrá un gobernador. Los 16 distritos, llamados delegaciones, pasarán a ser un número todavía indeterminado de “demarcaciones” con alcaldías y cabildos propios, y la asamblea legislativa ahora será un congreso.

Las nuevas autoridades serán elegidas a mediados del próximo año. Para entonces, la constitución deberá haber atendido “muchos retos”, dijo D’Artigues. Varios artículos votados por los constituyentes en jornadas interminables —una de las últimas sesiones de votación duró 137 horas, la más larga en la historia de México— podrían enfrentar apelaciones por parte de las autoridades federales si se consideran incompatibles con el resto del país. Esta constitución, por ejemplo, incluye un sistema de revocación de mandato, algo inédito en México, lo que podría hacer que algunos políticos intenten derogar algunos artículos, señala Juan Manuel Mecinas, profesor e investigador en derecho constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Mecinas cree que, con la creación de un congreso propio para Ciudad de México, también podría “aumentar la burocracia”. Un lastre poco deseable en una ciudad donde un grupo de activistas acaba de inaugurar un “Corruptour“: un bus que recorre —entre otros lugares— una estación de la línea 12 del metro, cuya construcción estuvo rodeada de denuncias de licitaciones presuntamente amañadas.

Hay otras medidas que han despertado polémica por parte de constitucionalistas, entre ellas el hecho de que nuevos órganos, como un instituto de planeación, tendrían obligatoriamente que consultar a consejos ciudadanos para la toma de decisiones. Para el constitucionalista mexicano Eduardo Castellanos, esos consejos “constituyen una abdicación de las responsabilidades de los representantes populares al colocar sus facultades esenciales en manos de ciudadanos sin una responsabilidad política, mucho menos legal”. Castellanos cree que esos mecanismos de participación ciudadana “van a generar ingobernabilidad”.

Buenos Aires ya pasó por un proceso similar y continúa teniendo algunos problemas por ser, como Ciudad de México, sede de autoridades tanto locales como federales. “Esa doble condición es difícil de resolver y ha traído conflictos interjurisdiccionales” porque “conviven dos jefes”, señaló Pablo Riberi, constitucionalista de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Pese a las críticas, los impulsores del proyecto mexicano esperan que pueda servir como ejemplo a seguir. Está previsto que derechos como el acceso al agua potable sean exigibles, lo que significa que los habitantes de la ciudad podrán acudir ante instancias judiciales para demandar acciones específicas de las autoridades. Eso es algo que “puede replicarse, si sale bien, y ser una fuente de cambio de la relación entre ciudadanos y autoridades”, dijo el diputado Carlos Gelista.

Hay expectativa incluso de que la constitución de Ciudad de México sirva como parangón en otras partes del mundo. “Espero que la constitución sea un faro para muchas otras ciudades, sobre todo el tema del derecho a la ciudad”, dijo Guilabert. Para Juan Camilo Herrera, profesor de derecho constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, podría serlo en aquellos lugares que se convirtieron en ciudades-Estado: “La inserción de una carta política propia es necesaria para las urbes de este siglo”.

Aunque queda por verse cómo se aplica el texto mexicano. “No es magia, ‘abracadabra’ y cambias el mundo”, reconoció D’Artigues, “pero ya hay constitución”.