En 2017, un promedio de 2,7 personas recibieron la pena de muerte por día en el mundo

El pasado 1 de agosto el papa Francisco aprobó la modificación del catecismo, que declara como “inadmisible” la pena de muerte y se comprometió a trabajar en la abolición de la pena capital en todo el mundo. Esta medida se convierte en un desafío para países como China, Pakistán y E.U. donde se llevan a cabo las ejecuciones. Algunos expertos consideran que podría poner en riesgo la forma en cómo la ley intenta prevenir delitos de gravedad. 

Read in english: Is it possible to abolish the death penalty in the world?

Para el Sumo Pontífice, la pena capital “es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona humana”. Fue por lo que decidió modificar el artículo 2.267 del catecismo católico que permitía este tipo de métodos. Allí se estipulaba que "la enseñanza tradicional de la iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas".

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Según cifras de Amnistía Internacional, 58 países aún aplican la pena de muerte para crímenes comunes en el mundo y 35 más, mantienen la pena capital en su legislación, pero no la aplican desde hace décadas. Registros de la misma organización indican que durante 2017 al menos 993 personas fueron ejecutadas en 23 países. El número equivale a 2,7 ejecuciones por día y representa una reducción del 4% con respecto a 2016 cuando se realizaron 1.032 ejecuciones (2,8). 

China, Irán, Irak, Pakistán y Arabia Saudita son las naciones con el mayor número de ejecuciones por año. Se calcula que solo estos cinco países son responsables del 90% del total de ejecuciones anuales. Para Amnistía Internacional, China es el país del mundo que más ejecuciones de pena de muerte aplica. En el país asiático delitos por robo, tráfico de drogas y otros crímenes comunes son castigados con la pena capital. Y, aunque no se tienen cifras oficiales ya que el gobierno las esconde, se considera que se realizan miles cada año.

¿Una decisión viable?

Desde la teoría jurídica, la pena de muerte es una forma de tratar de prevenir delitos graves a través de la implementación de la ley, sin embargo, los países que defienden este tipo de castigos han sido incapaces de cuantificar de manera exacta el número de vidas que pueden llegar a salvarse tras aplicar la pena capital en un individuo.  

Esta falta de pruebas concretas ha hecho que la iglesia, la comunidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionen la efectividad de la pena máxima. Ahora con la decisión del Sumo Pontífice, la iglesia católica cierra de manera contundente la puerta que había mantenido abierta respecto a la pena de muerte. 

De acuerdo con explicaciones para el programa Zoom de NTN24, el abogado constitucionalista Lorenzo Palomares, la petición del Papa podría no cambiar mucho el panorama de la pena de muerte en el mundo puesto que en las naciones donde se registra el mayor número de casos el papa Francisco no es considerado autoridad religiosa. 

En el caso de E.U., el Estado está separado de la iglesia y las medidas de Vaticano no tienen el poder de modificar la justicia de la nación. Además de ello, el presidente Donald Trump aprueba el castigo máximo e incluso propuso el pasado marzo aplicarlo en traficantes de drogas, pedófilos y terroristas. 

Treinta y dos de los 50 estados de E.U. permiten la pena de muerte, pero ésta solo se aplica para convictos que hayan matada a una o varias personas de manera premeditada. Y aunque muchos estados como Nueva York llevan décadas sin aplicar la pena máxima, a nivel nacional hay 2.700 prisioneros a espera de la pena de muerte. 

Pena de muerte en América Latina 

Pese a que hace más de una década no se aplican ejecuciones de penas máximas en América Latina, aún existen seis países que la contemplan en sus legislaciones: Cuba, Guatemala, Chile, Perú, El Salvador y Brasil. 

Cuba y Guatemala contemplan el castigo máximo de manera abierta frente a cualquier delito, mientras que los otros cuatro paises, la pena de muerte fue abolida para delitos comunes, pero se aplica en la justicia militar por crímenes excepcionales cometidos en estado de guerra.             

Según reportes de Amnistía Internacional, en 2017 al menos 2.591 presos fueron condenas a muerte en 53 países. La cifra supone un descenso con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registradas en 2016.

LatinAmerican Post | Krishna Jaramillo

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