¿Cuál es la polémica en México por la nueva Ley de Ciencia de AMLO?

En un movimiento histórico que ha generado olas de controversia, el gobierno mexicano aprobó la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) el 29 de abril. Esta ley, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha enfrentado una fuerte oposición, especialmente de la comunidad científica y académica. ¿Pero qué significa esta ley para la ciencia, la tecnología y la innovación en México? En este artículo, analizamos las implicaciones y las controversias en torno a esta legislación.

El debate alrededor de la Ley de Ciencia: Centralización y Resistencia

Según sus críticos, la ley de HCTI consolida el poder del presidente AMLO sobre la ciencia y la tecnología en el gobierno, y fue aprobada de manera apresurada, sin seguir los procedimientos parlamentarios regulares. Sin embargo, en el Congreso de la Unión, los legisladores oficialistas argumentan que las propuestas beneficiarán a la ciencia e innovación en México.

Según el decreto aprobado, la nueva normativa busca lo siguiente:

1. Becas Universales: propone la entrega directa de becas a estudiantes de maestría y doctorado de escuelas públicas, asegurando un acceso más equitativo a la educación superior.

2. Sistema Nacional de Posgrados: obliga al nuevo Consejo a crear un Sistema Nacional de Posgrados para impulsar programas de maestrías y doctorados a nivel nacional.

3. Involucramiento Local: requiere que los gobiernos estatales y municipales diseñen e implementen programas en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, fomentando la descentralización de estas iniciativas.

4. Reformas en la Junta de Gobierno: elimina de la Junta de Gobierno al representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a dos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y a dos representantes del sector empresarial.

5. Creación del SNCP: establece el Sistema Nacional de Centros Públicos (SNCP) para promover la investigación en áreas clave para el desarrollo nacional.

Impacto de la nueva ley de AMLO en la comunidad científica y educativa

A pesar de los posibles beneficios, la norma ha despertado inquietudes en la comunidad científica y educativa en México. La legislación, según los críticos, podría tener efectos negativos duraderos en varios aspectos de la ciencia y la educación, desde la financiación de la investigación hasta los derechos de propiedad intelectual.

El recorte de la financiación para la ciencia básica es una preocupación significativa que se deriva de la ley. Personas de la academia temen que la centralización del poder en un consejo gubernamental pueda llevar a una priorización de proyectos basados más en su potencial para resolver problemas nacionales, en lugar de fomentar el conocimiento y la exploración científica. Este cambio de enfoque puede dejar de lado las investigaciones básicas y fundamentales que, aunque no tengan una aplicación directa e inmediata, son esenciales para el avance científico a largo plazo.

Otra área de preocupación es la amenaza potencial para los derechos de propiedad intelectual. La ley especifica que si un proyecto recibe financiación del gobierno, cualquier propiedad intelectual resultante será propiedad del gobierno, a menos que se acuerde lo contrario. Esto plantea cuestiones sobre el futuro de la innovación y la comercialización de la investigación, ya que el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), ahora transformado en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), podría carecer de los recursos necesarios para transformar la propiedad intelectual en productos viables.

La ley también ha generado preocupaciones sobre la incertidumbre legal para los y las trabajadoras de los Centros Públicos de Investigación y, en general, quienes investigan en México. La eliminación de representantes de la ANUIES y dos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores de la Junta de Gobierno ha avivado inquietudes sobre la representación y voz de la comunidad de investigación en decisiones claves.

Por último, las preocupaciones se extienden al ámbito de la formación de los investigadores. Sin mecanismos claros para generar nuevos centros de investigación y plazas de investigadores, y ante la posible limitación de las cátedras para estudiantes que se gradúan de los posgrados en el país, el futuro de la ciencia y la tecnología en México puede parecer incierto para muchos.

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Respuesta pública y futuras perspectivas

El sentimiento de descontento con la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ha resonado claramente en todo el país. La evidencia es la vehemente respuesta pública. Desde la aprobación de la ley, se han recogido más de 14,000 firmas en una carta de protesta, y se están organizando marchas en varias ciudades para demostrar el rechazo la legislación. Es claro que la comunidad científica, así como grupos de estudiantes y docentes, se está movilizando en gran número para expresar su desacuerdo y preocupación.

Paralelamente, la nueva legislación ya está siendo llevada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se espera que enfrente serios desafíos legales. Muchos anticipan que la ley sufrirá modificaciones como resultado de estas objeciones legales. Las primeras demandas están surgiendo debido al plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la ley para presentar acciones legales.

No obstante, la tensión existente entre la administración de AMLO y la comunidad científica no muestra señales de disiparse en el corto plazo. Con la aprobación de este decreto, se ha marcado un cambio potencialmente significativo en la forma en que la ciencia y la tecnología se practican y se financian en México. Mientras que algunas partes de los intelectuales ven puntos positivos en la ley, como el lenguaje inclusivo y la mención de la diplomacia científica, la dirección general de la legislación ha sido motivo de críticas y preocupaciones. La resolución de estos conflictos y la evolución de la ciencia en México dependerán de cómo se maneje esta situación en los próximos meses.