Las extradiciones de alto perfil de México mantienen viva la alianza con EE.UU. en medio de la presión de los cárteles
En una pista segura en México, 26 presuntos operadores de cárteles abordaron un vuelo con destino a Estados Unidos: una demostración calculada de cooperación que oculta la tensión política subyacente. A la sombra de amenazas comerciales y el impacto del fentanilo, ambos gobiernos ponen a prueba hasta dónde puede llegar este arreglo.
Un vuelo con más de un destino
La más reciente extradición trasladó a más de dos docenas de reclusos que las autoridades mexicanas describieron como un “riesgo permanente para la seguridad pública”, parte de una estrategia para sacar los juicios más delicados de los tribunales nacionales y llevarlos a jurisdicciones estadounidenses. Las autoridades norteamericanas los calificaron como “operadores clave” vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa. Los cargos incluyen delincuencia organizada, narcotráfico y delitos violentos.
Entre ellos: Roberto Salazar, acusado en California del asesinato de un alguacil del condado de Los Ángeles, y Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, descrito como cerebro financiero del CJNG y cuñado del líder del cártel, Nemesio “El Mencho” Oseguera. El Ministerio de Justicia de México reafirmó una condición de larga data: ningún acusado extraditado puede enfrentar la pena de muerte, una regla que condiciona cada caso, sin importar la política en juego.
La entrega sigue a la masiva transferencia de 29 prisioneros en febrero, una de las más grandes en años. Los nombres más recientes quizá sean menos célebres, pero las apuestas no son menores. Cada acusado se convierte ahora en parte de una prueba transfronteriza: ¿pueden los tribunales de EE.UU. dictar condenas y sentencias capaces de interrumpir las operaciones de los cárteles en México?
Política al filo de la pista
Los vuelos se desarrollaron en medio de un tenso telón político. Washington ha presionado a México para que intensifique sus medidas contra el narcotráfico, insinuando aranceles como medida de presión si el progreso se estanca. México ha respondido con una mezcla de resistencia y pruebas: rechazando de plano la idea de operaciones unilaterales de EE.UU. en su territorio, mientras exhibe públicamente extradiciones de alto perfil como evidencia de cooperación.
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó un límite claro en declaraciones públicas la semana pasada: “Estados Unidos no va a venir a México con el ejército. Cooperamos y colaboramos, pero no hay intención de invadir. Eso queda descartado, absolutamente descartado.”
Las extradiciones encajan perfectamente en esos límites. Están codificadas legalmente, son mutuamente negociadas y políticamente presentables para ambas partes. Si resurgen las amenazas arancelarias, México puede señalar el récord: dos traslados masivos en menos de un año, incluyendo sospechosos de alto valor. Para EE.UU., la imagen también cuenta: acusados bajo custodia rumbo a procesos federales con largas condenas y, esperan, efecto disuasorio.
La sombra del fentanilo sobre la cooperación
Gran parte de la urgencia proviene del fentanilo. El opioide sintético, a menudo mezclado en pastillas falsificadas o combinado con otras drogas, ha provocado una crisis mortal de sobredosis en Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas sostienen que, para estrangular el suministro, deben desmantelar las redes en todas sus etapas: desde los financistas hasta los transportistas y distribuidores minoristas.
México ha intensificado el decomiso de laboratorios, cerrado sitios de procesamiento y centrado sus prioridades de extradición en sospechosos vinculados con víctimas estadounidenses o con la logística de mover fentanilo hacia el norte. Las dos transferencias masivas recientes reflejan ese enfoque: el lote de febrero incluyó viejos nombres de gran carga simbólica, como Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena; el grupo más reciente se inclina hacia quienes están insertos en la cadena actual de suministro de fentanilo.
Una de las extraditadas, identificada como Rosa A., está acusada de mover drogas a través de la frontera en 2016 y 2017. Aunque su caso precede la actual prominencia del fentanilo, es el tipo de expediente transfronterizo que ambas partes prefieren manejar en tribunales estadounidenses.
Los límites de la cooperación y su acto de equilibrio
Para México y EE.UU., la extradición es la intersección más limpia entre política y ley: requiere aprobación judicial, respeta la prohibición mexicana de la pena de muerte y permite que juicios complejos se desarrollen donde hay más recursos. Pero los vuelos no son una solución total.
Los cárteles se adaptan rápidamente. Los canales financieros, los intermediarios corruptos y el flujo constante de reclutas que los sostienen no desaparecen cuando despega un avión. Y el debate sobre soberanía nunca se esfuma. El liderazgo mexicano ha sido explícito sobre lo que está fuera de límites: sin soldados extranjeros, sin redadas unilaterales, sin ampliar misiones bajo el pretexto de cooperación.
Eso convierte a la extradición en una válvula de escape. Le permite a México demostrar acción sin cruzar sus líneas rojas y le da a Washington un marcador visible cuando sus críticos exigen pruebas de progreso. Pero es un acto de equilibrio: demasiadas entregas de alto perfil pueden avivar el nacionalismo en México; muy pocas pueden reavivar las amenazas comerciales o el enfrentamiento político desde EE.UU.
Es probable que el patrón continúe: más casos en los tribunales mexicanos, más acusados revisados contra la pena de muerte, más vuelos seguros hacia el norte. Las preguntas más grandes —si esta cooperación puede frenar la expansión del fentanilo o reducir el poder de los cárteles— siguen sin respuesta. Por ahora, ambos gobiernos parecen dispuestos a seguir probando la pista.
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Lo que está claro es que cada extradición es más que un traslado legal. Es una señal diplomática, un cálculo político y una apuesta a que las victorias judiciales puedan repercutir en las calles, donde el costo de la guerra contra las drogas se cuenta en vidas. La presión no cede, y tampoco la necesidad de demostrar que estos traslados son más que teatro.
