Seguridad en Colombia: la incapacidad estatal de proteger a sus políticos

Durante los últimos años, Colombia ha mejorado en los ránquines de seguridad ante el mundo. Aunque la nación ya no aparezca entre los 20 lugares más peligrosos para viajar, aún se le rotula con la palabra ‘reconsiderar’ al momento de elegir al país como destino turístico, según International SOS. También es cierto que seis ciudades colombianas se encuentran entre las 50 más violentas del mundo, de acuerdo al estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México el año pasado. Todo esto demuestra que el Estado aún tiene mucho qué hacer en tema de seguridad y, aún más, por los miles de amenazados que exigen protección estatal.

Es tanta la necesidad de protección de personas en considerable riesgo que en el 2011 se creó la Unidad de Protección Nacional con este fin. No obstante, este organismo se queda corto para suplir los requerimientos de los individuos que necesitan de seguridad estatal. Según cifras publicadas por el periódico El País, siete mil colombianos cuentan con esquema de seguridad gracias a la UPN de los cuales más de la mitad son líderes sociales, lo que reafirma la falta de garantías para denunciar, y criticar a poderosos políticos y empresas en la nación.

Sin embargo, a las críticas a la falta de efectividad y personal en la UPN se le suman los altos costos para mantener los esquemas de seguridad de todas las personas que lo tienen, desde políticos, expresidentes, miembros del gobierno hasta líderes sociales y testigos en casos judiciales muy puntuales. Aunque se entiende que el Estado debe garantizar la seguridad a sus ciudadanos e individuos considerados objetivos por el crimen organizado, también se critica el exceso de seguridad que tienen algunos y que les falta a otros.

¿Proteger solo a algunos? La conveniencia para decidir a quién sí y a quién no

Uno de los personajes de los que más se habla cuando se toca el tema de esquema de seguridad es Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, quien gobernó la nación por ocho años y el cual fue declarado objetivo militar por las FARC desde el día uno de su mandato. Según datos de la Policía Nacional, la seguridad de Uribe la conforman 152 escoltas, 102 policías, 80 militares, además de vehículos y motocicletas, dando como resultado más de 15 mil millones de pesos anuales destinados a su seguridad.

Este tema será de uno de los que más se hable, al menos durante el mes de mayo, gracias a las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Mancuso aseguró que cuando Uribe era presidente le retiró el esquema de seguridad al alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, para que los grupos paramilitares lo asesinaran sin esfuerzo alguno. Cabe recordar que Díaz, un mes antes, había denunciado explícitamente amenazas y profetizó su propia muerte al mismo Uribe en un consejo comunal. Este contraste entre las personas protegidas y las que requieren protección demuestra la incapacidad que el Estado colombiano ha tenido desde hace muchas décadas para proteger a todo el que lo necesite.

Paralelamente, otro caso de ‘derroche’ de recursos en seguridad envuelve a la actual vicepresidenta Francia Márquez, quien ha sido férreamente criticada por la opinión pública conservadora y moderada por el ‘exceso de seguridad’ que tiene en su haber por el uso de un helicóptero, que cuesta 2.6 millones la hora, para desplazarse a su residencia en Valle del Cauca. Esto causó revuelo entre los opositores al gobierno de Petro. Sin embargo, la inversión en seguridad que Márquez requiere para viajar a su departamento natal, Cauca, que cuenta con más de 200 policías, está avalado y argumentado desde la Fiscalía, ya que Márquez no puede ingresar sin seguridad estatal a este territorio por amenazas constantes. Esto genera un debate entre asegurar la libertad de la vicepresidenta y conseguir medidas que permitan reducir costos.

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Más allá de los grandes personajes

De acuerdo a lo expuesto por la Unidad de Protección Nacional, a la cabeza de Augusto Rodríguez, desde enero de 2019 a enero de 2023 más de 49 mil líderes sociales han registrado solicitudes para su protección y las de sus familias por amenazas provenientes de grupos armados y crimen organizado. Mayoritariamente, se solicitan por temas relacionados con activismo ambiental y libertad de prensa. Adjunto, el organismo expresó que, en el mismo rango de tiempo, se realizaron más de 14 mil medidas de seguridad y casi cinco mil personas quedaron protegidas bajo esta entidad, todas excombatientes del conflicto armado. Esto con el fin de evitar los asesinatos sistemáticos como los realizados a la Unión Patriótica en la década de los noventa.

La UNP también destacó su actuar en la protección a 152 periodistas, 377 reclamantes de tierras, 3.820 defensores de derechos humanos y más de mil individuos pertenecientes a asociaciones indígenas, sindicales y afrocolombianas. Los denominados ‘héroes anónimos’ por sus contribuciones a denunciar y mejorar la calidad de vida de sus comunidades son los más protegidos y perseguidos por el crimen organizado en la nación.

La relación precio – efectividad de los esquemas de seguridad: una crítica latente

De acuerdo al medio nacional RCN, la inversión de cada esquema de seguridad depende de la persona a quién se está protegiendo y lo que la UPN disponga para la misma. Aun así, los precios para 2022 eran los siguientes: para el mantenimiento de un carro, con combustible incluido, el precio rondaba los 12 millones de pesos, unos 2.600 USD; una camioneta blindada más mantenimiento costaba más de 18 millones, casi cuatro mil dólares; y los servicios de un escolta pueden estar entre 2 y 2.4 millones de pesos al mes (400-500 dólares aproximadamente), de acuerdo a su rango.

A pesar de este dineral, la UPN se queda corta al no cumplir con su labor, incluyendo a su propio director, Augusto Rodríguez, quien sufrió un atentado el pasado mes de marzo. Se podría considerar que la ineficiencia de este organismo demuestra que la inseguridad está acorralando a la sociedad cada vez más. Además, a quienes se les garantiza la seguridad estatal podrían estar en un peligro mayor del ciudadano de a pie, considerando que, a pesar de que Colombia se recupere lentamente de su pasado violento, este no ha podido erradicarse.