Ecocidio en Colombia: la hipocresía del gobierno colombiano ante los delitos ambientales

Mientras la comunidad internacional alaba el gobierno de Iván Duque, presidente de Colombia, por su compromiso con el medio ambiente y la migración venezolana, en el país la Amazonía arde y todavía queda en el aire el sinsabor de todas las víctimas que se ha llevado un Gobierno que se preocupa por sus ciudadanos solo cuando le conviene para lavarse la cara en la entidades internacionales. 

Para el 9 de febrero ya se registraban 21 líderes sociales asesinados, varios de ellos estaban afiliados a causas ambientales y buscaban proteger sus comunidades y ecosistemas. Esa misma semana el Gobierno difundió los Delitos Ambientales que serían castigados en el país y días después salió un cartel de se busca con 17 personas pertenecientes a una disidencia de las FARC que son acusadas de deforestación ilegal. El 12 de febrero se imputó por primera vez en el país a una persona por un delito ambiental. Se trata de Marco Aurelio Quiroga Tovar, a quien se le acusó de haber deforestado 83 hecáreas del del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía Los Pinachos por atividades ganaderas. 

Pero mientras esto sucedía y parecía que desde el Estado se estaba poniendo un pare a las actividades que ponen en peligro la salud ambiental, la resolución 110 de 2022 ya había sido presentada y aprobada. Esta resolución es una actualización a una ley que permite la exploración y explotación en zonas de reserva natural. En principio la resolución 110 se presentaba como una simple actualización para mejorar las reglas de esta ley, pero si la vemos más de cerca nos daremos cuenta que realmente se felixibilizan los trámites para que sea más sencillo lograr hacer la exploración y explotación de estas zonas. Tanto así que la minera canadiense Rugby Mining Limited celebró la decisión en un comunicado y anunció que en abril de este año comenzará su exploración en reservas forestales del Chocó.  

¿Y dónde quedan los delitos ambientales?

Con estos hechos uno se pregunta cómo es el juego, por qué la protección del medio ambiente aplica para unos sí y para otros no. Para entender la respuesta hay que volver a la ley que permite la exploración y explotación en reservas forestales detenernos en ese término: “reservas forestales”. 

En la Ley 2da de 1959 se creó la figura de Reserva Forestal para proteger ciertas áreas del país de actividades extractivas. Pero la ley también permite que esta protección sea limitada si la empresa que realizará las actividades demuestra que estas tendrán una utilidad pública. De llegar a demostrarlo, y tras realizar estudios, las autoridades pueden eliminar la figura tanto temporal como definitivamente para que las actividades se realicen. Es decir, desde la misma creación de la ley, la figura de Reserva Forestal no está protegida del todo y está expuesta a cambios. 

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Así que lo que nos queda claro es que aún cuando a lo largo de más de 60 años se ha podido poner en cuestión dicha ley para proteger del todo esas reservas forestales, esto no ha sucedido. Evidentemente hay que pensar que el gobierno de turno no solo tiene intereses ambientales, sino también económicos y de desarrollo. Pero en el caso del Gobierno Duque, que además sucede en medio de la crisis climática y ambiental que pone en riesgo al mundo entero, hay dos caras: la cara que habla de desarrollo sostenible en cumbres internacionales, la cara que recibe premios medio ambientales y que castiga ferozmente los delitos ambientales en el país y la cara que actualiza leyes para que las empresas multinacionales solo tengan más fácil hacer actividades que son peligrosas para la salud ambiental tanto o más que aquellas que realizan disidencias de las FARC o personas del común. ¿En dónde queda el compromiso por el medio ambiente?

Y no olvidemos que uno de los hechos por los que más se ha aclamado a Duque internacionalmente es que amplio las zonas de reservas forestales. Además, por eso recibió una suma millonaria para seguir ampliando dichas zonas. Lo que sucederá entonces es que las zonas de reserva forestal aumentarán, se protegerán de los delincuentes ambientales oriundos del país y se les abrirá camino a empresa como Rugby Mining Limited para que llenen un papeleo sencillo y puedan comenzar sus actividades extractivas lo antes posible. 

Así que eso es lo que sucede: quienes hacen la ley la tiene fácil, porque la hacen a su favor. 

La comunidad internacional debe parar de alabar a Duque por su mediocridad bien plasmada y ver de cerca lo que está sucediendo en Colombia, entender que porque haya una expansión de reservas forestales no hay una protección de verdad. ¿Cómo puede ser que, literalmente, los líderes mundiales se guien por simples etiquetas en vez de sentarse a revisar qué tanto sentido tiene la etiqueta con las letras pequeñas? Llamemos al gobierno colombiano por lo que es: ecocida. Por lo menos el gobierno de Bolsonaro no aparenta ser algo que no es.