Los retos del próximo gobierno de Guatemala

Uno de los países que elegirá un nuevo gobierno es Guatemala. El pequeño país, con una población de cerca de 18 millones, deberá elegir a quien reemplazará a Alejandro Giammattei. Dentro de los candidatos, se aprobó la inscripción de 23 candidaturas de presidente y vicepresidente.

Dentro de las candidaturas con mayor probabilidad destacan la de Zury Ríos, Sandra Torres, Edmond Mulet y Roberto Arzú. Ríos se lanza por los partidos Valor y Unionista. Fue diputada del Congreso por 4 legislaturas, precandidata por el FRG y candidata presidencial por Visión con Valores en 2019, quedando de quinta. Sin embargo, su candidatura fue revocada por la Corte Constitucional. Ríos es hija del expresidente Efráin Ríos Montt y, por eso, genera un gran rechazo dentro de diferentes sectores guatemaltecos.

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Por su parte, Torres es la candidata de UNE, de orientación socialdemócrata, la principal fuerza en los gobiernos regionales con 108 de 340 alcaldías en el país. Tiene 40 de las 160 sillas en el Congreso. La candidata es esposa del expresidente Álvaro Colom Ceballos, quién presidió Guatemala desde 2008 a 2012. Ya había sido candidata en 2015 y 2019.

Por su parte, Edmond Mulet, un político de vieja data. Fue jefe de Gabinete de la Secretaría General de la ONU, Jefe de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, diputado en el congreso y presidente del legislativo.

Candidaturas bloqueadas

Uno de las principales polémicas que ha acompañado la campaña electoral es el bloqueo de algunas candidaturas. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción de las fórmulas de Podemos de Roberto Arzú García-Granados y David Pineda; y la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

Precisamente, Edmond Mulet, del partido Cabal, recibió una denuncia del Ministerio Público por “supuestamente” iniciar una campaña anticipada por pronunciarse a favor de periodistas. La polémica es que la Fiscalía está a cargo de Rafael Curruchiche, quien fue sancionado por el Departamento de Estado como uno de los responsables de actos de corrupción. 

Crisis institucional

El principal problema que deberá afrontar el nuevo gobierno es la crisis y la desconfianza institucional que hay en el país. En 2019, la Encuesta Libre de ProDatos, PrensaLibre y Guatevisión indicaron que solo el 29% de guatemaltecos confía en la justicia; el 15% en el ejecutivo; y solo 8% en el legislativo.

Esta desilusión se puede evidenciar en la apatía electoral. En las pasadas elecciones de 2015 y 2019, los guatemaltecos acudían a las urnas con la esperanza de cambio. Hoy el panorama parece ser otro y hay desconfianza hasta en el proceso electoral. Hay voces que denuncian planes de fraude.

La crisis llegó a su punto más alto en 2015 con las manifestaciones ciudadanas en contra del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. El exmandatario tenía graves señalamientos de corrupción. Desde ese momento, la ciudadanía ha manifestado su rechazo a una serie de gobiernos que enfrentan escándalo tras escándalo.

Violencia y pobreza

Otro gran reto en el que deberá trabajar el nuevo ejecutivo tan pronto llegue a la presidencia es en la violencia y pobreza que sufren los ciudadanos. En 2022, Guatemala registró 3 mil homicidios, lo que da una tasa de 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Aunque esto es un resultado mucho menor a los 48,4 de 2009, sí representa un leve aumento de los 15,2 de 2021.

A pesar de que se ha logrado evidenciar mejoras, la violencia y la pobreza siguen siendo las principales causas de que cientos y miles de guatemaltecos migren a otros países, especialmente a Estados Unidos. Según la WOLA, Guatemala es uno de los principales orígenes de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.