Discapacidad en Latinoamérica: ¿Qué tan adaptada está la región para esta población?

América Latina y el Caribe es una región en la que habitan más de 640 millones de personas, según datos registrados por la página especializada Statista. Ahora, las cifras de personas con discapacidad (PcD) en la región no son tan exactas: mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registra un poco más de 71 millones de PcD, un 12,6 % de la población total, un informe del Banco Mundial registra unas 85 millones de PcD en la región, es decir, un 14,7 %. Esto significa que al menos uno de cada diez hogares tiene una persona con algún tipo de discapacidad.

Esta situación demuestra la invisibilidad que aún victimiza a esta población, ya que, según lo especifica el Banco Mundial, aún es necesario “mejorar la recopilación de datos” en la región con el fin de conocer de forma más exacta la existencia de estas personas, “en particular de personas con discapacidad psicosocial e intelectual”.

Bajo esa premisa, es sumamente complejo poder estudiar a esta población de forma concreta y gestionar planes de desarrollo e inclusión para estas personas dentro de la sociedad. Esto, por supuesto, se traduce en situaciones mucho más excluyentes que solo terminan victimizando cada vez más a las PcD.

Aun así, con las dificultades que existen actualmente para estudiar a esta población, organizaciones como las ya mencionadas y algunas otras han logrado analizar algunas cifras obtenidas a lo largo de los últimos años que dejan muy mal acomodados a los gobiernos de la región en la lucha contra la discriminación y abandono de las personas con diversidad funcional.

Por ejemplo, citando nuevamente el informe del Banco Mundial, se sabe que del total de hogares en situación de pobreza extrema dentro de América Latina y el Caribe, en varios vive una PcD. Esto hace que la discriminación sea mayor, en especial si la familia vive en una zona rural o si es de una comunidad indígena, afrodescendiente o con una mujer cabeza de familia.

Adaptabilidad en la sociedad

Esta realidad también deja algo claro: la situación de pobreza a la que están expuestas las PcD es reflejo de la falta de políticas de adaptabilidad para esta población en la mayoría de los países de la región.

Ejemplo de esto es lo que sucede en sectores como la educación y el trabajo. Tan solo en el primer caso, las barreras, tanto en infraestructura como en estrategias pedagógicas especiales, han hecho que el analfabetismo en la población con discapacidad sea cinco veces mayor. En números más específicos, esto significa que al menos el 15 % de los niños con discapacidad no pueden asistir a la escuela, mientras que en el caso de los adolescentes y jóvenes tienen un 23 % menos de probabilidades de terminar la secundaria y un 9 % menos de completar los estudios superiores.

En cuanto al sector laboral, la realidad no es diferente, teniendo en cuenta las grandes brechas que aún existen. De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “alrededor del 50 % de la población con discapacidad en la región tiene edad para trabajar (…) Sin embargo, los altos niveles de pobreza y desempleo en la población general, así como la clara relación entre la pobreza y la discapacidad, hacen que la situación de las personas con discapacidad en la región sea muy grave, ya que la mayoría están desempleadas o excluidas del mercado laboral”.

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Ahora, los hechos confirman que la dificultad no radica solo en las complicaciones que tienen las PcD para conseguir un empleo en comparación con las personas sin discapacidades, sino también en las dificultades que experimentan aquellas que consiguen uno para poder desarrollarlo.

Aparte del hecho de que, según la Organización Internacional de Trabajo, la mayoría de las PcD que obtienen empleo terminan ocupando cargos de baja jerarquía y con ingresos bajos, lo cierto es que también deben gastar más de su presupuesto en formas para transportarse para laborar.

“La escasez de infraestructura y servicios de transporte público universalmente accesibles obliga a que las PcD deban usar transporte privado como taxis, y así tengan que gastar mayor porcentaje de su presupuesto en transporte”, explica Moviliblog, una estrategia comunicativa comandada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según una encuesta realizada en 39 países por la Alianza Global de Ambientes y Tecnologías Accesibles (GAATES), del total de PcD que respondieron:

• El 47 % aseguró que no usaban el transporte público, teniendo en cuenta que los vehículos eran prácticamente inaccesibles.
• El 35 % denunció actitudes negativas por parte de los trabajadores de este servicio (conductores y otros miembros del personal).
• El 26 % acusó a sus respectivos gobiernos de disponer de pocos vehículos para el transporte público en general.
• El 25 % indicó el escaso mantenimiento de las vías peatonales con aceras rotas, baldosas descolocadas y grandes desniveles que afectan su movilidad.

Para el BID, este tipo de situaciones representan casos claros de exclusión hacia la población en condición de discapacidad, resumidos en barreras físicas, sociales y “por parte de la comunidad y funcionarios de transporte”.

Recomendaciones

Al ver esta realidad, tanto el BID como el Banco Mundial han desarrollado guías de instrucción y apoyo con el fin de que sean los mismos gobiernos los que se encarguen del desarrollo de estrategias que puedan crear una región mucho más inclusiva en todos los entornos sociales. Así, por ejemplo, el Banco Mundial recomienda “empoderar y asignar recursos a las agencias gubernamentales y establecer objetivos claros, progresivos y medibles”, además de “romper con el mito de que las políticas inclusivas benefician a unos pocos”.

Por su parte, el BID inició el proyecto Mapas de Viaje, con el que pretende ayudar a algunas de las ciudades más importantes de América Latina y el Caribe a mejorar su sistema de transporte público en pro de la inclusión de las PcD y el mejoramiento de sus condiciones de vida en la sociedad.