La criminalidad en Colombia se combate sin policía

La sensación de inseguridad en Colombia viene aumentando en los últimos años de forma preocupante. La crisis pospandemia parece crear la situación ideal para que la violencia en las ciudades aumente de forma incontrolada. Adicionalmente, la posibilidad de grabar los actos delictivos crean un ambiente de intranquilidad.

Sin embargo, el problema parece ser mucho más delicado, ya que desde hace varios años, hay una crisis en el número de policías requeridos y esto ha puesto a varias ciudades a competir para contar con mayor número de fuerza pública. Es por esto que, en medio de la campaña electoral local y regional, los políticos plantean maneras para generar más policías o formas de solventar estos problemas más allá de aumentar el número de uniformados.

Según las Naciones Unidas, existe un estándar mínimo de 300 policías por cada 100.000 habitantes. No obstante, Colombia cuenta con 167.290, y Bogotá cuenta con 17.820, para una ciudad de casi 9 millones de habitantes. Esto representa que en el país, hay cerca de 290 habitantes por policía, cuando el mínimo debería estar en 290. Adicionalmente, en Bogotá, 12.000 de los casi 18.000 policías son administrativos, por lo que no brindan labores de patrullaje, según información de Citynoticias. Entonces, con la escasez de fuerza pública, las opciones deben ser alternativas.

¿Por qué hay crisis en el número de policías en Colombia? Son muchas las dificultades que deben afrontar los policías, por lo que el número parece insuficiente.

Falta de recursos

A pesar de que el gasto en defensa en Colombia es uno de los más altos en toda la región, el mismo Gobierno admite que siguen necesitando mayor financiación. El ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, Alfonso Prada, dijo hace casi un año que “los recursos no alcanzan para proteger la vida de tanta gente amenazada en Colombia”.

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Adicionalmente, Colombia tiene serios desafíos de amenazas por parte de grupos armados a civiles, líderes sociales y políticos. El asesinato de líderes sociales en el país sudamericano destaca negativamente. Esto también genera como consecuencia, un déficit en los miembros de la fuerza pública, incapaz de brindar seguridad a las personas en peligro inminente.

Según el gobierno, para el 2021 se presupuestó 1,3 billones de pesos colombianos, pero Prada estima que se requiere del doble. Esto, para poder hacer presencia policial, no solo en las ciudades, sino en la gran cantidad del territorio, en el cual la violencia hacia los líderes sociales es mayor.

Violencia contra los policías

En Colombia, el crimen organizado tiene una larga historia de ataques a la fuerza pública. Desde la época de Pablo Escobar, se implementó una estrategia criminal denominada como Plan Pistola, en la que los cárteles pagan a sicarios por asesinar policías. En 1990 el cartel de Medellín pagaba un millón de pesos por cada agente asesinado, 2 millones por suboficiales y 3 millones de pesos por oficial, y ascendía de acuerdo a su rango. Las cifras oficiales estiman que desde 1989 y 1992, el Cartel de Medellín asesinó 500 policías.

Esta marcaba estrategia que utilizaban los carteles desde los 90, hoy sigue siendo implementada por la criminalidad actual. Los asesinatos de policías por carteles o guerrillas armadas siguen siendo recurrentes.

Variedad de la amenaza

En Colombia, la policía no solo combate la criminalidad típica de las ciudades, también hace parte de combatir carteles de la droga, guerrillas y grupos paramilitares. Todos estos cuentan con un esquema y organización típica de ejércitos, con armamento pesado.

Esto hace que desempeñar el papel policial en Colombia implica combatir desde hurtos sencillos, riñas de ciudadanos, hasta secuestros de parte de grupos armados. Incluso, son necesarios para atender eventos deportivos y brindar seguridad ante aglomeraciones, lo que genera un debate entre equipos de fútbol profesional y autoridades municipales. Muchos critican que los recursos y la fuerza pública se brinde a eventos de carácter privado, pero los equipos aseguran que no pueden operar (ni económicamente, ni legalmente) con solo seguridad privada.

Esto genera que la capacitación del personal sea mucho más desafiante y costosa. Igualmente, los vuelven objetivo militar de todos estos tipos de organizaciones que también deben combatir con el ejército, armada y fuerza aérea.

Alternativas

Ante estos retos, tanto los gobiernos regionales, como el nacional, intentan apostar por diferentes soluciones. Ya sea en el uso de herramientas como en otros enfoques en la lucha contra la criminalidad.

Por ejemplo, hoy en medio de la campaña electoral, varios aspirantes a las alcaldías han propuesto aumentar el número de cámaras de vigilancia. De esta forma, habrá un mejor uso de los recursos y mayor vigilancia.

En cambio, el Gobierno Petro también demostró su intención de apostarle a políticas con un enfoque diferente en temas de combatir la criminalidad. Por ejemplo, hace unas semanas, el Gobierno Nacional de Colombia ha dado a conocer un posible subsidio a los jóvenes que hoy hacen parte de la criminalidad para incentivar que dejen estas acciones y puedan entrar a capacitarse o educarse.

Gustavo Bolívar, candidato “petrista” para la alcaldía de Bogotá, comunicó que su intención es apuntarle a la educación. “Una persona que sepa inglés no le pega una puñalada a otra”, dijo el exsenador por el Pacto Histórico. A pesar de que la frase causó revuelo, demuestra que hoy la lucha contra la inseguridad en Colombia no podrá sostenerse con un aumento del pie de fuerza.