Dinamita Enterrada en la Selva: La Traición Explosiva a los Pueblos Indígenas de Ecuador

En lo profundo del Amazonas ecuatoriano, niños corren y juegan por el suelo del bosque, ajenos al hecho de que bajo sus pies yace más de una tonelada de explosivos olvidados. Quince años después de que un tribunal de derechos humanos ordenara su remoción, las bombas siguen enterradas, y las promesas que vinieron después se han desvanecido en la inercia política.

Una Trampa Selvática que Nunca Estalló

Quince años después de un fallo histórico en derechos humanos, 1,4 toneladas de pentolita enterrada siguen acechando las tierras de Sarayaku. El gobierno de Ecuador ofreció disculpas, dinero y borradores de leyes, pero nunca tomó acción. Para el pueblo Kichwa, la justicia se ha postergado. Los explosivos, no.

La selva parece tranquila a simple vista. Canoas talladas se deslizan en silencio por el río Bobonaza, los aullidos de los monos resuenan en el dosel, y la luz del sol baila sobre hojas más antiguas que la mayoría de las ciudades. Pero justo bajo esa postal de quietud se esconde una amenaza silenciosa: cargas de pentolita de grado militar, plantadas hace dos décadas por la Compañía General de Combustibles durante una campaña encubierta de exploración petrolera.

La empresa ya no está. El peligro sí.

Según investigadores de la Universidad San Francisco de Quito, la pentolita aún conserva alrededor del 60% de su poder explosivo—más que suficiente para detonar si la corrosión debilita las cápsulas. Una chispa accidental podría desgarrar el frágil suelo de terra firme, dañar la biodiversidad o, peor aún, herir a quienes viven y juegan sin saber lo que hay debajo.

“Esto no es solo una demora técnica”, dijo Patricia Gualinga, histórica lideresa de Sarayaku, bajo el techo de palma de la maloca comunitaria. “Es un fracaso moral.”

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que el gobierno de Ecuador había violado los derechos a la vida, cultura y territorio de Sarayaku al permitir la colocación de explosivos sin consentimiento. Ordenó su remoción inmediata y exigió una ley vinculante que garantizara la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas.

Doce años después, las audiencias en San José, Costa Rica, se han vuelto un ritual doloroso. Los abogados del gobierno mencionan “desafíos técnicos”. Los jueces escuchan. Los ancianos regresan a casa con más papeles—y sin avances.

Disculpas Dadas, pero las Bombas Siguen Enterradas

Cuando la corte falló a favor de Sarayaku, los titulares desde la Harvard Law Review hasta la Universidad de los Andes celebraron el caso como un hito en la soberanía indígena. La constitución de 2008 de Ecuador, la primera del mundo en declararse “plurinacional”, ya comprometía al Estado a respetar la gobernanza y el territorio indígena. El fallo parecía el momento en que Ecuador alinearía su ley con su práctica.

Pero el impulso se estancó.

En 2023, la Corte Constitucional de Ecuador fijó un nuevo plazo: 12 meses para remover la pentolita y redactar una ley de consulta adecuada. Han pasado 18 meses. La ley no existe. Los explosivos siguen ahí.

“La ceremonia de disculpas fue a medias”, dijo Samaï Gualinga, vicepresidenta de Sarayaku. Aún conserva el bastón ceremonial que llevó a Quito, donde el entonces presidente Rafael Correa delegó las disculpas a un viceministro. “Nos transfirieron 1,2 millones de dólares en compensación”, dijo. “Construimos una radio solar. Una escuela. Pero el dinero no desactiva bombas.”

Y el dinero tampoco sustituye a la ley. Sin protección legal, lo que pasó en Sarayaku puede volver a pasar—en otro lugar del Amazonas, con otra comunidad, con nuevos explosivos y menos cámaras mirando.

Consulta Prometida, Extracción Acelerada

Desde 2016, el gobierno ecuatoriano ha intentado tres veces regular cómo consulta a comunidades indígenas sobre proyectos extractivos. Las tres iniciativas fracasaron bajo escrutinio. Cada borrador, dicen los activistas, estaba lleno de vacíos legales: reuniones anunciadas por Facebook, realizadas en español y lejos de las comunidades afectadas.

“Es una consulta cosmética”, dijo Cristina Melo, de Fundación Pachamama, cuya madre representó a Sarayaku en el caso original. “Está diseñada para marcar una casilla, no para obtener consentimiento.”

Los intereses son enormes. El petróleo aún representa el 30% de los ingresos por exportación de Ecuador, y con las reservas amazónicas en declive, el Estado está revisando sus mapas sísmicos. Nuevos bloques de extracción ya se acercan a Yasuní y Pastaza—ambos puntos críticos de biodiversidad. El viejo modelo—explorar primero, consultar después—sigue vigente.

El jurista Agustín Grijalva, escribiendo en la Revista de Derecho Constitucional, resume la tensión: una constitución progresista que dice una cosa, y una economía que sigue anclada al crudo.

La misma historia se repite en otros países. En Perú, comunidades quechuas bloquearon el oleoducto de Cuenca en 2023, alegando que no fueron advertidas sobre los riesgos de derrames. Sarayaku ya no está solo—se ha convertido en un caso de estudio de lo que ocurre cuando se hacen promesas para la ovación global, pero se abandonan en los archivos nacionales.

La Advertencia de Sarayaku al Continente

A pesar de su ubicación remota—sin carreteras, solo pequeños aviones y canoas—Sarayaku se ha convertido en un faro en América Latina. Líderes de los Munduruku en Brasil y los U’wa en Colombia ahora visitan regularmente. La Universidad Amazónica imparte talleres con el caso Sarayaku como modelo legal. Una estrategia que antes se consideraba ingenua—combinar mapeo satelital, redes sociales y tribunales internacionales—es ahora doctrina regional.

“Sarayaku cartografió su territorio con GPS antes que la petrolera”, dijo el antropólogo político Theodore Macdonald. “Eso cambió las reglas.”

Su ejemplo incluso inspiró a los Waorani, que en 2019 bloquearon exitosamente una subasta petrolera sobre 200.000 hectáreas de su territorio. Pero aunque Sarayaku se convierte en leyenda afuera, el trauma en casa no se disipa.

“Los pueblos cercanos solían llamarnos guerrilleros”, dijo Noemí Gualinga, mientras se pintaba el rostro con tinte de huito antes de una ceremonia tradicional. “Después de que ganamos, regresaron. Se disculparon. Se unieron.”

Hoy, Sarayaku está en la encrucijada entre la celebración y la contradicción. Han ganado en el papel, pero no en la práctica.

Ingenieros afirman que la remoción de la pentolita podría completarse en seis meses, por un costo menor al interés que Ecuador acumula por sus obligaciones legales impagas. Lo único que falta es voluntad política.

Las conferencias internacionales sobre el clima siguen elogiando a Ecuador por su constitución ecológica. Pero Sarayaku, el defensor más vocal del bosque, sigue durmiendo sobre 1,4 toneladas de explosivos activos—una amenaza literal y simbólica enterrada justo bajo la superficie.

Hasta que las bombas se retiren y Ecuador promulgue una ley de consulta real, la selva seguirá siendo un territorio acosado por la desconexión entre la ley y la vida, entre el progreso y la parálisis.

Y Sarayaku seguirá recordándole al mundo: el silencio no equivale a paz. A veces, es solo el sonido antes de la explosión.

Lea Tambien: Detalles no contados de la caída del búnker de mármol en Ecuador y la guerra contra el narcotráfico que aún arde

Créditos: Reportaje basado en entrevistas realizadas por EFE; análisis legal de Harvard Law Review, Universidad de los Andes y Revista de Derecho Constitucional; hallazgos científicos de Universidad San Francisco de Quito; comentarios de expertos de Fundación Pachamama, Universidad Amazónica y Theodore Macdonald.