La nueva ley espera combatir la corrupción pública y privada en Argentina

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La corrupción es uno de los delitos que más daña la Democracia a lo largo del planeta. Atenta contra las instituciones, la sociedad y la justicia. Es un fenómeno que tiene trascendencia internacional, lo cual requiere acción coordinada entre distIGNORE INTOs Estados para poder luchar contra ella.

La nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria por delitos de corrupción fue aprobada por el Congreso Nacional de la República Argentina en noviembre. Había ingresado a la Cámara de Diputados en septiembre de 2017, luego de su paso por la de Senadores.

Según comunicado de estos organismos, la norma tiene por objeto penalizar a las personas jurídicas por delitos de corrupción. Los delitos sobre los que compete la misma son: cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas, todos con un plazo de prescripción de 6 años. El funcionamiento que propone la ley es uno de sanciones y mitigación de las mismas a través de normas de integridad y cooperación con las autoridades.

En las Américas, la corrupción fue y es un tema sensible e importante. Es por ello que siendo Argentina parte de la OEA y firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la problemática está en constante discusión. No fue hasta la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante, la Convención) en el año 1996 a través de la Ley N° 24759, que el término propiamente dicho empezó a tomar forma en la legislación nacional.

La Argentina reconoce en su Constitución Nacional, estatus jurídico constitucional a las normas internacionales que suscribe. En este marco entonces, la Convención y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación (MESICIC) constituyen los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el bloque.

Por otra parte, y para complementar el mandato internacional al que responde la nueva Ley de Responsabilidad Penal Empresaria de Argentina, ante las negociaciones de Argentina respecto de su posible entrada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta ley representa un gran compromiso surgido de las mismas, dado que cumple con los requisitos de la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE, ratificada por Argentina, único miembro que aún no regulaba la actividad.

La iniciativa de Argentina se enmarca también en un contexto internacional de creciente preocupación e interés por el involucramiento de empresas comerciales y entidades financieras en la comisión de delitos, muchos de los cuales constituyen abusos a los derechos humanos.

En la República Argentina, como resultado de la aplicación de la Convención, hay diversos órganos encargados de actividades y que actúan bajo un paradigma sinérgico. La Oficina Anticorrupción (OA), creada por Ley de Ministerios N° 25233 de 1999, en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el órgano que tiene en su cargo la lucha del sector público nacional contra la corrupción. La OA, actor clave en el desarrollo que se comenta, estará encargada de generar guías de implementación y regulación para el sector privado en materia de integridad, así como de implementar la obligación de proveedores del Estado de tener esos programas.

Latin American Post | Antonella Giordano

Copy edited by Santiago Gómez Hernández