La prisión más grande de Ecuador: luchando contra pandillas, enfermedades y desesperación
En la infame Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, la prisión más grande y letal de Ecuador, la violencia y la enfermedad convergen en una batalla por el dominio. Mientras las pandillas libran conflictos territoriales dentro de muros en ruinas, las autoridades luchan por controlar epidemias de tuberculosis y restablecer cierta estabilidad.
Una zona de guerra entre rejas
La Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, es conocida por ser la prisión más grande y hacinada de Ecuador. Tiene capacidad para unos 3.900 internos, pero actualmente alberga a unos 7.107. En los últimos cuatro años, la violencia entre bandas ha causado más de 300 muertes dentro de sus muros. Sin embargo, cada vez más, el peligro no se limita solo a los enfrentamientos: la penitenciaría enfrenta ahora el reto de evitar que la tuberculosis (TB) se convierta en una epidemia.
Se ha desplegado personal militar para controlar la violencia y prevenir los motines masivos que ya han cobrado decenas de vidas. Las autoridades enfrentan una crisis doble: evitar enfrentamientos mortales entre pandillas rivales y contener la propagación de una grave enfermedad infecciosa.
Las huellas de la violencia son visibles por todas partes. En una visita reciente a la penitenciaría, las Fuerzas Armadas trabajaban para borrar los rastros de los múltiples levantamientos que alcanzaron su punto máximo en 2021 pero que han continuado esporádicamente. Escombros, paredes chamuscadas e infraestructura destruida son recordatorios sombríos de una guerra en curso entre más de una docena de grupos del crimen organizado que luchan por el control.
“Estamos reparando todas las celdas y pabellones, cambiando los barrotes donde es necesario, y sellando los huecos (caletas) que usaban los grupos para esconder armas, municiones y explosivos”, dijo a EFE el comandante del grupo militar especial. De pie entre muros parcialmente reconstruidos y bloques de celdas, describió la magnitud del esfuerzo necesario para recuperar estos corredores. Los reclusos han volado secciones enteras de la prisión en intentos de atacar a rivales y tomar puntos estratégicos.
Más de la mitad de los 12 pabellones de la prisión ya han sido renovados, incluyendo la instalación de planchas de acero reforzado en las puertas para impedir que los internos manipulen las cerraduras. También fue cerrado el “callejón de la muerte”, un pasillo que bandas rivales usaban para irrumpir en otros pabellones y desatar ataques mortales.
A pesar de estas medidas, el desafío sigue siendo enorme. Los oficiales militares intentan separar a las pandillas trasladándolas a bloques recién renovados y desocupados por grupos rivales, una estrategia que, según ellos, ha reducido la cantidad de armas ingresadas ilegalmente. “Vivieron tanto tiempo en los mismos bloques que podían esconder armas y drogas fácilmente en las paredes”, explicó el comandante a EFE. “Ahora encontramos más contrabando cada vez que los movemos”.
Contener la tuberculosis
Detener la violencia es crucial, pero la tuberculosis representa un peligro oculto significativo en la Penitenciaría del Litoral. La reciente muerte de cuatro internos, presuntamente por la infección, generó alarma tanto dentro de la prisión como en toda Guayaquil. Las autoridades locales temen que la enfermedad se propague desde las celdas hacinadas hacia zonas cercanas.
El Ministerio de Salud de Ecuador realiza un censo para determinar la cantidad exacta de casos activos de TB. Las autoridades indican que 565 reclusos están en tratamiento. Algunos permanecen aislados en el Pabellón 7, que también está saturado. Para reducir los riesgos de contagio, el Ministerio proporciona vacunas contra la influenza y otras enfermedades, buscando evitar complicaciones que favorezcan la expansión de la TB.
“La enfermedad está bajo control”, afirmó el director del centro penitenciario, Amado Muñoz, en declaraciones a EFE, señalando que más de 500 internos han sido vacunados recientemente. Sin embargo, los familiares de los presos infectados cuestionan su optimismo. Denuncian una atención médica insuficiente, falta de medicamentos, condiciones higiénicas deficientes y escasa supervisión.
Una crisis sanitaria en ciernes
La posibilidad de un brote grave preocupa tanto a funcionarios como a personal de salud y organizaciones de derechos humanos. El hacinamiento, la malnutrición, la mala ventilación y la escasez de recursos médicos crean condiciones ideales para la propagación de la tuberculosis. La población penitenciaria casi duplica la capacidad de diseño del centro, lo que incrementa los temores de un contagio descontrolado si no se aplican controles sistemáticos.
Ya sobrecargados por la violencia entre bandas y el contrabando, los militares aseguran que los controles adicionales ayudan. “Necesitamos un escáner de rayos X en la entrada principal”, dijo un oficial a EFE, destacando que el contrabando incluye drogas, celulares y armas. Aunque se refería a la seguridad, un sistema similar funcionaría bien para detectar enfermedades. La detección y aislamiento rápido de reclusos enfermos reduce la transmisión de TB.
Familias desesperadas, demandas de atención
Cada día, frente a la entrada principal, los familiares de los internos se congregan con angustia. Portan pancartas que claman por mejores condiciones de vida y denuncian que sus seres queridos no reciben atención adecuada. Al carecer frecuentemente de información sobre los enfermos, la disponibilidad de medicamentos y las condiciones de higiene, su preocupación crece.
Una de ellas es Karina Meneses, cuyo hijo padece tuberculosis. Participó en una protesta esta semana, rogando verlo. “La última vez que lo vi, estaba débil y deteriorado”, contó Meneses a EFE. “No quiero que un día me llamen para recogerlo en la morgue”. La situación de personas como ella ha captado la atención de activistas locales y organizaciones internacionales de derechos humanos, que buscan garantizar que se respeten las necesidades médicas básicas de los internos, conforme a los convenios internacionales que Ecuador ha firmado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido denuncias de ONG y familiares, que aseguran que el gobierno ecuatoriano viola derechos fundamentales al no ofrecer atención médica adecuada. Estas preocupaciones han puesto en evidencia la urgencia de evitar una crisis sanitaria generalizada en el penal.
Las autoridades insisten en que hacen todo lo posible, señalando operativos conjuntos entre el Ministerio de Salud y las Fuerzas Armadas para reconstruir instalaciones y realizar evaluaciones médicas. No obstante, los avances concretos son lentos. Las cárceles en todo el país han enfrentado históricamente problemas de escaso financiamiento, mala administración y supervisión mínima—problemas que no se resuelven únicamente con presencia militar.
Un problema que rebasa los muros
A medida que la situación empeora, las consecuencias podrían extenderse más allá de los límites del penal. Los profesionales de la salud advierten que las enfermedades contagiosas traspasan fronteras con facilidad, y que las cárceles hacinadas son incubadoras ideales. Si no se controla, la tuberculosis podría llegar a comunidades ya afectadas por la pobreza, la escasez de servicios médicos y el aumento de la criminalidad.
La Penitenciaría del Litoral, con su infraestructura deteriorada y creciente población reclusa, representa el núcleo del complejo problema penitenciario del país. Mientras se intenta cerrar caletas, reubicar reclusos y tratar enfermedades, los desafíos materiales, organizativos y de voluntad administrativa son enormes. En un ambiente marcado por el miedo a la violencia y a la enfermedad, los familiares de los presos exigen mayor transparencia y un trato digno para sus seres queridos.
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Bajo la supervisión de militares, funcionarios de salud y defensores de derechos humanos, el destino de esta prisión está profundamente ligado a temas mayores: la gobernabilidad, la desigualdad social en Ecuador y el sistema de salud en general. Los relatos de armas ocultas, muros destruidos y enfermedades desatendidas ilustran una lucha intensificada por el poder y la compasión. Para que haya esperanza a largo plazo para la Penitenciaría del Litoral y el país entero, se requiere atención sostenida y una reforma profunda.
