El indulto a Honduras expone la hipocresía del norte en interminables y fallidas guerras contra las drogas
Cuando Donald Trump indulta a Juan Orlando Hernández, un ex presidente hondureño condenado por narcotráfico, envía una señal a una región agotada por las guerras antidrogas y la interdicción caribeña. Al mismo tiempo, los mayores consumidores de cocaína del mundo siguen cómodamente al norte del Río Bravo.
Un indulto escrito sobre una “guerra” rota
El 1 de diciembre, según su esposa Ana García, el ex presidente Juan Orlando Hernández “volvió a ser un hombre libre”. No han pasado ni dos años desde su extradición a Nueva York el 21 de abril de 2022, y apenas cinco meses desde que un tribunal en Estados Unidos lo sentenció el 26 de junio de 2024 a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico. El primer ex presidente hondureño condenado por narcotráfico en una corte estadounidense sale repentinamente en libertad gracias a un indulto presidencial. Para un país que ha visto a sus jóvenes desaparecer en carteles, caravanas o tumbas, la imagen es devastadora.
Trump no se limitó a firmar y pasar la página. Afirmó que el gobierno del ahora ex presidente Joe Biden había “tendido una trampa” a Hernández, insistiendo en que, a ojos de “muchas personas” a quienes respeta, el hondureño había sido tratado “muy severamente y muy injustamente”. En una carta deferente a Trump, Hernández recordó la estrecha cooperación bilateral durante su primer mandato y colmó de elogios al presidente estadounidense. El intercambio se lee menos como justicia y más como trueque político. El hombre que alguna vez fue presentado como el aliado modelo de Washington en Centroamérica —y luego procesado en Nueva York como conspirador en una red de tráfico de cocaína— es rehabilitado no porque los hechos hayan cambiado, sino porque cambiaron los vientos políticos.
Visto desde América Latina, esto no solo es polémico; es profundamente problemático. Es un pésimo ejemplo ante una “guerra contra las drogas” de décadas librada principalmente en nuestro suelo, desde aguas del Caribe patrulladas por buques extranjeros hasta polvorientas carreteras interiores llenas de retenes. Investigaciones publicadas en la International Journal of Drug Policy han demostrado una y otra vez que la interdicción de mano dura —especialmente a lo largo de las rutas entre Centroamérica y el Caribe— hace poco para reducir el flujo total de cocaína, mientras intensifica la violencia, el desplazamiento y la corrupción institucional en países productores y de tránsito. Bajo esa luz, liberar a un político acusado de ayudar a mover más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos hace más que liberar a un hombre; es una burla para cada comunidad que ha pagado el precio de este fracaso militarizado.
La larga sombra de los años narco-Estado de Honduras
Para entender por qué esta decisión duele tanto en Honduras, hay que rastrear el ascenso de Juan Orlando Hernández. Antes de la presidencia, fue presidente del Congreso Nacional de 2010 a 2014. En noviembre de 2013, ganó la presidencia bajo la bandera del Partido Nacional en medio de persistentes acusaciones de fraude por parte de la oposición. Cuatro años después, en 2017, buscó la reelección apoyándose en una interpretación de la Corte Suprema que ignoró de hecho una Constitución que prohíbe expresamente la reelección presidencial “bajo cualquier modalidad”. El resultado fue un segundo mandato nacido bajo una nube de ilegitimidad y seguido por protestas violentas en todo el país.
El líder opositor Salvador Nasralla lo acusó de robarse tanto las elecciones de 2013 como las de 2017, primero como cabeza del Partido Anticorrupción y luego nuevamente como candidato presidencial. Esos doce años de gobierno del Partido Nacional —cuatro bajo Porfirio Lobo, ocho bajo Hernández— finalmente terminaron en 2021, cuando Xiomara Castro de Libertad y Refundación (Libre) ganó las elecciones generales. Su partido ahora denuncia el indulto de Trump y su llamado directo a respaldar al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, también del Partido Nacional, como una burda “interferencia” extranjera. Una vez más, la lucha interna por dejar atrás un orden político desacreditado choca con juegos de poder decididos muy al norte.
En Nueva York, los fiscales acusaron a Hernández de recibir dinero del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar campañas fraudulentas, a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. El 26 de junio de 2024 se convirtió en el primer ex presidente de Honduras sentenciado allí por narcotráfico. Su hermano, el ex diputado Juan Antonio “Tony” Hernández, ya cumple cadena perpetua por narcotráfico en el mismo país. En casa, un juez de Tegucigalpa emitió una orden de captura en diciembre de 2023 por su incomparecencia en un caso de corrupción conocido como “Pandora”, que también involucró al ex presidente Porfirio Lobo y otros funcionarios por presunto fraude y abuso de autoridad.
Durante todo su juicio, Hernández protestó su inocencia, argumentando que la justicia estadounidense se había aliado con narcotraficantes que lo acusaron por venganza, precisamente porque su gobierno aprobó la extradición a Estados Unidos. Incluso esa defensa revela la paradoja más profunda. Durante años, Honduras fue presentado como socio leal: un país dispuesto a extraditar a los suyos, avalar medidas de seguridad duras y permitir operaciones antidrogas extranjeras en su espacio aéreo y aguas. Académicos que escriben en la Latin American Research Review han descrito este patrón como la creación de “narco-Estados”, donde las élites políticas abrazan públicamente las agendas de seguridad de EE.UU. Al mismo tiempo, redes de corrupción y tráfico siguen operando en las sombras. La condena de Hernández en 2024 parecía, para muchos, una corrección tardía y parcial. Su indulto ahora sugiere que incluso ese mínimo ajuste es negociable.
Demanda del norte, sacrificio del sur
El momento del indulto revela su corazón político. Trump lo anunció un viernes, pocos días antes de que Honduras volviera a las urnas, y lo acompañó de un apoyo explícito a Nasry “Tito” Asfura, prometiendo “mucho apoyo” para el país si el Partido Nacional prevalece. El mensaje es directo: alinéate con el bando correcto en Washington y hasta una condena de 45 años por narcotráfico puede desaparecer; pierde el favor y la extradición se convierte en un instrumento de escarnio público. Como señala la investigación en el Journal of Latin American Studies, la política antidrogas de EE.UU. ha oscilado a menudo entre la postura moralista y el pragmatismo duro, castigando severamente a algunos actores mientras extiende flexibilidad a otros cuya utilidad política supera sus pecados.
Todo esto ocurre mientras la geografía del consumo sigue siendo obstinadamente desigual. Estudios citados en World Development y la International Journal of Drug Policy subrayan que la mayor demanda de cocaína se concentra en Estados Unidos y partes de Europa, no en Tegucigalpa, San Pedro Sula o La Ceiba. Sin embargo, es en los ríos hondureños y las costas del Caribe donde aparecen los radares y patrullas armadas; son los jóvenes hondureños quienes desaparecen en rutas de tráfico o mueren en operativos policiales y militares; son los migrantes hondureños quienes cruzan el Suchiate y el Río Bravo cargando las cicatrices de una guerra declarada en otro lugar.
En ese contexto, la clemencia otorgada a Juan Orlando Hernández se convierte en un caso de libro de texto sobre la hipocresía del norte. Durante más de cuatro décadas, la “guerra contra las drogas” ha justificado campañas antidrogas en el Caribe, fumigación aérea y la criminalización de comunidades enteras en América Latina: las cárceles de Honduras rebosan de correos de bajo nivel y vendedores de barrio. Las familias lloran hijos e hijas atrapados entre pandillas, fuerzas estatales y el hambre. Y ahora, uno de los políticos más asociados con la era narco-política del país camina libre gracias a una firma en Washington.
Desde una perspectiva latinoamericana, mi postura es inequívoca. Este indulto es un precedente horrible y peligroso en una región ya agotada por una guerra que no inició ni controla. Enseña a las sociedades centroamericanas que su “cooperación” puede ser descartada cuando deja de servir a intereses electorales del norte. Al mismo tiempo, los principales consumidores de cocaína en el Hemisferio Norte siguen gozando de impunidad como demanda anónima en los informes oficiales.
El daño no solo se contará en cables diplomáticos. Aparecerá en los chistes amargos de los hondureños que ven, una vez más, que la justicia es maleable; en el silencio de las familias que perdieron a sus seres queridos a manos de traficantes o en operativos de seguridad justificados en nombre de esta guerra; en el escepticismo de cualquier futuro gobierno al que se le diga que confíe en la extradición, la militarización y la interdicción en el Caribe como caminos hacia el orden. La “guerra contra las drogas” ya estaba llena de contradicciones. Al indultar a Juan Orlando Hernández, Donald Trump ha convertido esas contradicciones en una herida abierta, que sangra primero en Honduras, mucho antes de que alguien en Estados Unidos sienta siquiera un escozor.
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