Ser líder social en Colombia tiene precio

El pasado 14 de diciembre, se pudo ver en los medios de comunicación colombianos una imagen perturbadora: alrededor de 20 personas vestidas de blanco que lucían una máscara blanca. No eran terroristas, grupos ilegales ni miembros de algún grupo. Eran líderes sociales del Bajo Atrato y Urabá denunciando las amenazas de muerte que pesan sobre sus vidas.

“Por defender la posibilidad de tener una vida digna estamos viviendo en la violencia, por favor necesitamos que nos escuchen, ¿hasta cuándo vamos a estar así?”, afirmó uno de los líderes.

Este grupo de personas viajó a Bogotá para denunciar que la violencia ha llegado a callar incluso a las autoridades locales y a exigir que se realicen acciones que les permitan volver a sus territorios en tranquilidad. Llegaron a denunciar que, si el Gobierno no actúa y mantiene su discurso actual, ninguno tiene su vida garantizada: “Nos están matando de a uno por uno. El Gobierno tergiversa la situación, dice que se trata de ajustes de cuentas, ¿pero qué cuentas tenemos nosotros con ellos?”, asegura otro líder enmascarado.

¿Por qué los matan?

En sus denuncias aseguran que no son solo los grupos armados, específicamente las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes los persiguen, sino también “empresarios de palma, ganaderos, mineros y bananeros”. El motivo de la disputa es el mismo que ha atormentado al país durante siglos: el territorio. Muchos de ellos llevan más de 20 años intentando regresar a sus tierras y esta continúa lucha los ha puesto en la mira de muchas personas que buscan seguir teniendo el control sobre este territorio.

La mayoría de los asesinatos, según la Defensoría del Pueblo, son para personas que desarrollaban organización comunitaria y derechos de área rural, mientras otros tantos, eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. De igual forma, según la Defensoría, los ataques contra los líderes están relacionados con la defensa de territorios étnicos, la oposición a la expansión de la minería y la agroindustria, y las denuncias sobre el problema de la tierra.

¿Qué está pasando?

En el país, la situación no podría ser más desoladora. A los líderes los matan en el norte (como a Hernán Bedoya a inicios de diciembre), en el sur (como a José Jair Cortés), en el centro (un ejemplo reciente es el de Liliana Astrid Ramírez) y en el noroeste (como el caso de Liliana Patricia Cataño). No están a salvo en ninguna parte.

Ni siquiera se ha podido consolidar una cifra que dé cuenta de la verdadera situación de los líderes sociales. El ACNUR asegura que este año han asesinado a 80 líderes sociales, Indepaz sostiene que son 137, el programa Somos Defensores señala a 90 casos y Marcha Patriotica segura que son 127. Más increíble aún, los números que maneja el Gobierno son bastante diferentes. Según el Ministerio de Defensa, solo se han registrado 54 casos.

Además de esto, se suman las múltiples quejas a las medidas de protección otorgadas por el Estado: un celular con minutos, un chaleco antibalas y un escolta. Un celular al que muchas veces no le entra señal porque en sus territorios no hay. Un chaleco antibalas que no está al alcance cuando los atacan en medio de la noche, probablemente antes de dormir. Unos escoltas que deben dormir en los pueblos más cercanos, lejos de los supuestos protegidos.

“Nos han hecho amenazas directamente y que si estamos un día más en el territorio no responden por la vida de ninguno de nosotros”, declaró uno de los líderes al portal Contagio Radio.

¿Qué dice el Gobierno?

Por todo lo anterior, la petición de los líderes fue una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el vicepresidente Óscar Naranjo para que les den una solución clara para las amenazas, además de que agilicen los procesos judiciales que les permitan recuperar sus tierras.

De hecho, la alta impunidad es otro factor que favorece la violencia. Según Somos Defensores, hay un nivel de impunidad del 87% en 458 crímenes contra defensores de derechos humanos entre 2009 y 2016. De estos crímenes, solo hay 28 condenas, 26 en juicio y 27 en imputación de cargos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en una entrevista con Noticias Uno, insiste que estos asesinatos no son sistemáticos y que “en su inmensa mayoría los asesinatos de líderes son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de reivindicación, de peleas por rentas ilícitas”.  Además, el propio ministro aseguró que “sería el primero en denunciar la sistematicidad. Si tuviera alguna información de que hay una organización dedicada a asesinar líderes, yo lo diría”.

Por su parte, el portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, William Spindler, aseguró que “vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos). En muchos casos la actividad criminal se ha incrementado en el último caso porque el vacío dejado por la desmovilización de las FARC no ha sido llenado por el Estado”.

Además, la fundación Paz y Reconciliación asegura que, aunque no hay un estándar en los responsables, sí hay patrones en las víctimas: líderes asociados a actividades en contra de las economías ilícitas, defensa del medio ambiente, procesos de restitución de tierras o reparación de víctimas.

La situación no es solo preocupante, es desesperanzadora. Cada semana, alguien más se suma a la lista y los defensores se ven en una encrucijada de la que es difícil salir. Resulta más fácil cubrirse el rostro que retomar su vida. Además, las implicaciones de esta violenta y dramática situación son claves y preocupantes mientras el país se encuentra de cara al pos-acuerdo y el Gobierno busca poner en marcha los procesos acordados con las FARC.

Latin American Post | Dayana Martinez

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