Este es el polémico proyecto de ley que cambiaría el periodismo en Colombia

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Actualmente, en Colombia, se está debatiendo un proyecto de ley que busca regular la labor periodística

El proyecto de ley, entre otras cosas, busca crear una credencial que se necesitará para aplicar a algunos trabajos, a la que se puede acceder solo cumpliendo determinados requisitos, y un ente con la capacidad de sancionar a los periodistas. Según los senadores ponentes, Richard Aguilar y Jonathan Tamayo, el propósito de la ley es dignificar la labor periodística, así como hacerlo un oficio más reconocido y mejor pago.

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Sin embargo, la contraparte de esta propuesta es el mismo gremio de periodistas. El problema recae en algo tan simple como lo estipulado en la Constitución colombiana: la libertad de expresión. Al necesitar una credencial para poder desarrollar este trabajo, se impide que muchas personas puedan ejercerlo, coartando así ese derecho.

Por otra parte, en una entrevista de La W, el ponente Jonathan Tamayo dijo, que con la creación del Consejo Profesional del Comunicador Social, se busca garantizar beneficios a este gremio, así como reconocer la labor. Los conductores del programa refutan al senador citando algunas de las funciones de este Consejo, como lo son aplicar suspensiones temporales y definitivas a periodistas, verificar y expedir las credenciales y llevar un registro de quienes tienen esta credencial o pueden acceder a ellas.

Los periodistas se rigen por códigos éticos que están implícitos en la misma sociedad, por lo que surge la duda de quién impondría lo que debe hacer o no el periodista. De esta forma, además de controlar quién puede y quién no realizar labores periodísticas, se estaría también limitando de lo que se puede hablar.

Es por esto que importantes agremiaciones de periodistas como el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la Fundación Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (AFACOM), entre otras, se han quejado de este proyecto de ley.

Alberto Martínez, Presidente de AFACOM, dijo en una entrevista con la FNPI que “ese es un tema frente al cual la Asociación se está levantando en este momento, estamos de pie porque no queremos que el debate sobre el futuro de la profesión, y por, sobre todo, de la formación, siga estando en manos que no son las pertinentes”.

Estos grupos han enviado una carta al Congreso de la República asegurando que la credencial y el Consejo violan los derechos fundamentales y va en contra, no solo de la Constitución de Colombia, sino también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, tienen postulados que no son explícitamente determinantes del oficio. Por ejemplo, según dice en la carta, no podrían solicitar la credencial “los periodistas que no tengan quince años de experiencia pero que, a pesar de ejercer el periodismo, no obtengan el 70% de sus ingresos de esta actividad”, a lo que ellos responden “¿desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico?”.

El Estatuto del Periodista

Años atrás, en Colombia existía la Ley 51 de 1975. Esta ley buscaba “garantizar la libertad de información, expresión y asociación cultural (…) promoviendo seguridad y progreso en el desempeño del periodista”.

Sin embargo, ésta, entre otras cosas, exigía que la persona que se desarrollara como periodista debía haber cursado esa carrera, excluyendo así a muchos periodistas empíricos. Asimismo, debía tener una credencial, la tarjeta profesional, la cual equivaldría a la que proponen actualmente y que sería solicitada en determinados empleos.

En 1998, la Corte Constitucional declaró inexequible esta ley. Es decir, la abolió por completo asegurando que no se necesitaba para garantizar la labor y que, por el contrario, coartaba la libertad de expresión y de prensa. Haciendo especial énfasis en el artículo 73 de la Constitución, que dice que “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

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Ley Mordaza en el periodismo

Se le dice Ley Mordaza a cualquier ley que termina por coartar derechos fundamentales, específicamente con los que tienen que ver con la expresión, la manifestación o la información. Esta no es una ley específica, sino es un término que se ha acuñado a distintas ley que, para los ciudadanos, violan derechos de este tipo.

Aunque estas leyes no son explícitamente sobre el oficio periodístico, en estos términos también hay algunas leyes consideradas de este tipo debido a que están relacionadas con estos derechos.

¿Cómo es la situación en América Latina?

En Venezuela, por ejemplo, existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que fue creada en 2004, en medio del régimen chavista. Ésta determina una responsabilidad a la hora de difundir información. Sin embargo, y teniendo en cuenta el momento político, la responsabilidad social está determinada por el Estado. Asimismo, esta ley obliga a todos los medios a transmitir los mensajes institucionales.

Además, en 2010 se creó la Ley De Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que acompaña la primera pero, además, restringe el uso de internet y de redes sociales, lo cual ha creado una censura explícita y viola la libertad de expresión.

En Argentina, la Ley de Comunicación Audiovisual, expedida en 2009, fue toda una campaña gubernamental que terminó por dar una gran parte de inversión del Gobierno a los canales, radio y periódicos. Esto terminó, finalmente, en la creación de medios oficialistas que terminaron por sesgar la labor periodística.

Asimismo, Ecuador, bajo el mandato de Rafael Correa, creó en 2007 la Ley Orgánica de Comunicación. Ésta fue catalogada también como una Ley Mordaza, ya que permitía a la Rama Ejecutiva controlar la información difundida en medios.

Aunque Correa defendió la ley como “un instrumento que busca una prensa libre e independiente, que informa y comunique, no que defienda intereses privados”, según reportó Infobae, terminó por deteriorar el clima de la libertad de prensa. Esta ley también permitió la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación como un ente con la capacidad de sancionar a los comunicadores sociales, tal y como pretende el Consejo Profesional del Comunicador Social.

Estas leyes, que no solo están presenten en América Latina sino en otras partes del mundo, como en España, buscan garantizar las seguridades de los periodistas. Sin embargo, han tenido gran oposición por el mismo gremio ya que han terminado por afectar la libertad de prensa y de expresión.

LatinAmerican Post | Juliana Suárez
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