El primer año de Rodrigo Paz: escasez de combustible, política exterior y alianzas que se deshilachan en Bolivia
Un año después del inicio de la presidencia de Rodrigo Paz, Bolivia ha cerrado un acuerdo con el FMI y ha renovado sus lazos con Washington. En el plano interno, los automovilistas enfrentan escasez de combustible, antiguos aliados exigen reformas más rápidas y una disputa por un consultor argentino ha llegado a la fiscalía.
El costo de un tanque lleno
Para miles de conductores bolivianos, los problemas continuaron después de encontrar gasolina. El combustible de mala calidad dañó sus vehículos. Una factura de reparación es un gasto amargo para quien se gana la vida al volante, sobre todo cuando el próximo tanque también es incierto. La persistente escasez llevó al gobierno a intervenir tanto la petrolera estatal YPFB como la agencia encargada de supervisar los hidrocarburos.
Paz cumplió su primer año en el cargo el 8 de noviembre, después de hablar de su gestión con EFE en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Su elección puso fin a un período en el que el Movimiento al Socialismo, o MAS, gobernó Bolivia durante casi dos décadas bajo Evo Morales y Luis Arce. La producción de gas ayudó a sostener esa era. A medida que la producción cayó, el país tuvo menos dólares de exportación con los cuales comprar combustible en el extranjero.
Paz retiró parcialmente los subsidios a los combustibles, hizo pasar a Bolivia de un tipo de cambio fijo a uno flexible y obtuvo un acuerdo de financiamiento de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Cada medida llega al presupuesto de los hogares por una vía distinta. Recortar un subsidio traslada parte de la factura del combustible del fisco al comprador. Un tipo de cambio más débil encarece los bienes importados en bolivianos. El financiamiento del FMI da al gobierno acceso a dólares mientras trabaja para obtener más mediante las exportaciones.
Dos grandes oleadas de protestas movilizaron a la Central Obrera Boliviana, a organizaciones rurales y a seguidores de Morales. Los peores bloqueos, en mayo y junio, causaron pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares: un camión detenido le cuesta dinero a su dueño. Para un productor con una cosecha perecedera, una entrega perdida puede significar perder la venta por completo. Un exportador puede ganar más bolivianos por dólar con un tipo de cambio más débil. Para cobrar, alguien todavía tiene que llevar la mercadería a un comprador.
Cruzar fronteras y llegar a los tribunales
Paz prometió poner a “Bolivia en el mundo”, según informó EFE. En octubre, el presidente chileno José Antonio Kast llegó a La Paz en la primera visita de Estado oficial de un presidente de Chile en 71 años. Bolivia mantuvo su antigua reclamación de acceso soberano al Pacífico. Para un país sin litoral que intenta vender más al exterior, una relación de trabajo con su vecino del Pacífico tiene un valor práctico aun mientras persista la disputa marítima.
Washington también encontró un socio más receptivo. Paz se sumó a la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, y renovó la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico. Su gobierno señala como un logro del primer año la captura en marzo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, enviado posteriormente a Estados Unidos.
A lo largo de la frontera con Brasil, los residentes enfrentaron una situación de seguridad distinta. Los sicariatos se volvieron recurrentes por la época de la captura de Marset. Las autoridades bolivianas atribuyen la violencia a disputas territoriales en las que participan organizaciones criminales brasileñas, entre ellas el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. Para las comunidades que viven esas disputas, la pregunta tras un arresto destacado es si alguien puede evitar el próximo asesinato.
Las investigaciones han llegado a la cúspide del sistema de justicia de Bolivia. En octubre, las autoridades encarcelaron y destituyeron al fiscal general Roger Mariaca, a quien el gobierno acusó de dirigir una organización criminal que protegía a narcotraficantes. Washington le había revocado la visa días antes. El presidente de la Corte Suprema, Romer Saucedo, abandonó después Bolivia y dijo que enfrentaba persecución. Horas más tarde se supo que los investigadores examinaban su papel en el mismo caso.
La coalición se desmorona
La primera ruptura política de Paz se produjo dentro de su propia administración. El vicepresidente Edmand Lara dijo que los funcionarios lo habían marginado y se declaró opositor en diciembre. En agosto, el empresario Samuel Doria Medina, cuyo respaldo databa de la segunda vuelta presidencial, retiró su apoyo. Citó preocupaciones por la corrupción y pidió cambios más profundos en la forma en que opera el Estado.
El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, líder de Libre, la mayor fuerza opositora en el legislativo, calificó el período como “un año más del MAS” en declaraciones a medios locales recogidas por EFE. Sin embargo, celebró los recortes de subsidios, los cambios cambiarios y los acuerdos internacionales. Su objeción se refería al Estado centralizado y a sus empresas deficitarias. Acusó a la administración de pasar un año sin lograr la aprobación de una ley y de posponer la reforma constitucional.
La polémica en torno a Fernando Cerimedo, un consultor político argentino, ha agudizado las dudas sobre el acceso a Paz. Surgieron unas diez grabaciones que supuestamente captan conversaciones con ministros, familiares del presidente y particulares. Los críticos sostienen que sugieren que Cerimedo influyó en decisiones del gobierno. Los fiscales designaron una comisión para establecer la autenticidad de las grabaciones.
Cerimedo enfrenta al menos cuatro causas penales en Bolivia y está en detención preventiva en dos, por acusaciones de intento de femicidio contra su expareja y enriquecimiento ilícito. Incluso si los investigadores identifican las voces, demostrar influencia exigiría pruebas de que una conversación determinó una decisión concreta del gobierno.
Doria Medina describió el primer año en las redes sociales como una transición hacia el cambio político que buscaban los votantes. Quiere una acción más firme contra la inflación, una base más sólida para las finanzas públicas y más ingresos por exportaciones. Para un conductor que paga por reparar un vehículo dañado, esas ambiciones se reducen a si las ganancias de mañana alcanzarán para el mecánico, el combustible y el viaje de regreso al trabajo.
