Cómo una Corte Chilena Usó Recibos de Uber para Condenar a Líderes del Tren de Aragua: Redefiniendo la Guerra contra el Crimen
Dentro de la ciudad desértica de Arica, en Chile, los investigadores desmantelaron un sindicato criminal venezolano no con balas ni redadas masivas, sino con hojas de cálculo, convirtiendo un rastro de papel en una acusación que está cambiando la forma en que América Latina piensa sobre las pandillas, la migración y la justicia misma.
La Hoja de Cálculo que Sacudió un Imperio Criminal
Como informó Associated Press, cuando la policía chilena allanó casas de seguridad en el barrio Cerro Chuño de Arica en 2022, no solo buscaban armas o drogas. Lo que encontraron, junto a pistolas paralizantes y trapos ensangrentados, fue algo casi banal: libros de contabilidad escritos a mano. Pero no eran simples listas de tareas: eran registros precisos de un negocio violento. Cada carrera de Uber, cada turno de vigilancia alimentado con cafeína, cada botella de limpiador químico para las salas de tortura—todo estaba detallado, con fechas y horas, escrito con tinta azul.
“No eran solo recibos,” explicó el fiscal Bruno Hernández a AP. “Eran la columna vertebral de toda la operación.”
Los números contaban una historia—oscura, organizada y altamente rentable. A los sicarios se les pagaba $1.000 por asesinato. Los jefes regionales ganaban $1.200 mensuales. Los mensajeros recibían bonos en las fiestas. Para Hernández y su equipo, los registros hicieron algo que las fuerzas del orden en todo el continente habían luchado por lograr: probar la estructura. Esto no era una pandilla desorganizada. Era una empresa multinacional—el Tren de Aragua—con la célula chilena, conocida como Los Gallegos, operando como una franquicia.
“Teníamos que probar no solo los asesinatos, sino una jerarquía,” dijo la asistente legal Esperanza Amor a la AP.
Y con esos libros en mano, lo lograron. Lo que vino después cambiaría la forma de enjuiciar el crimen organizado en América Latina.
La Estrategia de Chile: Libros Contables, No Deportaciones
Mientras otros gobiernos optaban por la fuerza bruta o titulares de deportación, Chile tomó una ruta más silenciosa y profunda—basada en rastreo financiero, forense digital y contabilidad tradicional.
Fue un contraste marcado con el enfoque estadounidense, donde la administración del expresidente Donald Trump a menudo etiquetaba a los sospechosos como pandilleros y los deportaba en masa. El exagente del FBI, Daniel Brunner, comentó: “Cuando EE.UU. captura a tipos en la calle, están quitando solo la punta del iceberg. Lo que hizo Chile fue seguir el iceberg hasta sus raíces.”
Al construir un caso de crimen organizado que no dependía solo de confesiones o manchas de sangre—sino de salarios, títulos laborales y mensajes de WhatsApp decodificados con emojis—los fiscales chilenos lograron 34 condenas en marzo. Otros 12 líderes fueron sentenciados en julio a un total combinado de 300 años de prisión.
Los efectos fueron inmediatos. La tasa de homicidios en Arica, que había aumentado más del 200% entre 2019 y 2022, se redujo casi a la mitad tras el encarcelamiento de los sospechosos. El fiscal Mario Carrera, de pie en medio de las casas de concreto de colores pasteles de Cerro Chuño, dijo: “Marcó un hito. Detuvimos algo antes de que pudiera metastatizarse.”
Cómo el Tren de Aragua Construyó su Imperio en el Desierto
El Tren de Aragua no ingresó a Chile con armas en alto—se deslizó con el flujo migratorio.
En 2021, cuando las restricciones por la pandemia llevaron a miles de venezolanos desesperados por rutas de contrabandistas a través del Desierto de Atacama, la banda vio una oportunidad. Su líder, Héctor “Niño” Guerrero, envió lugartenientes para tomar el control de esas rutas utilizadas por coyotes y traficantes de personas. “Desde su perspectiva, era territorio virgen,” dijo la periodista de crimen Ronna Rísquez a AP.
La pandilla se apoderó de Cerro Chuño, un antiguo vertedero de desechos tóxicos convertido en barrio marginal, y comenzó a cobrar cuotas de protección tanto a migrantes como a comerciantes. En departamentos abandonados, construyeron celdas de tortura improvisadas. Las víctimas eran electrocutadas, filmadas, o peor—enterradas vivas en cemento o metidas en maletas abandonadas en callejones.
La residente de Arica, Saida Huanca, describió un temor diario: “Vivimos con miedo de ellos,” dijo. La gente dejó de salir de noche.
Para armar el rompecabezas, el equipo de Hernández analizó miles de mensajes interceptados por WhatsApp. Los miembros del grupo usaban un sistema codificado: emojis de nube indicaban redadas policiales, piñas marcaban casas seguras, huesos señalaban deudas y serpientes, traición. Imágenes de drones y datos GPS de celulares confirmaron reuniones y movimientos. Para cuando comenzó el juicio, los abogados defensores tenían poco que refutar.
El caso era irrefutable.
Efectos Regionales—y la Lucha que Sigue
Las victorias judiciales de Chile llegan justo cuando América Latina debate cuán lejos debe ir para aplastar redes criminales que ignoran fronteras. Algunos elogian al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyas redadas masivas han encarcelado a decenas de miles. Otros lo ven como un exceso autoritario. En Chile, una ola similar de miedo ha impulsado la candidatura de derecha de José Antonio Kast, quien promete muros fronterizos y mano dura al estilo Bukele.
Pero los expertos en seguridad advierten que los arrestos masivos por sí solos no pueden desmantelar redes criminales que operan como corporaciones. “Se necesita enjuiciamiento, inteligencia financiera y cooperación regional,” dijo el consultor Pablo Zeballos. Incluso el exministro del Interior de Perú, Rubén Vargas, calificó el modelo chileno como “una plantilla democrática” para desarticular el crimen organizado sin violar libertades civiles.
Aun así, la batalla no ha terminado. El Tren de Aragua puede estar fracturado, pero no extinto. Las autoridades sospechan que la banda sigue operando desde las cárceles chilenas. Las llamadas de extorsión aún se realizan desde teléfonos celulares ingresados de contrabando. Hernández no se detiene: “El crimen organizado siempre se adapta,” dijo. “Ahora los seguimos detrás de las rejas.”
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Los expedientes judiciales pueden haberse cerrado, pero el rastro de papel no ha terminado. En algún lugar, en una hoja de cálculo o un grupo de chat, se está trazando un nuevo plan. Para los fiscales chilenos, la tarea ahora es encontrarlo—antes de que se propague.
