El 23 de febrero se presentó un tiroteo que conmocionó al país azteca

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución más grande del país, ha sido alcanzada por la creciente inseguridad. Un tiroteo, ocurrido el 23 de febrero en Ciudad Universitaria (el campus principal), dejó un saldo de dos muertos. Las investigaciones apuntan a que el hecho se relaciona con el expendio de drogas. La situación ha reactivado el debate sobre la seguridad al interior del campus y en la Ciudad de México, lugar donde se ubica.

La venta de drogas en este campus, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ha sido denunciada constantemente por alumnos y académicos, sin que las autoridades de la capital hayan dado alguna solución al respecto. El tamaño del campus es de 7 km2, por lo que gestionar y garantizar la seguridad en la totalidad del campus es una tarea titánica, especialmente en territorio abierto.

El narcomenudeo ha crecido en la última década y la situación empeora debido a la incapacidad de la universidad de combatirla. La institución no cuenta con seguridad profesional armada, lo que hace difícil la situación. Culturalmente, la policía como institución es mal vista en la universidad. Por esta razón, erróneamente los alumnos consideran que las autoridades no pueden ingresar al campus, sobre todo tras la larga huelga estudiantil de 1999 que fue terminada de forma violenta.

El problema es serio, las medidas de seguridad implementadas por la universidad no agradan a los alumnos. Estos últimos protestan contra el uso de cámaras de seguridad, el ingreso con credencial (la mayoría de las facultades no la solicitaba), el enrejado de las facultades y el ingreso de la policía. Mientras la universidad trata de dar solución con sus recursos, pese a la oposición, siguen creciendo los delitos en sus instalaciones: suicidios, homicidios, tiroteos, asaltos, violaciones y narcomenudeo, lo que deja desprotegido a los alumnos, académicos y personal que labora.

El tiroteo del 23 de febrero solamente agrava la situación y pone de manifiesto que se requiere una solución de largo plazo. El hecho se suma al de una profesora herida en días previos a las afueras de otro campus de la misma universidad, en las afueras de la ciudad. Otro caso es el del alumno que desapareció varios días después de ser “levantado” por policías de la ciudad, que no cumplieron los protocolos. Este hecho sigue sin ser aclarado aún.

La indignación con las autoridades ha crecido, el año pasado el cuerpo de una mujer fue encontrado en el campus causando polémica porque las autoridades la culparon por «haberse puesto en riesgo». Las autoridades determinaron que se había suicidado y posteriormente culparon a la pareja que fue detenida. Por estos hechos surge la apatía de la comunidad universitaria hacia las autoridades. 

Si la universidad quiere tener mayor control de la seguridad en sus instalaciones, ésta requiere el apoyo de las autoridades y sobre todo el de la comunidad universitaria. El apoyo es necesario para detener la demanda de drogas, como para aceptar o proponer medidas de seguridad que reduzcan el riesgo de ser víctimas de la inseguridad. Mientras tanto el debate seguirá abierto.

Latin American Post | Luis Liborio