Puertorriqueños protestan contra expansión militar, advierten sobre déjà vu en Vieques

Las protestas de la semana pasada en Puerto Rico contra una nueva oleada de operaciones militares estadounidenses apenas recibieron respuesta de las autoridades ni de los medios principales. Para los residentes de Vieques y Culebra, ignorarlas es arriesgarse a reabrir las heridas de la contaminación, el cáncer y el desdén colonial.

Una ola de protesta: funcionarios hicieron como que no escuchaban

Si la visibilidad es poder, las marchas de la semana pasada en Puerto Rico chocaron con un muro de silencio. Organizadas por Madres contra la Guerra, cientos de personas se reunieron para rechazar la expansión de la actividad militar de EE.UU.: desembarcos anfibios, operaciones aéreas y la llegada inminente de diez cazas F-35.

Pero la respuesta oficial se inclinó hacia la seguridad, no hacia la salud. “Esto apenas comienza”, declaró la gobernadora Jenniffer González tras recibir al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, prometiendo un “reposicionamiento” de fuerzas para combatir el narcotráfico y llamando a Nicolás Maduro “el líder del cartel en Venezuela”, según informó EFE.

Lo no dicho: qué significan esos despliegues para comunidades ya marcadas por la militarización. “Causa ansiedad, nervios, malestar, sabiendo cómo nuestra comunidad ha sido directamente afectada por la militarización del archipiélago”, dijo Ilandra Guadalupe Maldonado, de 27 años, natural de Vieques e integrante de la Alianza de Mujeres Viequenses, que en su momento demandó a Washington por violaciones a los derechos humanos ligadas a los ejercicios de la Marina. “No me gustaría pensar en una repetición de la historia”, declaró a EFE.

Voces como la de Maldonado debieron encabezar los noticieros. En cambio, quedaron relegadas a los márgenes, como si el déjà vu no fuera razón suficiente para detenerse.

La historia no es pasado en Vieques y Culebra

Para entender la urgencia de las protestas, hay que recordar la larga lucha que terminó hace apenas dos décadas. Durante seis décadas, la Marina de EE.UU. trató a Vieques y Culebra como campos de tiro, alquilándolos a otros países, detonando municiones reales y dejando toxinas enterradas en la tierra y los arrecifes.

Vieques, la Isla Nena, aún lleva la carga: la mayor prevalencia de cáncer en Puerto Rico, que sus residentes vinculan directamente a los años de bombardeos. “Seis décadas de militarización nos han dejado con tierras contaminadas, gente contaminada, educación, cultura, identidad fracturadas —la lista es larga”, dijo Maldonado a EFE.

La Marina no se fue voluntariamente. En 2003, fue expulsada por años de desobediencia civil masiva y no violenta: ciudadanos acampando en zonas de tiro, llenando cárceles, uniéndose más allá de los partidos. “Cuando la Marina salió de Vieques y cerró sus bases militares, no fue voluntariamente”, recordó Adrián González, senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). “Fue una lucha cívica y pacífica, donde no se derramó ni una gota de sangre”, declaró a EFE.

Sin embargo, los residuos permanecen. La limpieza avanza lentamente, aún hay bombas sin explotar en los campos, y la confianza es frágil. En ese contexto, una nueva militarización se siente menos como estrategia que como la reapertura de una herida que nunca sanó.

Nueva expansión, viejos argumentos

Los defensores la presentan como necesaria contra drogas y pandillas. La gobernadora González insiste en que Puerto Rico está “comprometido con esta lucha contra el narcotráfico”, ofreciendo la isla como centro logístico militar de EE.UU. para el Caribe. Pero los costos no son abstractos. Los desembarcos anfibios y los vuelos supersónicos transforman costas y cielos con la misma contundencia con que antes lo hacían las bombas.

Como señaló EFE, críticas como las de Sonia Santiago, portavoz de Madres contra la Guerra y madre de un veterano de Irak, advierten que Puerto Rico vuelve a ser utilizado como trampolín para intervenciones. “Denunciamos la presencia de bases militares en Puerto Rico y que se use a Puerto Rico para invadir países latinoamericanos”, dijo Santiago.

El senador González fue aún más tajante: “El Ejército practica para matar y no queremos que nuestros patios sean eso”, declaró a EFE. No son consignas ideológicas, sino lecciones aprendidas tras generaciones de exposición.

Y la isla dista de estar desmilitarizada. Incluso después de 2003, continuaron operaciones en Fort Buchanan, Fort Allen, la Base Aérea Muñiz y Campamento Santiago, con remanentes de Ramey y Roosevelt Roads todavía en uso. Amontonar nuevos despliegues sobre cicatrices apenas limpiadas impone una carga familiar a las mismas comunidades, otra vez en nombre del “bien mayor”.

Cómo sería escuchar

Escuchar significaría reconocer que las protestas de la semana pasada no fueron marginales, sino la continuación de una tradición cívica que una vez cambió la política estadounidense. Implicaría estudios independientes sobre el cáncer en Vieques y Culebra, plazos firmes de limpieza que no puedan posponerse, y evaluaciones ambientales públicas, accesibles y traducidas. También supondría tratar el consentimiento previo e informado como algo más que un trámite.

Escuchar se extendería también a Washington. Si los nuevos despliegues son verdaderamente necesarios, entonces grupos como Madres contra la Guerra, la Alianza de Mujeres Viequenses y los alcaldes de los pueblos afectados deben ser invitados a testificar antes de que se tomen decisiones. Audiencias de supervisión —no solo conferencias de prensa— deberían preceder a las expansiones militares.

La seguridad no puede definirse solo en términos de aviones y barcos. En una isla donde los registros de cáncer hablan tan fuerte como las pantallas de radar, la verdadera seguridad significa acuíferos seguros, playas limpias y comunidades que sepan lo que viene.

Lea Tambien: La condena de 27 años a Bolsonaro obliga a la derecha brasileña a elegir entre la lealtad y la reinvención

La gobernadora de Puerto Rico puede seguir adoptando un tono marcial. Pero para muchos puertorriqueños, la remilitarización no es protección; es déjà vu. Las protestas de la semana pasada rompieron el silencio. La pregunta ahora es si el poder seguirá fingiendo no escuchar, o si finalmente atenderá antes de que la historia se repita.