¿Por qué siguen protestando los chilenos?

Las inconformidades de los chilenos aún no cesan. El auge de la protesta social ha dejado a los chilenos con ganas de exigirle al gobierno más de las respuestas que están recibiendo. 

Lo que había empezado por el alza en el precio del metro en Chile, terminó por desatar una ola de inconformidades que ahora parece no acabar. A esa inconformidad se sumó la falta de garantías en el sistema pensional y la imposibilidad de acceso a la salud, así como también el salario de los parlamentarios fue un fuerte motivo de protesta.

Como primer resultado de las manifestaciones, Piñera cambió parte de su gabinete, reemplazando a las cabezas de los ministerios que más tuvieran que ver con las exigencias de la población, como el ministro de Interior y Seguridad Pública y el ministro de Hacienda. Otras de las medidas instantáneas fue frenar el decreto que subía el precio al metro, la causa inicial de las protestas.

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Sin embargo, esto no parecía tener contento al pueblo, que cada día que pasaba pedía más garantías. Las protestas y decenas de peticiones terminaron en acorralar al gobierno mientras se exigía un cambio de Constitución. La Constitución de Chile actual, que existe desde 1980, fue creada durante la era de Augusto Pinochet, por lo que la crítica es que ésta está pensaba a favor de un régimen dictatorial militar, y no una democracia enfocada en los Derechos Humanos de los chilenos. Ésta, a pesar de que ha tenido reformas que han incluido la pluralidad y eliminado algunos aspectos de corte militar, no representa al pueblo de Chile.

Cinco años atrás, en 2015, la entonces mandataria de Chile, Michelle Bachelet, había anunciado que iniciaría el camino para cambiar la Constitución. Al término de su mandato, no hubo mayor avance y el tema, aunque estaba sobre la mesa, nunca se desarrolló.

Ante esta necesidad, el presidente Sebastián Piñera informó días atrás que se reuniría para abrir la posibilidad de la creación de una nueva Constitución Política al alcance de todos los ciudadanos, enfocándose siempre en que el país debe permanecer unido y consolidar la paz que, debido a las protestas, se ha visto afectada. Este acuerdo se llevó a cabo por parte tanto del gobierno como de los partidos políticos con representación parlamentaria, incluyendo a la oposición.

A raíz de esto, el gobierno manifestó que en abril del 2020 se realizará una consulta ciudadana en la que los chilenos podrán votar si están a favor o en contra de una nueva Constitución. Tras esto, se conformará una Asamblea Constitucional o una Convención Mixta Constitucional (dependiendo del mecanismo que se elija) con representación diversa, tanto en el ámbito político como en el ciudadano, y posteriormente se convocaría a un plebiscito para aprobar dicha Constitución.

El presidente también ha llamado a más acción por parte de todas las ramas de poder para poder garantizarle a los ciudadanos respuestas prontas ante sus inconformidades.

Las protestas

Aunque el gobierno de Piñera parece estar respondiendo activamente y con humildad a los pedidos de los chilenos, las protestas destaparon una ola de inconformidad que se convirtió en una bola de nieve difícil de parar. Las protestas, a las que han acudido más de un millón de personas, se han tornado en escenarios de violencia, tanto por parte de algunos manifestantes como de la Fuerza Pública.

Toque de queda y más de 20 muertos son otros de los rezagos de la protesta social que se desató el 18 de octubre. Después de más de un mes de salir a las calles, la última víctima de gravedad registrada es una mujer que quedó ciega el miércoles 27 de noviembre tras recibir un impacto de gas lacrimógeno lanzado por la Fuerza Pública. Ella es apenas un símbolo de los disturbios que se han desatado en la capital y otras ciudades.

Los militares salieron a las calles desde el 19 de octubre, recordándole a  los chilenos sobre una época pasada, cuando el Estado de sitio mantuvo a las Fuerzas Armadas en las calles haciendo redadas durante la dictadura militar de Pinochet. Como respuesta, antes de callar, los chilenos han salido a las calles con más imponencia. Lo que ha llevado a disturbios violentos, monumentos afectados, locales dañados y saqueos masivos.

Según El País, más de 17.000 personas habían sido detenidas hasta el 18 de noviembre, de las cuales alrededor de mil seguían en prisión preventiva. En cuanto al abuso de la Fuerza Pública, el mismo presidente Sebastián Piñera aceptó que sí ha habido uso desmedido de la fuerza. “El Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha llevado a los tribunales 346 casos, de los que 246 fueron por torturas y tratos crueles y 58 por violencia sexua”, afirmó el medio español.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han intercedido al denunciar abusos de autoridad y violación a los derechos humanos durante las jornadas violentas. Ante esto, HRW ha comunicado la necesidad urgente de que las fuerzas policiales tengan una reestructuración, pues ha quedado en evidencia la falta de protocolos a la hora de actuar.

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A pesar de que hoy en día los militares ya no se encuentran en las calles de las ciudades, el presidente Piñera ha considerado volverlo a hacer teniendo en cuenta el violento desenlace de muchas de las protestas y los bienes públicos e instalaciones que han sido afectadas.

Los ciudadanos que hoy en día siguen saliendo a las calles y han impedido el regreso a la vida cotidiana en el país, manifiestan su descontento ante los abusos de la Fuerza Pública. El reconocimiento de responsabilidad y las disculpas de Piñera parecen no tener efecto en los ciudadanos. Mucho menos después de que éste anunciara que enviaría un proyecto de ley que permitiera a los militares puedan colaborar con los Carabineros en estos casos, sin necesidad de decretar un estado de excepción.

“Mientras no tengamos paz, ni podamos garantizar el orden público, no vamos a poder avanzar a pie firme”, dijo el Presidente. Esto iría en contravía con los llamados a la paz que ha hecho con anterioridad y ha creado un ambiente de sozobra que los chilenos no pretenden aguantar. Así, el discurso de paz y unión ha quedado opacado por uno de represión y seguridad. Aunque el presidente anunció que éste proyecto no afecta las libertades ni derechos de los ciudadanos, a los manifestantes no les ha gustado la idea.