¿Qué tan posible es una crisis de opioides en Latinoamérica?

El 2022 comenzó con la noticia de que la farmacéutica Teva fue hallada culpable por ser responsable de contribuir a la crisis de opioides en Estados Unidos. Esta no fue la única farmacéutica que estuvo involucrada. En marzo del 2019, la fiscalía del estado de Nueva York presentó una demanda a más de 12 fabricantes y distribuidores por su responsabilidad en esta crisis. Sin embargo, antes del juicio, la mayoría de las empresas demandadas negociaron con la fiscalía y firmaron acuerdos para pagar cuantiosas sumas de dinero con tal de no ser llevadas al estrado.

El dinero recibido será destinado a mitigar las devastadoras consecuencias que ha dejado a su paso la crisis de los opioides en Nueva York, a través de programas educativos y para rehabilitación de adictos.

Con este proceso en marcha, las farmacéuticas también deberán suspender la fabricación de estos medicamentos altamente adictivos. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será la consecuencia a nivel global y, más específicamente, si Latinoamérica debe prepararse para una crisis de opioides?

Una estrategia de mercado que se llevó millones de vidas

Para entender cuáles serían las consecuencias de la crisis de opioides en Latinoamérica, primero es necesario entender en qué consiste esta en Estados Unidos y Canadá, los países que se han visto más afectados.

A finales de la década de los 90, las compañías farmacéuticas aseguraron que los analgésicos opioides recetados eran efectivos para tratar el dolor y que no generaban ninguna adicción. En consecuencia, a finales de los 90 e inicios de los 2000, la comunidad médica comenzó a recetarlos más y hubo un aumento en el consumo de opioides que llevó a consecuencias fatales, pues millones de personas generaron dependencia a estos medicamentos ya que no había un acompañamiento especializado después de haberlos recetado. Esto, a su vez, trajo consigo muertes por sobredosis, por lo que esta problemática pasó a ser calificada como una crisis de salud pública y epidemia de opioides.

La respuesta por parte de las autoridades fue restringir la distribución de estos medicamentos, por lo que las personas recurrieron al mercado ilegal para abastecerse debido a la dependencia que ya habían generado, lo que hizo que la crisis aumentara aún más y los consumidores estuvieran en un riesgo aún mayor.

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Otras crisis sanitarias como la del VIH/Sida y la de la pandemia por la COVID-19 aumentaron los riesgos, las adicciones y los números de muertos, además de una satanización hacia los consumidores, que fueron las principales víctimas por una estrategia de ventas muy mal encausada y regulada por parte de la industria farmacéutica.

¿Qué pasaría en Latinoamérica?

Si algo podemos aprender de la crisis de opioides en Estados Unidos es que una pésima regularización y un acompañamiento pobre por parte de las entidades responsables puede costar millones de vidas. Si bien en Latinoamérica no ha sucedido nada similar a lo ocurrido en Estados Unidos y Canadá, los países de la región y de otras partes del mundo muestran una preocupación para no caer en esta problemática.

En el caso de Latinoamérica podemos tener en cuenta que, según datos de la OMS, más del 90% de la morfina que se produce lícitamente es usada por el 20% de la población mundial, siendo las poblaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania, respectivamente, los mayores consumidores. El 66% de la población mundial (incluyendo países de la región) no tiene un acceso adecuado a los opioides, a pesar de que existe una alta prevalencia de enfermedades con dolores intensos.

Es decir, no hay un espectro funcional que cubra las necesidades médicas de la población debido a que con la crisis de opioides en Norte América, la regularización ha desembocado en la prohibición, por lo que se acuden a mercados ilegales, lo que pone en riesgo la vida e integridad de las personas.

Los Estados se encuentran, entonces con una paradoja: son altamente adictivos y potencialmente letales, en consecuencia se plantea una fiscalización e incluso la prohibición legal. Pero por otro lado, los opioides tienen propiedades analgésicas y terapéuticas, a las que debería tener acceso cualquier persona que quiera hacer valer su derecho a la salud.

Todavía se ve una regularización poco efectiva en algunos países de la región. Por un lado, los servicios de salud integrales de la región no contemplan del todo el acceso digno y seguro a estos fármacos. En Colombia, por ejemplo, los opioides son vigilados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, y anualmente se suministran alrededor de 17 miligramos de morfina per capita, valores muy bajos en comparación a lugares en los que el acceso es lícito, según la revista Océano Medicina. Pero, en contra posición, los colombianos pueden acceder sin receta a medicamentos como la codeína y el tramadol.

Hasta el momento, esto no ha derivado en una crisis de opioides por lo menos en Colombia, pero es más que claro que hay disparidad territorial respecto al acceso de estos fármacos analgésicos que, con una regulación eficiente, pueden ayudar a las personas a acceder a un derecho de salud digna.

Expertos como David Goodman Meza, investigador de la Universidad de California, y Alfredo Covarrubias Gómez, Médico Anestesiólogo experto en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos Geriátricos, aseguran que una crisis de opioides podría ser posible en México, donde el mercado ilegal de opioides como el fentanio aumentó en un 486% en 2020 con respecto a 2019, según Associated Press.

En conclusión, Latinoamérica debe prepararse para evitar una crisis de opioides desde la regularización que tenga en cuenta no solamente a las personas que accederán a estos fármacos, sino también a las personas que ya dependen de ellos con el fin de hacer un acompañamiento que reduzca los riesgos de su consumo. Asimismo, debe haber planes de educación integral para evitar futuras problemáticas relacionadas a estos.