El derecho a la vida termina siendo motivo de discordia en actos delictivos

El derecho a la vida termina siendo motivo de discordia cuando se cometen actos delictivos

A través de su historia, Colombia ha sido testigo de sucesos violentos, muchos de ellos han sido hacia menores de edad. Según las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a diario la entidad registra 66 casos de violencia contra menores. Estos pasan por maltrato verbal y psicológico, negligencia por parte de los progenitores o cuidadores, hasta abuso y explotación sexual, comercial y trata de personas.

Hace una semana, en el municipio de Fundación, Magdalena, un hombre asesinó a Génesis Rúa, una niña de 10 años de edad. Después de lo sucedido, los ánimos de la población enardecieron, llevando a cabo la destrucción de la vivienda e incineración del vehículo utilizado por éste hombre para trabajar. Todo esto por la indignación e intentando tomar la justicia por sus propias manos.

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En imágenes de medios visuales, se puede observar cómo en la captura del personaje uno de los policías presta al agresor su casco por miedo a que habitantes del sector arremetan contra él.

Esta es una imagen similar a la de Rafael Uribe Noguera años atrás, cuando lo sacaron de la Clínica Navarra custodiado por varios agentes del Escuadrón Antidisturbios, por miedo a que la rabia de un grupo numeroso de manifestantes lo atacaran a causa de la indignación generada por homicidio y actos en contra de la niña Yuliana Samboní de tan sólo 7 años.

¿Pero cómo es posible que un personaje que ha cometido delitos tan graves y deplorables sea custodiado, resguardado y protegido con tanto celo y cuidado como si sus acciones no hubiesen provocado daño alguno? Esta respuesta la da la fiscalía, que es el mecanismo de control encargado de judicializar a personas que llevan a cabo actos delictivos.

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Entre las funciones y los deberes de este ente se encuentra el respetar los derechos fundamentales  de las personas y como la constitución lo incluye en el capítulo primero artículo 11, "El derecho a la vida es inviolable". De manera que, independiente del delito o los actos cometidos, sobre cualquier cosa priman los derechos e integridad de la persona.

Teniendo en cuenta lo anterior, el pensamiento de muchos de los colombianos de que tal vez es otro de los desaciertos de la justicia en Colombia, termina siendo completamente erróneo, pues como se aclara en este escrito es algo ya establecido en la constitución respecto al derecho a la vida tanto para la víctima como para el victimario.

Ya el castigo para el segundo termina estando en manos de quienes llevan a cabo todo el proceso y de quienes como tal tienen el deber de impartir justicia.

LatinAmerican Post | Ana María Aray

* La opinión del redactor no representa la del medio

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