¿Se aproxima una crisis hídrica en Latinoamérica?

La bursatilización de la vida

Por primera vez en la historia la Chicago Mercantile Exchange (CME) especulará con los precios a futuro del líquido vital para el ser humano. A lo largo de los siguientes años, inversionistas, empresarios y gobiernos de todo el mundo podrán comprar valores cotizados en acre-pie que servirán para cotizar los precios a futuro del agua.

Si bien este mecanismo no afectará la vida cotidiana en los primeros cinco años de operación bursátil, es un preámbulo para que en Estados Unidos se definan los precios futuros del agua, por lo que al haber sequía o escases, la referencia monetaria a la que se recurrirá para comercializar el líquido serán los índices de especulación que se tengan en ese momento.

Aunque actualmente solo se ha hablado de bursatilizar el agua en Estados Unidos, no se debe dejar de lado que diferentes bolsas de valores en el mundo se verán tentadas a implementar este mecanismo, ya que al haber éxito en un mercado específico, se hace natural la imitación a fin de obtener ganancias exponenciales.

La situación hídrica en América Latina

Ante este escenario, es preocupante para muchos países de la región que los precios del agua se definan en el país del norte, pues la mayoría de las economías y el comercio internacional, tienen una amplia dependencia del mercado estadounidense. Por ello, la mejor alternativa de medir el impacto de este tipo de decisiones en nuestra región, es analizando nuestras reservas de agua y atendiendo las potenciales amenazas de escases.

Así, la mejor manera de analizar esta situación, es observando el porcentaje de reservas de agua que se ha utilizado en los países de Latinoamérica, a través del índice Water Stress del World Resources Institute. Este índice mide una escala del 1 al 5, siendo este último un uso total del agua disponible en el país; algunos países de la región suelen estar en rojo, ya que pueden estar gestionando deficientemente su recurso hídrico o puede haber poca disponibilidad de agua.

Lea también: ¿Cómo han manejado otros países de América Latina los desastres naturales?

Chile y México se posicionan como países donde se han utilizado mayormente los recursos hídricos, a través de un 3.98 y un 3.86 de Water Stress respectivamente; los porcentajes correspondientes de estos dos países dan cuenta que han utilizado más del 70% de sus reservas de agua.

Guatemala, Perú, Venezuela y Cuba mantienen un promedio de 2.12 de Water Stress, mientras República Dominicana, Haití, El Salvador, Ecuador, Argentina y Bolivia están entre el 1.75 y el 1.15 de estrés hídrico.

Los países que han utilizado menos del 19% de sus reservas de agua son: Costa Rica, Brasil, Colombia, Belice, Honduras, Panamá, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, siendo estos dos últimos con un uso del 0.2% de sus recursos hídricos.

¿Se aproxima una crisis hídrica?

En una primera visualización, se observa que los países que presentan índices de desarrollo económico más avanzado han utilizado en mayor medida sus recursos de agua; sin embargo, no se entiende esto como escases preocupante del recurso hídrico. Para el caso de México, un Tratado Internacional celebrado con Estados Unidos, le ha permitido abastecer toda la región norte de agua; sin embargo, al no ser considerado una reserva nacional, no se contempla como parte del índice de estrés hídrico.

En Chile, sin embargo la situación es diferente, la mala gestión del agua por parte de las autoridades y el aumento de las actividades agrícolas han hecho que se usen los recursos hídricos nacionales, posicionando a este país con el mayor estrés de la región.

El resto de los países de América Latina no deben confiar que su índice de estrés hídrico pueda salvarlos de futuras especulaciones del precio del agua, ya que la mayoría de ellos mantienen índices de paz cuestionables y tratados de libre comercio que permitirían la inserción de intereses privados y extranjeros en el control del agua.

Ante este escenario, es tiempo que la región utilice los diferentes mecanismos de cooperación multilateral para diseñar un plan que haga cumplir a cabalidad el objetivo 6 de la Agenda 2030, ya sea mediante nuevos marcos normativos de regulación y diseño de políticas públicas que hagan un verdadero cambio estructural en la gestión y uso del agua.