Estos son los límites políticos del uso de drones en América Latina

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Estados Unidos está implementando drones para responder a las llamadas del 911. Esta situación lleva nuevamente cuestionarse a los límites de esta tecnología

En el mes de abril se conoció el caso del uso de un drone, en medio de una pelea entre conductores que conducían de manera temararia en California, Estados Unidos. El drone grabó imágenes, que transmitía a los celulares inteligentes de los oficiales a cargo de la emergencia.

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Si bien, este hecho le dio la vuelta al mundo, también volcó la mirada sobre la necesidad de regulación de esta clase de tecnología, pues sobre esta recaen muchas inquietudes. La principal de todas, el uso de los drones como armas de guerra.

Principales preocupaciones sobre los drones

Según un artículo publicado por la CBS, ya para 2015 se había establecido que las principales situaciones que se debían resolver, frente al asunto de los drones, estaban vinculados con:

• Seguridad aérea: durante el primer semestre de 2015, pilotos de diferentes aviones reportaron por lo menos el avistamiento de 650 drones sólo en Estados Unidos. Desde entonces, el número ha aumentado considerablemente.
• Privacidad: hasta el momento, la mayoría de países han considerado o incluido en sus agendas, regulaciones para proteger la intimidad de las personas. Sin embargo, especialmente en Latinoamérica, este es un fenómeno que aún está carente de restricciones.
• Posibilidad de convertirse en armas: como se vio en el incidente del 2018 en Venezuela (que abordaremos más adelante), los drones pueden usarse para realizar atentados, incluso se han presentado intentos de asesinato selectivo. El caso anterior se presentó en Yemen y fue perpetrado por el ejército de los Estados Unidos en 2003, como parte de su campaña de lucha contra el terrorismo después del 9/11.
• Daños a sí mismos u a otras propiedades: acerca de este ítem, se han presentado dudas sobre la responsabilidad en caso de daños a personas o propiedades, producto de accidentes o fallas de los aparatos.
• Invasión del espacio aéreo: empresas como Amazon, han manifestado su interés en usar drones para realizar entregas. Esto implicaría un uso del espacio aéreo no regulado. Igualmente, también se presentarían situaciones frente al cobro de impuestos y otros tributos con los que cumplen las empresas de transporte de carga reguladas.

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Supuesto intento de asesinato contra Nicolás Maduro

Durante un discurso, en medio de un evento público el 4 de agosto de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue interrumpido por dos fuertes explosiones. Posteriormente, los organismos de seguridad del presidente venezolano aseguraron que se trató de un intento fallido de asesinato y que este fue realizado a través de drones cargados con explosivos.

Si bien aún no se comprueba la naturaleza de este suceso, sí abrió la conversación sobre la posibilidad de un asesinato político perpetrado usando estos dispositivos. Lo anterior debido a lo impredecible del acto y lo difícil de detener, una vez detectado.

Algunos expertos, como Kristin Bergtora Sandvik y Bruno Oliveira Martins, del Peace Research Institute de Oslo (PRIO), consideran en una investigación publicada por la Universidad de Los Andes, en Colombia, que esto es resultado de la falta de regulación sobre el espacio aéreo.

Políticas y regulaciones en Latinoamérica

Antes de continuar con las políticas, es necesario ahondar primero sobre concepto de espacio aéreo. Cada país tiene, por límites geográficos (incluyendo su territorio náutico), soberanía sobre el uso del espacio aéreo que le corresponde a su territorio. Sin embargo, la parte más baja de este espacio se considera espacio público. No existe un consenso internacional sobre los límites del espacio aéreo en vertical, existiendo un rango que va desde los 30 hasta los 100 kilómetros.

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Ahora, en los países latinoamericanos existen diferencias sustanciales frente a la regulación del espacio aéreo, lo que complejiza aún más la cooperación regional para unificar criterios sobre este nuevo reto. Algunas de estas regulaciones son:

• Las entidades encargadas de regular los drones, son las instituciones gubernamentales responsables del control del espacio aéreo. Por ejemplo la Dirección de Aeronáutoca Civil en Chile o la Aeronáutica Civil en Colombia.
• Brasil aprobó en 2017 un proyecto que permitía el uso de drones en campañas políticas.
• En el caso de Chile, gracias a la norma DAN 151, aprobada en julio de 2018, es necesario obtener autorización de la entidad competente en caso de que se quiera usar drones con fines de interés público.
•  En Colombia, la norma publicada en la circular reglamentaria 002/2015, solo hace un apunte sobre las personas que hacen uso de los drones de forma recreativa o deportiva.
• Uruguay cuenta con una regulación más detallada, que incluye el peso de los drones y los divide en tres categorías (Hasta 25 kg, entre 26 y 260 kg y más de 260 kg). Adicionalmente, también se refiere al uso privado o público que se les da.

Según Bergtora y Oliveira, la categorización que hace Uruguay es importante porque “las categorías menos pesadas normalmente no son consideradas como aeronaves y, por lo tanto, están por fuera de la órbita de la regulación sobre seguridad operacional. En estos casos, el uso de drones es tratado como problema de privacidad y de libertades individuales, pero no como un problema de seguridad pública.”

Sin embargo, las principales dificultades frente a la regulación de los drones en Sur América se vienen presentando en materia de los usos que se les da. De esto se desprende todo un discurso frente al uso privado y derecho a la propiedad privada, pero también a la discusión sobre la seguridad pública. Igualmente, es importante determinar hasta donde estos usos, tanto en las esferas privadas como las públicas, representan verdaderas soluciones, o se prestan para vulneraciones o todo tipo de amenazas.

LatinAmerican Post | Mariela Ibarra Piedrahita

Copy edited by Juliana Suárez