El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio condenó al mandatario venezolano a 18 años de prisión por el delito de corrupción. ¿Cuál es el alcance de esta sentencia?

El pasado 15 de agosto, en horas de la tarde, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio reunido en Bogotá encontró al mandatario venezolano culpable de corrupción propia y legitimación de capitales, delitos por los que fue condenado a cumplir 18 años y tres meses de prisión. 

A inicios de este año, la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega denunció ante el Congreso de Colombia casos de corrupción donde se vinculaba a Maduro con la empresa Odebrecht. Según Ortega, se trataba “de toda una estructura de corrupción. Según lo emitido por el representante de Odebrecht en el Tribunal del distrito de Brooklyn, esta división de operaciones estructuradas repartió alrededor de 788’000.000 USD en Brasil y once países de la región, pero en Venezuela los escándalos son mayores, pues fue el país donde se causó mayor daño patrimonial”. 

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De acuerdo con el diario Semana, la ex fiscal señaló que la crisis en la que está hundida Venezuela se debe a este desfalco millonario y responsabilizó al presidente Maduro por la situación. 

Ahora, además de tener que responder a la justicia en la Cárcel de Ramo Verde en el estado de Miranda, Maduro deberá pagar una multa de 25 millones de dólares y resarcir 35 mil millones de dólares al Estado según el TSJ. 

"La importancia de esta sentencia es que, una vez que se produzca el quiebre, la ruptura y tengamos que salir de esta tiranía, no vamos a empezar de cero, sino que ya tenemos una sentencia y tenemos allanado el camino", manifestó la ex fiscal a medios después de la decisión del alto tribunal.  

De igual forma, los magistrados del TSJ solicitaron una vez más a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emita una circular roja contra Maduro, utilizada para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición.

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¿Cuál es el alcance real de estas sentencias?

De acuerdo con el medio venezolano LaPatilla, para que las decisiones que adopten los funcionarios del TSJ en exilio sean válidas y eficaces deben estar sujetas al principio que delimita geográficamente el ejercicio de las funciones de los órganos de los poderes del Estado. 

Por lo tanto, no se puede afirmar que los magistrados instalados en el exilio tengan jurisdicción, desde el exterior, para tomar decisiones que deban ser acatadas dentro de Venezuela. 

También es importante señalar que el TSJ en el exilio no es un tribunal propiamente dicho, pues sus magistrados no fueron designados para para conformar uno, sino para integrarse al TSJ en ejercicio en el país.

Además, por el momento ningún país ha reconocido a esta instancia como tribunal competente o ha dicho que tiene jurisdicción universal que consiste, básicamente, en la posibilidad de un tribunal extranjero de juzgar crímenes no cometidos dentro de su territorio.

LatinAmerican Post | Luisa Fernanda Báez
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