Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han presentado 10.242 raptos.

Cada semana, 40 personas son secuestradas en México. Así lo reveló el último informe presentado por la organización ‘Alto al Secuestro’, entidad que mes a mes, mide el comportamiento del flagelo en el país Azteca y evalúa la efectividad de las autoridades y el gobierno, para combatir uno de los problemas más grandes que afecta a la nación.

De acuerdo con las estadísticas de ‘Alto al Secuestro’, en la presente administración se han registrado 10.242 secuestros, contabilizando desde diciembre de 2012, hasta octubre de 2017.  Esta cifra corresponde a que cada día, seis personas son privadas de su libertad de manera forzada en México. Mientras las cifras de secuestro continúan en aumento, el número de detenidos por estos crímenes disminuye: en Septiembre del presente año, fueron aprehendidos 195 secuestradores, pero durante Octubre solo 92, fueron capturados. Esto representa una disminución del 52% en un mes.

El 60% del total de los secuestros se dirigen desde las cárceles

Los secuestros, junto con el narcotráfico, los feminicidios y el asesinato a periodistas, son uno de los delitos con mayor impacto en la sociedad mexicana. La impunidad y los altos niveles de corrupción que perméan las entidades judiciales y gubernamentales del país, hacen que este flagelo sea difícil de eliminar y son los responsables de que el 60% de los casos de secuestro, sean orquestados y dirigidos desde las cárceles de la nación.

Esta situación no es exclusiva de México, en países como Brasil, Venezuela, Perú y Colombia es usual que la operativa de diversos delitos sea planeada desde los centros de reclusión. Esto es debido a los altos grados de corrupción que se vive en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica.

No es un secreto que el secuestro es una de las modalidades más lucrativas que tienen los delincuentes para mantener su poderío. En México, el 75% de los raptos se resuelven con el pago del rescate. Por esto, es bien sabido que el dinero sucio ayuda a lucrar de manera ilícita partidos políticos, empresas y entidades oficiales. Es así como las bandas criminales operan con total impunidad desde sus celdas y consiguen adueñarse de las cárceles, al punto de que aunque un funcionario intente hacer cumplir la ley, éste no contará con el apoyo de la estructura judicial para llevar a cabo su labor.

Pero, ¿cuenta México con la estructura necesaria para combatir tal crimen? De acuerdo con el analista de seguridad, Sadi Kuri, México sí cuenta con todas las herramientas necesarias para dar solución a este tipo de violaciones. Se está “dejando a un lado el verdadero problema, que es que los centros de reclusión no están cumpliendo con los fines para los que fueron creados. En el caso de México, el Gobierno tiene todas las herramientas, todo un sistema jurídico para evitar que esto suceda”, así lo explicó el analista durante una entrevista para el medio NTN24. El experto además recalcó que se debe empezar por ubicar en los puestos de trabajo a un personal capacitado y bien formado, para evitar fáciles maniobras delincuenciales dentro de las instituciones carcelarias.

Bajo esta perspectiva, no solo México, sino varios países de Latinoamérica, carecen de un blindaje del sistema jurídico para que ninguna oferta, amenaza o favor político logre quebrantar la razón de ser de los centros penitenciarios, los cuales desde hace ya varias décadas, están casi bajo el dominio de grupos criminales que continúan orquestando delitos, incluso con más libertad y eficacia que si lo hicieran desde el otro lado de las rejas.

Latin American Post | Krishna Jaramillo

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