Asesinato masivo de líderes: ¿Cuántas muertes tienen que haber?

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Las preocupantes cifras de los asesinatos de  líderes sociales y la respuesta no certera del gobierno colombiano deja un escenario preocupante para los defensores

No hemos llegado ni a la mitad del mes y ya van 6 líderes sociales asesinados. Gilberto Valencia, Jesús Adier Perafán, José Solano, Wilmer Antonio Miranda, Wilson Pérez y Martiza Quiroz Leiva fueron callados por hombres armados, que están detrás de un objetivo mucho más oscuro y cruel.

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Desde el año pasado, los asesinatos (que parecieran sistemáticos) han sido denunciados por organismos como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), que manifiesta que desde enero de 2018 hasta el 17 de noviembre de ese mismo año, alrededor de 226 líderes sociales fueron asesinados en diferentes partes de Colombia. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo manifestó que en el 2018 solo sucedieron 164 casos.

Si bien las cifras no coinciden, una cosa es clara: los líderes sociales que abogan por los derechos de comunidades, del medio ambiente, uso de cultivos ilícitos, entre otros, están siendo asesinados y la protección otorgada por el gobierno no está sirviendo para nada.

Es importante recordar que ante el Acuerdo Final con las Farc, se pidió la creación de un cuerpo élite de la Policía que tiene como función “prevenir, anticipar, proteger o realizar investigaciones criminales ( en conjunto con otras organizaciones) y que se convierte en la respuesta del Estado para desmantelar las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que vienen atentando contra defensores de los derechos humanos y líderes sociales y políticos”, como lo recuerda El Colombiano.

Sin embargo, una de las fallas está en que no solo sirve “prevenir, anticipar, analizar, investigar”; no solo basta con recopilar cifras y realizar un análisis de quienes podrían ser los presuntos culpables, de qué bando pertenecen, en fin. Si bien es una solución a largo plazo, no satisface la necesidad inmediata de emitir una protección contundente frente a los líderes sociales.

¿Cuántas más muertes tienen que haber para que existan unas medidas contundentes? Existe una clara persecución a los líderes, sobretodo a aquellos que luchan por la restitución de tierras, los que velan por la que en las tierras ya no se usen para el cultivo con fines ilícitos. Es evidente que en donde vive un líder social no existen garantías ni protección. Si es así con los defensores de las comunidades, el peligro aumenta y se vuelve otro pretexto para asesinarlos, una vez intentan incursionar en la política.

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Ni el Cuerpo Élite funcionó en la era Santos, ni la creación del Plan de Acción Oportuna (PAO) creado en la era Duque para tratar de seguir con la línea imaginaria de protección hacia los líderes, lo hace. No están cumpliendo su objetivo principal que según Duque es “No querer impunidad en estos hechos y querer trabajar en la prevención de manera acertada”. Así se presenten cifras de capturados argumentando que se está haciendo algo, hasta que no se capture a quien decrete las órdenes, el cerebro detrás de la acción, esas cifras y análisis no servirán de nada.

La otra parte oscura del panorama, es que pareciera que el actual presidente Iván Duque no le importara para nada el constante asesinato de líderes sociales. Desde principio de año está más presente en asuntos internacionales que en los nacionales. Para el presidente pareciera que la crisis que enfrenta Venezuela fuera más importante que la muerte de los líderes sociales.

Está tan desconectado de la realidad, que las personas encargadas de manejar el asunto de los líderes sociales fueron, el ministro de Defensa, Guillermo Botero ( el mismo que dijo que las protestas populares debían ser reprimidas y prohibidas); la ministra de Interior, Nancy Gutiérrez ( quien dijo que es importante analizar y recopilar las cifras de los asesinatos) y el Comisionado de la Paz Miguel Ceballos (quien más que ayudar a la paz, entorpecido todo el proceso).

Otra vez el presidente erró en la designación de personas a cargo, de un asunto tan delicado. No sirve que se escuden en que los asesinatos pasaron en “zonas complejas”, o que la Unidad Nacional de Protección (UNP) hace todo lo posible por responder a todas las solicitudes y debido a esto “atender la situación es muy complicado”.

Los líderes sociales necesitan una protección mayor, necesitan que el problema sea cortado de raíz, necesitan que el estado les garantice sus derechos, algo que debió pasar desde la primer muerte presentada.

Los colombianos que nos preocupamos por eso, sabemos la importancia de los líderes sociales en el país, porque son el reflejo claro del abandono por parte del Estado en zonas lejanas, donde el gobierno no tiene ningún interés. Por eso no nos quedamos callados, y exigimos que los líderes sociales sean escuchados, atendidos, pero sobre todo que acaben con los asesinatos.

LatinAmerican Post | Laura Viviana Guevara Muñoz