El abstencionismo en el voto judicial de México golpea las ambiciones de Sheinbaum

Un experimento diseñado para democratizar los tribunales de México tropezó desde el inicio. Apenas el 13 por ciento de los votantes habilitados acudió a las urnas para elegir a nuevos jueces y magistrados, dejando de lado la reforma estrella de la presidenta Claudia Sheinbaum y abriendo incómodas preguntas sobre poder, confianza y participación.

Las urnas silenciosas

El pronóstico del domingo prometía cielos despejados de otoño: clima perfecto para votar. Sin embargo, las casillas permanecieron inquietantemente vacías. Las urnas selladas, preparadas para recibir millones de boletas, recogieron apenas decenas de miles. Al anochecer, el Instituto Nacional Electoral confirmó el golpe: ni siquiera uno de cada siete ciudadanos se había presentado.

Muchos votantes admitieron después que al abrir sus boletas de muestra se sintieron abrumados. Más de 3,400 nombres—pocos reconocibles, la mayoría identificados solo por escuetos currículums—abarrotaban las listas. “Puedo elegir a mi médico o a mi alcalde”, suspiró la oficinista Remedios Torres frente a una escuela de Ciudad de México. “¿Pero tres asientos en la Suprema Corte y cientos de jueces locales? No soy abogada”.

Los expertos no se sorprendieron. Estudios en otros países de América Latina muestran que la participación colapsa cuando las reformas se adelantan a la educación cívica. Las elecciones se vuelven exámenes relámpago de derecho constitucional, y la mayoría de la gente simplemente opta por no participar. El equipo de Sheinbaum inundó las redes sociales con eslóganes entusiastas—¡Elige tu justicia!—pero los jingles de campaña no sustituyen los meses de talleres y foros vecinales que nunca ocurrieron.

El acto de equilibrio de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cimentó su presidencia en la promesa de limpiar el sistema judicial de México. En discurso tras discurso, retrató a los tribunales como clubes de terciopelo para familias dinásticas—jueces que nombran primos, magistrados que intercambian favores con caciques políticos o emisarios del narco. Su antídoto: que el pueblo decida.

En privado, sus asesores le advirtieron que la apuesta era arriesgada. Elegir jueces por voto directo es raro; hacerlo a nivel nacional es inédito. Aun así, Sheinbaum siguió adelante, declarando que incluso una participación del 20 por ciento demostraría que los mexicanos estaban listos para tomar el mazo. El 13 por ciento del domingo, por tanto, cayó como un golpe.

Los partidos de oposición olieron sangre. La senadora conservadora Xóchitl Galván ridiculizó la votación como “una foto del aburrimiento” y añadió: “Si los ciudadanos no eligen jueces, quizá no confían en el diseño de la presidenta”. Organizaciones de la sociedad civil se sumaron, argumentando que la baja participación genera una nueva vulnerabilidad: bloques de interés movilizados—caciques regionales, empresarios o redes criminales—pueden inclinar elecciones judiciales oscuras con apenas unos miles de votos estratégicos.

Sheinbaum contraatacó en una transmisión en vivo, con un tono entre desafiante y tranquilizador. “Se escucharon casi trece millones de voces”, declaró. “Son trece millones más que en el viejo sistema de nombramientos en lo oscurito”. Sin embargo, sus aliados admiten que la imagen duele. Un esfuerzo promovido como una fiesta democrática ahora parece una asamblea vecinal con escasa asistencia.

Confusión, sospechas y temor al narco

¿Por qué tantos se quedaron en casa? Entrevistas frente a las casillas revelan un cóctel de dudas. Algunos desconfiaban de los propios candidatos: “¿Quién los evalúa? ¿Cómo sé que un cartel no financió su campaña?”, preguntó el comerciante tapatío Julián Soto, agitando un folleto sin detalles sobre donantes. Otros se atoraron con la longitud de la boleta; un votante en Puebla dijo que revisarla era “como hojear un directorio telefónico”.

Mientras tanto, las redes sociales alimentaron teorías conspirativas. Videos virales afirmaban que algunos aspirantes a jueces tenían vínculos con familias criminales de Sinaloa o Jalisco. Los verificadores de datos desmintieron varios de esos clips, pero el daño quedó—especialmente en estados marcados por años de violencia narco. En Michoacán y Tamaulipas, la participación cayó por debajo del 8 por ciento.

El Instituto Nacional Electoral se irritó ante las insinuaciones de que el proceso estaba comprometido, señalando que todos los aspirantes pasaron filtros del Senado. Pero los propios funcionarios del INE reconocen que no tuvieron fondos para lanzar la campaña educativa de base que habría desmitificado la boleta. Recortes presupuestales aprobados el año pasado—paradójicamente impulsados por el partido de Sheinbaum—dejaron al instituto sin personal suficiente.

¿Qué sigue tras un mandato susurrado?

En cuestión de semanas, los ganadores—algunos con apenas cinco mil votos—se pondrán la toga y asumirán el cargo. Su primer reto será la legitimidad. ¿Puede una jueza elegida por el uno por ciento de su distrito imponer respeto al juzgar a capos del narco o casos de corrupción multimillonaria? Académicos del derecho predicen una ola creciente de apelaciones que cuestionarán el mandato popular de estos jueces.

En el Palacio Nacional, los estrategas debaten los siguientes pasos. Un sector pide una nueva ofensiva educativa antes del próximo ciclo judicial, dentro de tres años: giras de foros públicos, debates televisados e incluso contenidos escolares que expliquen cómo las decisiones de un magistrado afectan derechos de propiedad, salarios y seguridad. Otro grupo, más reservado, susurra sobre ajustar la reforma misma: quizás un modelo híbrido, donde los ciudadanos elijan entre una terna preseleccionada por una comisión independiente, para reducir el caos y la confusión.

Por ahora, Sheinbaum camina por una cornisa cada vez más estrecha. Retroceder parecería una derrota; avanzar sin ajustes implica el riesgo de una apatía aún más profunda y una posible infiltración de los tribunales que prometió depurar.

Lejos de ese escenario de alto riesgo, los mexicanos regresan a sus rutinas: trayectos entre el tráfico cargado de esmog, noches con fuegos artificiales vecinales y el ocasional disparo lejano. Pocos comentan la boleta judicial del domingo entre tacos al pastor. Sin embargo, sus consecuencias se filtrarán en la vida cotidiana: juicios por corrupción, disputas por tierras e interdictos ambientales que ahora decidirán jueces elegidos casi en silencio.

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Si el experimento madura hacia una democracia más sólida o se marchita como advertencia dependerá de lo que hagan la presidenta y el pueblo a continuación. México ha abierto las puertas de los tribunales al electorado; falta ver si los votantes cruzarán por completo el umbral.