Reforma agraria en Colombia: familias enfrentan amenazas e incertidumbre tras recibir sus fincas
Seis meses después de que el Estado entregó La Alquería, unas 77 familias cerca de Valledupar cultivan bajo amenaza, dicen sus líderes. Lo que ocurre entre la siembra y la cosecha pone a prueba una promesa que Colombia hizo a su campo en el acuerdo de paz de 2016.
Una advertencia en la cerca
Mayelis Mendoza sabe cómo siguen entrando las vacas al maíz. Alguien corta el alambre que rodea las parcelas, dijo a EFE, y los animales pasan. Las familias de La Alquería cultivan yuca, patilla, caña de azúcar y plátano junto con el maíz. Lo que pierden por un hueco en la cerca es comida que trabajaron para cosechar y que quizá ahora tengan que comprar.
Mendoza, integrante de la junta de la Asociación de Mujeres Rurales Tierras Nuevas, dice que los habitantes reconocen a quienes cortan las cercas como trabajadores de los antiguos ocupantes de la finca. Según ella, esos trabajadores les dicen a las familias que dejen de sembrar. La propiedad todavía es de Hugues Rodríguez, advierten, y las familias “tendrán que devolverla”.
La Alquería queda en la zona rural de Valledupar, capital del departamento del Cesar, en el nororiente del país. El senador Iván Cepeda, quien visitó la finca, ha vinculado su historia con Rodríguez, a quien describió como un antiguo jefe paramilitar que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Según el relato de Mendoza, personas que invocan su nombre dicen tener la autoridad para decidir quién cultiva allí, incluso después de que el Estado entregó la tierra.
Salvador Lara Hernández integra la junta directiva de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar. Alguien hizo llegar bolsas para cadáveres a la casa de las hijas del líder de la asociación, dijo a EFE. Un vecino que piensa si ponerle nombre a una denuncia ahora tiene que calcular lo que esa decisión podría costarles a los suyos en casa.

Un reclamo anterior al acuerdo de paz
Las familias ya presionaban por la tierra cuando el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, firmaron su acuerdo de paz en 2016. Cuando la Agencia Nacional de Tierras entregó La Alquería en mayo, hacia el final del mandato del presidente Gustavo Petro, llevaban más de una década en esa lucha. Lo que Mendoza esperó todos esos años, dijo a EFE, era trabajar para sí misma.
El acuerdo puso primero la reforma rural. Durante generaciones, la propiedad de la tierra agrícola estuvo concentrada en relativamente pocas manos, lo que dejó a muchos colombianos del campo dependiendo de quien los contratara o les permitiera cultivar una parcela. Durante la guerra, el desplazamiento forzado profundizó esa desigualdad. Las familias expulsadas de sus campos perdieron la tierra que las alimentaba, y quien la controlaba después podía beneficiarse de su ausencia. El acuerdo planteaba repartir tierra a personas con poca o ninguna y formalizar los derechos de propiedad rural para que las familias pudieran conservar lo que trabajaban.
La Alquería abarca 466 hectáreas. Si se dividiera en partes iguales entre las 77 familias, tocaría a poco más de seis hectáreas cada una, unos 15 acres. Un hogar que trabaja su propia tierra podría decidir cuánta yuca sembrar para la cocina, cuánto maíz vender y qué plantar con las ganancias en la siguiente temporada.
La Agencia Nacional de Tierras dice que más de medio millón de personas se han beneficiado de la distribución de tierras. La cifra muestra hasta dónde ha llegado el programa en Colombia. Dice poco sobre cuántos beneficiarios han asegurado sus títulos o cuántos han sacado una cosecha sin contratiempos. Un cultivador de La Alquería puede ser contado entre esos beneficiarios y aun así tener que pensarlo dos veces antes de sembrar otro surco de maíz.

El costo de quedarse
Fabián Carrillo, director ejecutivo de la asociación de mujeres, dijo a EFE que las familias han recibido mensajes que les advierten no invertir dinero ni trabajo en la finca. Quienes los envían hablan de su regreso al antiguo dueño como un asunto resuelto. Cuando llegue ese día, advierten, los campesinos podrían perder lo que produzcan. “No queremos que la tierra que se entregó para reparar a las víctimas termine otra vez en manos de los victimarios”, dijo Carrillo.
Una advertencia así empieza a costarle dinero a una familia mucho antes de que alguien se vaya. Si resiembra el maíz dañado, el ganado podría volver a entrar mañana. Si deja la tierra ociosa, hay menos para comer, menos para vender y menos efectivo para llegar a la siguiente siembra. Un hogar que termina yéndose porque ya no puede alimentarse podría parecer, desde una oficina en Valledupar, una familia que dejó de cultivar. Sería otro desplazamiento forzado, gestado durante meses.
Las familias le han pedido al sucesor de Petro, el presidente Abelardo de la Espriella, que respete el acuerdo de paz. De la Espriella, un opositor de ultraderecha al acuerdo, le ha dado menor prioridad a la reforma agraria. Cepeda planteó las amenazas en una audiencia de control político el 27 de octubre con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Ha instado a las autoridades de Valledupar a proteger a la comunidad, culpó a Rodríguez de la presión y acusó al gobierno de complicidad.
Los campesinos quieren que las autoridades terminen el proceso de titulación. Un título les daría un registro público de sus derechos para llevar a una oficina de tierras cuando alguien diga que la propiedad le pertenece a Rodríguez. También necesitan poder volver a casa sin riesgo después de presentar una denuncia y encontrar sus cultivos intactos a la mañana siguiente.
Por ahora, las familias siguen sembrando. “Aquí tenemos nuestro futuro, nuestro sustento, el futuro de nuestros hijos y nuestra soberanía alimentaria”, dijo Lara a EFE. Para una familia de La Alquería, esa libertad es tan cotidiana como decidir comer yuca en la cena, salir a la parcela y desenterrar lo suficiente para todos en casa.



