La economía de Puerto Rico no depende de convertirse en un estado
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Después del plebiscito de los puertorriqueños de convertirse en el estado número 51, necesitamos discutir las consecuencias económicas y políticas en caso de que esto se convierta en realidad.
En caso de que Puerto Rico se convierta o no en el estado 51 de los Estados Unidos –algo que, según analistas, es mucho más difícil de lo que los puertorriqueños piensan–, es importante analizar las posibles consecuencias de la posibilidad. Mientras que el gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló, apuesta por la posibilidad de ser un estado y argumenta que Puerto Rico lo necesita para tener mejores oportunidades económicas, la mayoría del Congreso de los Estados Unidos y la oposición en Puerto Rico tienen serias dudas sobre la pertinencia económica y los efectos que puede tener.
Hay un argumento muy claro para los partidarios de convertir a Puerto Rico en un estado: la crisis económica y la deuda financiera, sin duda, mejorarán si la isla se convierte su condición política. El gobernador Rosselló sostiene que, más allá de la deuda –que asciende a más de US$73.000 millones–, Puerto Rico tendrá mejores oportunidades económicas. Eso significa aumentar en crecimiento y desarrollo. De acuerdo a Fox Business, Rosselló dijo que el impacto económico sería "la reacción natural de una economía más fuerte que beneficia a una más pequeña".
En cualquier caso, evidentemente, la deuda es el punto principal detrás de este debate y del plebiscito. Si bien convertirse en un estado le permitiría a Puerto Rico negociar los términos de la deuda y llevar a cabo diferentes posibilidades financieras, también significaría más responsabilidades tributarias. Como lo expresó Colin Wilhelm, periodista de Politico: "Aunque significaría un mayor acceso a los fondos federales de atención médica y créditos fiscales de bajos ingresos, los puertorriqueños también tendrían que pagar impuestos federales además de los impuestos relativamente altos del gobierno local." Por lo tanto, no todo es positivo para quienes están detrás de la idea de cambiar el estatus político de Puerto Rico.
Aparte de las consecuencias a corto plazo, convertirse en estado podría tener un perjuicio político y social. Luis Fortuno, ex-gobernador de Puerto Rico, ha dicho que su sucesor, Alejandro García Padilla, no siguió las políticas de austeridad propuestas por él. En consecuencia, Puerto Rico incurrió en una deuda aún mayor. La posibilidad del nuevo estatus político de Puerto Rico podría reducir la presión económica y, por lo tanto, inducir políticas de gasto irresponsables.
A pesar del entusiasmo de los puertorriqueños, es importante resaltar la baja participación de votantes: menos del 25% de los puertorriqueños votaron. Esto no solo significa que el gobernador Rosselló tiene una fuerte oposición, sino también que la gente no está tan segura sobre las responsabilidades económicas y políticas que el estatus de estado podría implicar. Parece que para los puertorriqueños, convertirse en el estado número 51 es menos importante que encontrar estabilidad a través de políticas responsables y mayor rentabilidad en todos los sectores económicos.
LatinAmerican Post | Juan Sebastián Torres
