A pesar de que los cargos públicos ocupados por mujeres en Bolivia son cada vez más, la violencia política de género también aumenta

Bolivia es uno de los países con mayor regulación sobre la participación política de las mujeres, permitiendo la paridad en las funciones gubernamentales de sus diferentes instituciones.

Read in english: Bolivia: Violence against women in politics does not diminish

Desde 1997, el Decreto Supremo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y en 2010, la Ley del Régimen Electoral, han logrado que hoy la Asamblea Plurinacional esté conformada por 79 mujeres y 80 hombres. Sin embargo, la violencia política de género parece aumentar. Algunas organizaciones de derechos humanos aseguran que el número de ataques va en crecimiento.

¿Cuáles casos se han presentado? 

Mary Carmen de la Cruz Mamani es concejala en Achocalla, un municipio que queda a 15 km de La Paz. Ha trabajado desde el año 2011 y pertenece a agrupaciones políticas afines al presidente Evo Morales. En mayo, denunció al alcalde, Dámaso Ninaja, por agredirla verbal y físicamente.

Carmen, de 38 años, y perteneciente a la comunidad del pueblo Aymara, aseguró que las leyes que protegen a la mujer en Bolivia no están funcionando. Afirma a su vez, que el ataque fue perpetrado a causa del seguimiento fiscal que ha hecho al alcalde de Achocalla, a quien se le presumen irregularidades en la ejecución de obras, señala el diario La Razón. 

Juana Quispe fue asesinada en marzo del 2012. Fue concejala electa del municipio de Ancoraimes y fuerte contradictora del alcalde de este territorio, en ese entonces. Hoy, en 2018, los presuntos implicados, entre los que se encuentra el ex mandatario Félix Huanca y los concejales Pastor Cutili, Basilia Ramos y Exalta Arismendi, siguen en libertad de acuerdo con la organización Icees de Bolivia. Además, resalta que la lideresa, conocida por haber donado su casa para usarla como fortín para reuniones de su comunidad, fue perseguida de manera violenta por efectuar control fiscal sobre las actuaciones de los políticos de esa época. Estrangulada y abandonada en un río, su feminicidio sigue sin resolverse.

Mónica Paye, concejala del municipio de Callapa, declaró a medios bolivianos que en “el campo ven como un delito, que una mujer los represente”. La concejala fue arrestada por el delito de peculado, el cual no cometió, según lo dictaminó la Sala Penal 4°. En cambio, la mujer asegura que detrás de esto “se oculta una serie de acciones de violencia y acoso político ejercidas por el alcalde, Víctor Honorio Calle, de manera sistemática”.

Los datos

Se estiman diferentes cifras de denuncias sobre casos de violencia política en razón de género. Mientras el Observatorio del Órgano Electoral asegura que se han presentado 60 denuncias hasta junio (con un aumento del 40% en comparación con el año anterior), la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) declara que existen cerca de 100 quejas en sus registros. Solo 36 de ellas llegan a la Fiscalía, contando con un 70% de dilación en los procesos de la justicia, añadiendo que, los casos que no se denuncian, pueden presumir números estrambóticos.

Las cifras no son alentadoras. Basándose en la trágica historia de Juana Quispe, se creó una ley que protege a las mujeres que participan de la política del país. No obstante, es evidente, que su funcionamiento ha sido nulo.

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Según la Organización de Naciones Unidas, Bolivia es el segundo país del mundo con mayor número de mujeres en el poder, garantizando una participación democrática y equitativa frente a los hombres. En 2004, las mujeres en Bolivia solo alcanzaban una representación municipal del 4%. Hoy, el porcentaje ha subido al 50%. Sin embargo, es claro que las leyes que protegen a las mujeres del país andino, en general, no han significado progreso en la reivindicación de sus derechos.

Dice Naciones Unidas que en México los números son sorprendentes, se registran 19 candidatas asesinadas y 120 agresiones en la pasada época electoral. Del mismo modo, en Brasil consternó al mundo el asesinato de la concejala Marielle Franco por motivaciones políticas.

En Colombia, 40 líderes sociales mujeres han sido asesinadas desde 2016. En Perú, el 80% de las mujeres que tienen aspiraciones políticas sufren de acoso; y cuatro de cada diez candidatas son víctimas de violencia.

La Organización de Naciones Unidas expone que de no tipificarse estos crímenes en un ámbito específico, el problema seguirá creciendo y hace la invitación a los gobiernos a comenzar con la gestión de diversas leyes que protejan a las mujeres que participan de la política en Latinoamérica.

Latin American Post I Jorge Becerra

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