La migración de venezolanos a territorio colombiano corresponde a la mayor presentada en los últimos 20 años de la “Revolución Chavista”

La fuerte problemática desencadenada por el cierre fronterizo presentado desde agosto del 2015 dentro del territorio colombiano, principalmente en zonas críticas como Cúcuta y la Guajira, afecta la región nortesantandereana y la convierte en el departamento con mayor movilización de habitantes al poseer tres pasos activos legales.

Las incidencias económicas, políticas y sociales demuestran la existencia de una crisis en la frontera cucuteña, agudizada por el incremento del desempleo, siendo éste el mayor de Colombia. Así como preocupación en cuanto a seguridad, calidad de vida e incluso problemas sanitarios al poseer alrededor de 25 mil casos de infectados con SIDA, de los cuales y de acuerdo a entidades de salud de Norte de Santander, el 80% no evita su propagación por desconocimiento de ser portador del virus.

La no promoción de industria y la inversión nacional y  extranjera convierte a la ciudad en una zona netamente comercial descuidando potenciales empresariales e incluso turísticos y ahondando en el vertiginoso descenso de la economía.

Antes del 2008, la frontera cucuteña era considerada el mayor puerto seco del país. Sin embargo, desde 2009, Venezuela perdió participación en las exportaciones; en palabras de Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, “Es posible que este año estén en los niveles mínimos. En el primer semestre se llevaron a cabo operaciones por US$600 millones. Esto hace pensar que este año vamos a estar por los US$1.300 millones o US$1.400 millones”, lo anterior en el contextualizado por decisiones adoptadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,  con relación a los cierres fronterizos y las restricciones mercantiles  de las regiones en territorio venezolano, incidiendo directamente en la economía cucuteña dependiente de actividades comerciales legales e ilegales tanto en productos como servicios de venezolanos.

El desafío es aún mayor para los gobiernos regionales y locales de Norte de Santander y Cúcuta, respectivamente, al adicionarse el factor social, entendido como la creciente migración de venezolanos e incluso colombianos residentes en ese territorio desde hace varias décadas en búsqueda de mejores condiciones de vida, así como salvaguardar su integridad física y familiar, al no existir garantías en alimentación, salud o libertad de pensamiento dentro de Venezuela.

Migración Colombia contabiliza, en promedio, la movilización de 25.000 venezolanos a través de los siete pasos fronterizos existentes en el territorio nacional desde la Guajira hasta Guainía, siendo Cúcuta el principal corredor y receptor de estos migrantes.

Lo cual incide en la atención a los nacionales así como el desmejoramiento en la calidad de vida al evidenciarse una reducción en la calidad tanto en infraestructura, empleo, salud y seguridad. Un claro ejemplo de esto corresponde al HUEM, el cual en un periodo comprendido de agosto 2015 a julio 2016, atendió un 5300 casos de urgencias de venezolanos, con enfermedades temporales y  patologías complejas con costos superiores a los $6.000 millones de pesos, considerando un monto superior al aportado por la Gobernación de Norte de Santander y, por consiguiente, un repercusión directa a los servicios médicos de los cucuteños y demás colombianos de la región.

Pese a la creación de medidas de control y registro sobre los venezolanos en territorio colombiano, buscando la reducción de la informalidad, dichas medidas generan efectos adversos al facilitar la contratación de dichas personas en locales comerciales colombianos, impidiendo la contratación de mano de obra colombiana con relación a la venezolana, la cual resulta más barata para administradores y gerentes en los diferentes empleos de la ciudad.

La situación fronteriza es álgida y caótica, las percepciones de los habitantes son desalentadoras con respecto a años anteriores. Sin embargo, la esperanza de un progreso futuro no se pierde, sólo se exige mayor intervención del Estado colombiano, no sólo desde entidades locales sino regionales y nacionales, al incentivar la formulación e implementación de políticas económicas que fomenten la inversión industrial a través de exenciones del IVA, reducción de impuestos a los empresarios, beneficios fiscales a los inversionistas y demás medidas que acrecienten el interés en la región, no sólo por el mejoramiento en la calidad de vida de todos los habitantes, sino por la oportunidad de empleo que puede representar para los jóvenes profesionales egresados anualmente de las universidades y cuya tasa de desempleo es elevada.

Latin American Post | Keyla Jaimes

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