Venezuela reescribe las reglas del petróleo mientras Washington cambia de rumbo en silencio

El Parlamento de Venezuela se movió para rediseñar las reglas de su industria petrolera en un solo día, justo cuando Washington flexibilizó las restricciones sobre ciertas transacciones de crudo venezolano. El momento es importante, creando una sensación de oportunidad para que la audiencia comprenda la ventana estratégica que se abre para la participación privada y los cambios de política.

Una legislatura vota mientras Washington cambia el terreno

El jueves, en un Parlamento controlado por el chavismo gobernante, los legisladores aprobaron una reforma a la ley de hidrocarburos de Venezuela que cambia la arquitectura de una industria que durante mucho tiempo fue tratada como territorio estatal. La escena micro es procedimental pero reveladora: una reforma aprobada el mismo día en que el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano: dos burocracias, dos firmas, un horizonte compartido.

La historia de la política no puede separarse de la ruptura política que puso en marcha estas conversaciones. Tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres regiones vecinas, Venezuela y Estados Unidos iniciaron negociaciones centradas en el crudo venezolano. Ahora el país ofrece un nuevo marco legal justo en el momento en que Washington señala que tolerará algunos negocios que antes estaban restringidos. Este cambio indica un posible deshielo en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela y podría atraer inversión extranjera, marcando un giro respecto a la postura anterior de Donald Trump, cuya administración aprobó sanciones contra PDVSA en 2019.

En Caracas, las palabras de la reforma suenan como simple ordenamiento legal, pero el efecto es significativo. Este movimiento aleja a Venezuela de un modelo que colocaba a PDVSA en el centro de casi todo: exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento, generando preguntas sobre la soberanía y el control de sus recursos.

Es una reversión con memoria. La ley de hidrocarburos de 2001 y una reforma de 2006 impulsada por Hugo Chávez fueron diseñadas para aumentar la participación y el control estatal. La votación del jueves recorre ese camino en sentido contrario. Lo hace abiertamente, en estatuto, mientras el país negocia con Estados Unidos la venta de su crudo.

En la historia que Venezuela cuenta sobre sí misma, el petróleo nunca es solo una industria. Es ideología, ingresos, soberanía y prueba. Y cuando una ley petrolera cambia, el significado cambia con ella. Aquí la repetición importa. El momento importa. Y el nuevo momento es ajustado.

Del monopolio de PDVSA a planes privados aprobados por el ministerio

La reforma hace más que permitir la participación privada en teoría. Especifica mecanismos que trasladan la responsabilidad operativa y el riesgo. El artículo 40 establece que el Estado podrá celebrar contratos con empresas privadas para realizar actividades primarias: exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento. La empresa privada, dice la ley, asumiría esas actividades a su exclusivo costo, cuenta y riesgo, tras demostrar capacidad financiera y técnica.

Esa línea es toda una filosofía en miniatura. Costo exclusivo. Riesgo exclusivo. Es el Estado apartándose de la ejecución directa y apostando por un modelo que pide a externos, o al menos a operadores privados, financiar y gestionar el trabajo central. Pero no es un libre para todos. La empresa debe actuar de acuerdo con un plan de negocios aprobado por el ministerio responsable de hidrocarburos. El Estado afloja el control con una mano mientras lo aprieta con la otra al reservarse la autoridad para aprobar el plan.

La reforma también elimina la norma que reservaba los bienes y servicios vinculados a las actividades de hidrocarburos para el Estado. Un nuevo artículo 42 permite a las empresas operadoras utilizar los activos y materiales de PDVSA. Otorga el uso del área operativa y de un área delimitada, con autorización previa del Ministerio de Hidrocarburos. A cambio, los operadores deben pagar a las empresas estatales o sus filiales un porcentaje del volumen de hidrocarburos, sujeto a supervisión.

Aquí es donde la observación cotidiana se cuela, silenciosamente, sin discursos. Cuando las leyes empiezan a hablar de quién puede usar “activos y materiales”, es porque la lucha ya no es abstracta. Se trata de equipos, áreas, volúmenes y el derecho a mover crudo de un punto a otro bajo una nueva estructura de permisos. Casi se puede oír el crujir de papeles en la cámara cuando surgen esas frases, porque todos entienden a qué apuntan: quién tiene las llaves y quién obtiene acceso.

Durante el debate parlamentario, un diputado opositor, Pablo Pérez de la facción Libertad, celebró la derogación de la reserva estatal sobre bienes y servicios y argumentó que la estatización excesiva no produjo ningún beneficio. También pidió compensación para las personas y empresas del sector cuyas propiedades fueron confiscadas. Aquí la apuesta es tanto política como económica. Al elogiar la desregulación y exigir reparación, enmarcó la reforma no como una actualización técnica sino como una corrección parcial de la lógica de toda una época.

Ese encuadre choca con la historia de origen del chavismo. Las reformas de Chávez estaban destinadas a profundizar el control estatal. Maduro se ha presentado como el heredero político de Chávez. Ahora que Maduro ha sido capturado y las negociaciones están en marcha, el bloque gobernante ha aprobado una reforma que se acerca más al tipo de rol privado que Chávez buscó restringir.

Regalías y arbitraje ponen la soberanía sobre la mesa

Dos disposiciones, regalías y resolución de disputas, agudizan lo que está en juego. Hasta ahora, las regalías estaban fijadas en un 30 por ciento. Con la reforma, las regalías fluctuarán, dando al gobierno flexibilidad para ajustar los términos según las características de cada proyecto. El Ejecutivo, tras consultar al ministerio responsable de finanzas, determinará el porcentaje o los porcentajes de regalía aplicables a cada proyecto, considerando la naturaleza del proyecto, la inversión, la viabilidad económica y la necesidad de asegurar competitividad internacional. Si bien esta flexibilidad puede atraer inversiones y ayudar a sostener proyectos, también introduce riesgos económicos si los ajustes de regalías favorecen a actores externos por encima de los intereses estatales. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez ha argumentado que este enfoque favorece a actores externos y podría disminuir el control de Venezuela sobre sus ingresos petroleros, convirtiendo a PDVSA en un administrador de contratos más que en una verdadera empresa.

En el papel, esto es flexibilidad. En la práctica, es poder de negociación. El Estado puede adaptar los términos para atraer inversión o para mantener vivo un proyecto, pero esa misma flexibilidad puede convertirse en una concesión que reduzca la participación pública en nombre de la competitividad. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez ha argumentado que este enfoque favorece a actores externos sobre el Estado y rompe con la línea política de Chávez. También advirtió que la reforma entrega los activos y derechos de PDVSA a operadores privados, convirtiendo a la empresa nacional en un administrador de contratos más que en una verdadera empresa.

Luego está el arbitraje. El artículo 8 ahora permite que los conflictos se resuelvan en tribunales competentes de la República o mediante mecanismos alternativos de resolución de disputas, incluyendo la mediación y el arbitraje. Ramírez ha criticado esto como una entrega de la soberanía jurisdiccional y una violación del artículo 151 de la Constitución.

Este es el filo duro de la reforma. Venezuela no solo está invitando la participación privada y extranjera; también la está fomentando. Además, está creando vías para disputas que pueden ir más allá de los canales estatales ordinarios. La historia petrolera del país siempre ha sido una historia sobre soberanía. Ahora la propia ley debate cómo se ve la soberanía cuando el Estado necesita capital, necesita socios y está negociando ventas de crudo con Estados Unidos bajo una nueva licencia del Tesoro.

Una frase memorable que murmuró un legislador veterano en los pasillos podría haberlo resumido. Aun así, los documentos ya lo hacen: Venezuela está tratando de vender petróleo y vender certeza al mismo tiempo. El problema es que la certeza aquí nunca es solo una cláusula contractual. Es historia, y tiene una larga sombra.

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