Colombia: las instituciones del Estado deben velar por su credibilidad
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Las recientes decisiones por parte de algunas instituciones de Colombia han generado un enfrentamiento que atenta contra su propia estabilidad
En las últimas semanas se ha despertado en Colombia una fuerte tensión política. El pasado martes 15 de mayo, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, presentó su renuncia al cargo tras conocerse la decisión tomada por parte de la JEP de dejar en libertad al excomandante de las Farc, Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Esto generó lo que muchos han llamado una 'crisis institucional' y hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que las instituciones del país entran en enfrentamientos innecesarios que desestabilizan al Estado mismo.
El caso de la JEP
La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) es un órgano judicial creado dentro del marco de los acuerdos de paz y tiene como propósito investigar y juzgar todos los crímenes de guerra y lesa humanidad del Conflicto Armado. Es importante señalar que hace parte de las instituciones judiciales de la Constitución y por lo tanto está amparada por la constitucionalidad. En el caso de Santrich, no fue extraditado porque según la JEP, las pruebas presentadas en el caso no eran suficientes para demostrar su culpabilidad. Minutos después de su libertad, fue capturado de nuevo y puesto en custodia.
Las acciones de la JEP fueron inmediatamente cuestionadas por la Fiscalía y por varios sectores políticos que consideran que la institución se extralimitó en su poder. Por otro lado, la decisión de Martínez fue aplaudida por el gobierno y por aquellos que son críticos hacia los acuerdos de paz. Para otros, se trató de una falta de respeto para la constitucionalidad.
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¿Cuál es verdadero problema?
Más allá de la renuncia del funcionario de uno de los cargos gubernamentales más importantes del país, estos hechos demuestran que hay una fuerte polarización entre las instituciones y que esto está generando que haya un enfrentamiento que puede llegar a afectar a grandes rasgos la credibilidad del Estado y sus instituciones. Más relevante aún es cuestionar de dónde surge esa polarización, pues es evidente que detrás de estas rivalidades hay un conflicto de poderes que se genera desde los representantes mismos de dichos entes. El problema entonces pasa a ser una lucha de intereses que pueden llegar a ser incluso personales a tal punto que sus representantes terminan atacándose y difamándose mutuamente.
Independientemente de las decisiones que tome un ente velado por la Constitución, no se puede llegar a que las instituciones se ataquen mutuamente para probar sus puntos y argumentos, mucho menos deben llegar a atacarse personalmente los representantes de estas. Es claro que existe una brecha entre entes del Estado, pero estas deben ser mediadas y, de no estar de acuerdo con las acciones de una de ellas, se debe recurrir a las instancias legales para rebatir las decisiones judiciales, teniendo en cuenta que ese es su derecho y que deben acceder a él.
En LatinAmerican Post consideramos que es deber del Estado evitar a toda costa que este tipo de hechos se generen pues pueden causar una crisis política o jurídica; además, y sobre todo, debe velar por su propia estabilidad y credibilidad pues este tipo de hechos dejan en entredicho que no hay un común funcionamiento en el Estado.
LatinAmerican Post | Equipo editorial
