Las familias cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas enfrentan un inminente plazo en EE.UU.
Más de 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela residen en Estados Unidos. La iniciativa “parole” CHNV protegió a esta población en su momento, pero el programa fue cancelado. Antes del 24 de abril, estas personas corren el riesgo de ser deportadas. La causa es la decisión de la administración anterior de eliminar las protecciones legales temporales y los permisos de trabajo.
Revocación del programa de parole sacude a las comunidades inmigrantes
La cancelación repentina del programa CHNV ha generado inquietud y preocupación entre las comunidades inmigrantes cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas. Para muchos, el parole era la única protección contra la deportación y la oportunidad de comenzar una nueva vida en EE.UU. Con más de 530,000 personas previamente beneficiadas, la fecha límite del 24 de abril se siente como una cuenta regresiva: cada día que pasa reduce las opciones legales disponibles.
El martes, la Casa Blanca anunció oficialmente la revocación del programa. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró a EFE que esta decisión representa “un retorno a políticas sensatas, priorizando la seguridad pública y poniendo a Estados Unidos primero”. Sin embargo, para los beneficiarios del CHNV, estas palabras significan un futuro incierto y el temor a la deportación.
Bajo el marco del CHNV, las personas con un patrocinador en EE.UU. recibieron autorización para una estancia temporal, con la posibilidad de obtener permisos de trabajo. Esto les permitió huir de la inestabilidad política, la crisis económica y la violencia en sus países de origen, además de contribuir a la economía estadounidense. Pero ahora, con la eliminación de esta ayuda temporal, enfrentan un futuro incierto.
Justificación gubernamental y cambios en la política
La administración Trump sostiene que, según datos del DHS, el programa “no proporciona un beneficio público significativo” y “ya no es necesario para reducir la inmigración ilegal”. También argumenta que el CHNV perjudicó los objetivos de política exterior y sobrecargó el sistema migratorio, señalando que alrededor de 75,000 nuevas solicitudes de asilo están vinculadas a beneficiarios de este programa.
La Casa Blanca compartió declaraciones con EFE en las que asegura que el sistema judicial de inmigración, con más de 3.6 millones de casos pendientes, se ha visto afectado por iniciativas como CHNV. Según la administración, estos programas incentivan a más personas a entrar al país. Como parte de la cancelación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) planea anular los permisos de trabajo concedidos bajo CHNV y rechazar solicitudes pendientes de autorización de viaje.
Sin embargo, críticos del gobierno cuestionan la abrupta eliminación del programa, señalando que ignora las consecuencias humanas y las complejas situaciones de quienes dependían de él.
Opciones limitadas para permanecer en EE.UU.
Para la mayoría de los beneficiarios del CHNV, la urgencia es extrema. Si no tienen otra base legal para quedarse—como una solicitud de asilo, una visa U para víctimas de delitos u otro estatus migratorio—deben abandonar el país antes del 24 de abril para evitar la deportación inmediata. A partir de esa fecha, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden priorizar su expulsión.
Quienes opten por salir voluntariamente deben informar su salida a través de la aplicación CBP Home al cruzar una frontera terrestre o salir por otro puerto de entrada. En la práctica, muchos se enfrentan a una difícil elección: apresurarse a solicitar una alternativa legal (si son elegibles) o prepararse para regresar a las condiciones de las que huyeron.
Una mujer haitiana habló con EFE bajo anonimato por temor a represalias. Expresó sentirse “desesperada y sola”. Explicó que el parole le permitió trabajar como asistente certificada y enviar dinero a su familia en Haití. Ahora, la cancelación del programa la deja en una situación vulnerable, con el temor de regresar a la vida que dejó atrás.
Impacto económico y humanitario
Las consecuencias van más allá de los inmigrantes afectados. Todd Schulte, presidente de FWD.us, una organización que apoya a los inmigrantes, calificó el fin del CHNV como “una estrategia errónea que desestabilizará vidas, perjudicará a estas comunidades y, en última instancia, dañará a todos los estadounidenses”. Schulte destacó que el parole ha sido utilizado por presidentes de ambos partidos durante más de siete décadas y que el programa representaba “una mejora crucial” en el sistema migratorio de EE.UU.
Los datos económicos subrayan el impacto de esta decisión. Alrededor de 240,000 personas que trabajaban bajo los permisos de CHNV perderán sus empleos si son forzadas a salir del país. Estos empleos incluyen sectores clave como manufactura, hotelería, construcción y atención médica. Según FWD.us, aproximadamente 40,000 trabajos corresponden a la manufactura, 30,000 a la industria del ocio y la hospitalidad, 30,000 a la construcción y 30,000 al sector de la salud. La salida de esta fuerza laboral podría agravar la escasez de trabajadores en diversas industrias.
Más allá de las cifras, el impacto emocional es incalculable. Muchos beneficiarios del CHNV han trabajado para reconstruir lazos familiares, abrir negocios, matricular a sus hijos en escuelas locales y establecer redes de apoyo en sus comunidades. Ahora, enfrentan el temor de perder su estatus legal y la incertidumbre sobre su futuro.
Los defensores de los inmigrantes sostienen que el fin del CHNV ignora las graves violaciones de derechos humanos en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La represión gubernamental, la inestabilidad social y la crisis económica siguen haciendo que estos países sean inseguros. Para muchos, el parole era la única vía viable para una vida digna y segura.
El gobierno estadounidense aún considera programas similares para ucranianos y afganos, que actualmente brindan estatus temporal a aproximadamente 270,000 y 70,000 personas, respectivamente. Sin embargo, el desmantelamiento del CHNV genera preocupación sobre el futuro de otros programas humanitarios.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y algunos miembros del Congreso ya han iniciado campañas para que la administración reconsidere esta política. Si bien pueden surgir desafíos legales, el tiempo juega en contra de los cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que deben tomar decisiones cruciales en pocas semanas.
Por ahora, la postura de la administración Trump parece firme: no se ofrece prórroga ni alternativa tras la fecha límite del 24 de abril. Los afectados deben evaluar sus opciones rápidamente: arriesgarse a permanecer sin autorización o regresar a situaciones difíciles—e incluso peligrosas—de las que una vez huyeron.
Estos cambios han generado una angustia profunda entre las personas afectadas, quienes habían depositado sus esperanzas en una vida estable en EE.UU. En un centro de inmigración, un padre cubano expresó a EFE un sentimiento compartido por muchos: “He construido una vida aquí. Si tengo que irme, no sé cómo empezar de nuevo. Pero no me han dejado otra opción.”
