Iván Velásquez, quien lidera la comisión anticorrupción de la ONU en el país centroamericano, tendrá que hacerlo desde el exterior

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció el martes 4 de septiembre que se le negará la entrada a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La medida ha llegado a tal grado, que el mandatario le ha pedido a las aerolíneas no transportar al abogado colombiano de vuelta al país.

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No obstante, este no ha sido el principio de las tensiones. El viernes pasado, el gobierno de Guatemala determinó que no renovaría el mandato de la CICIG más allá de 2019.

La razón por la cual Iván Velásquez es tan incómodo para el gobierno de Morales, es porque encabezó el debate por quitarle el fuero al presidente y así poder investigarlo por presunta financiación ilícita durante su campaña en 2015.

Sin embargo, no es la primera vez que el abogado tiene problemas con la administración. El año pasado, Morales pidió la salida inmediata del país de Velásquez, pero la Corte Constitucional de Guatemala reversó la decisión. 

Velásquez fue también el líder de la investigación de “La Línea”, un caso de corrupción que involucró a varios funcionarios del gobierno del ex-presidente Otto Pérez Molina, entre ellos su vicepresidenta Roxana Baldetti.  Según la CICG, tanto el presidente como Baldetti recibían cuantiosos sobornos para adjudicar contratos. 

¿Hay justicia en Guatemala?

En el comunicado de prensa del gobierno de Morales, el Consejo de Seguridad Nacional del país sugirió que Velásquez es una amenaza para la “gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz en el país".

¿Por qué una persona que ha contribuido a la lucha contra la corrupción es calificada de esa manera?

Tanto la Comisión como Velásquez se convirtieron en una piedra en el zapato para las mafias corruptas en los círculos de poder en Guatemala. No es de extrañar que Morales lo quiera fuera del país y siga con su tarea de investigarlo. 

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La corrupción del país centroamericano es tanta, que es el cuarto peor calificado en el continente americano, según el índice de percepción de corrupción de la ONG Transparencia Internacional, publicado en 2017. Guatemala está por encima únicamente de Nicaragua, Haití y Venezuela. 

Por otra parte, según World Justice Project, Guatemala es el país número 96 entre 113 en el índice de confianza a la justicia entre 2017 y 2018. En la región es el quIGNORE INTO peor calificado delante de Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela.

Esta ONG mide 44 diferentes aspectos, entre los que figuran los límites de la legislatura nacional, la legalidad de las transiciones de poder en las ramas de este, la difusión de las leyes, o el grado de influencia de los poderes en las decisiones judiciales. 

En ambos rubros, corrupción y confianza en la justicia, Guatemala está mal parada. Los esfuerzos como los de la CICIG y Velásquez podrían mejorar las condiciones de transparencia en el país, pero las políticas de Morales y su gobierno envían un claro mensaje de que este no es su deseo. 

Guatemala resultó ser ejemplo de democracia una vez Otto Pérez Molina salió de su cargo en medio de escándalos de corrupción.

¿Si la justicia es obstruida, quién hará control político en uno de los países más corruptos de América Latina?  

LatinAmerican Post | Iván Parada Hernández
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