¿Y qué pasó con Ayotzinapa?
En 2014 desaparecieron en la ciudad mexicana de Iguala 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Según lo que se sabe, tanto el ejército como la policía son responsables de la desaparición forzada de dichos estudiantes en un enfrentamiento donde hubo seis muertos y 25 heridos. Pues bien, algunos de los jóvenes se dirigían hacia la Costa chica de Guerrero donde harían sus prácticas y otros irían a Ciudad de México a participar en la marcha conmemorativa del 2 de octubre para recordar al movimiento estudiantil que en esa fecha en 1968 fue reprimido por el Estado mexicano.
Evidentemente ninguno de ellos logró llegar a donde tenía pensado, puesto que los dos buses en los que viajaban fueron detenidos por la policía de Iguala. Bajo órdenes del alcalde José Luis Abarca fueron detenidos con el apoyo de la policía de Cocula, un municipio cercano. El motivo: Abarca asumió que los estudiantes querían sabotear una celebración por las labores de su esposa María de los Ángeles Pineda, ex directora municipal del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Hoy ella se encuentra presa por nexos con narcotráfico y, al igual que su esposo, por su presunta responsabilidad en los asesinatos y desapariciones del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los avances desde ese entonces han sido pocos. En 2015 la ONU expresó su preocupación ante las desapariciones forzadas, afirmando que en México es “normal” que agentes del Estado participen en las mismas. La cifra de desaparecidos en dicho país es de más de 30 000, aunque en abril de este año se aprobó, luego de mucho tiempo, la ley para tratar esta materia. Aun a pesar de este avance, los 43 normalistas de Ayotzinapa permanecen en la sombra, lo que ha generado muchas críticas a nivel internacional.
Hoy las cosas no parecen haber mejorado mucho. De hecho, la CIDH criticó recientemente “la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación”. Y no es para menos: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, bajo el amparo de la CIDH, estuvo en México investigando los hechos y sus conclusiones (2016) fueron bastante decepcionantes. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue acusado por el grupo de obstruir su investigación, pues sus solicitudes, entrevistas e investigaciones por parte del Estado y demás, se vieron constantemente aplazadas y enlentecidas.
Algunos detenidos, que en su mayoría pertenecen al cartel los Guerreros Unidos, declararon que los jóvenes habían sido secuestrados e incinerados en el basurero de Cocula (pueblo vecino de Iguala), para luego lanzar sus cenizas a un río cercano. No obstante, los estudiantes sobrevivientes negaron esta versión considerada la oficial. A partir de esto la GEI realizó una serie de recomendaciones al Estado, entre estas se encontraba el difundir sus conclusiones en el país. Más de un año después de esto, la CIDH declaró con preocupación que se sigue legitimando la hipótesis del basurero que fue negada por las víctimas.
Finalmente, la GIEI dejó en claro que hay demasiados detalles que siguen sin esclarecerse y en este momento, cercanos a cumplirse los tres años de la tragedia, los hechos siguen siendo confusos, los jóvenes continúan ausentes, la gente sigue protestando por la verdad y el gobierno se mantiene en silencio.
LatinAmerican Post | María Pía Wohlgemuth Neira
