La supuesta privatización del agua ocurrió el 5 de junio del presente año, días antes de la celebración del partido de fútbol entre México y Alemania. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto?

El pasado domingo 17 de julio, México le ganó a Alemania, el campeón mundial de fútbol de 2014. Múltiples gritos se escuchaban en la calle y el país se paralizó en los minutos que duró el partido. A lo largo del día el festejo parecía no tener fin, y por unas horas las tensiones políticas y la negatividad parecían haberse desvanecido. No obstante, casi al terminar el día se publicó en redes sociales la supuesta privatización del 55% de los mantos acuíferos del país. ¿Qué hay de cierto en esta especulación, y qué implicaciones políticas tiene el contexto mundialista y el clima político del Estado mexicano?

Leer en español: Was water really privatized in Mexico?

La supuesta privatización del agua ocurrió el 5 de junio del presente año, días antes de la celebración del partido de fútbol entre México y Alemania. Al día siguiente se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diez decretos que eliminan las vedas de 295 cuencas hidrológicas de México, una acción con la que se pretende preservar el medio ambiente y el recurso vital para el consumo de futuras generaciones.

Dicho acto fue motivado por las recomendaciones internacionales de International Water Resources Association y World Resources Institute, organismos que a lo largo de los años han trabajado por la preservación del agua en el mundo. Sin embargo, especialistas en el tema afirman que la eliminación de las vedas abre la posibilidad para que a futuro el líquido sea utilizado con fines lucrativos, impidiendo la conservación del medio ambiente y beneficiando a los intereses de las empresas transnacionales.

Sin duda el gobierno federal en México fue muy específico en que estos decretos se hicieron bajo mecanismos legales y con la intención de la preservación del agua. No obstante, existen posibilidades jurídicas para que el recurso hídrico sea concesionado a mineras e industrias extractivas. Por un lado, cada una de las cuencas se ubica en diferentes estados de la federación, por lo que cada gobernador, bajo su autonomía legal, podría otorgar concesiones a particulares que utilicen el agua con fines comerciales. Por otra parte, no tomaron en cuenta la autodeterminación de los pueblos indígenas en México, ya que los ríos y lagos de los que depende su subsistencia han sido liberados para servir al interés nacional de un estado que gobierna de manera diferente a sus usos y costumbres.

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Aunado a lo anterior, asociaciones civiles argumentan que con estos decretos se dará prioridad a los sistemas urbanos de agua, dada la naturaleza industrial de nuestra economía. Esto no solo atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, sino también de las comunidades rurales que dependen de la agricultura y la ganadería.

A pesar de esto, el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua defienden con firmeza que la eliminación de las mencionadas vedas garantizará nuestro consumo y preservación ambiental a futuro. Sin embargo, eso no implica que los ciudadanos no deban estar atentos ante la firma de los decretos, ya que se deja entrever el poco interés del gobierno mexicano hacia el campo y los derechos humanos de los indígenas.

Indudablemente el agua en México no se está privatizando, y el uso propagandístico de la firma de estos decretos en la celebración de un partido de fútbol es una muestra más de la radicalización política y el descontento generalizado al gobierno en turno. Además, es preocupante que, a menos de dos semanas de las elecciones más importantes de la nación, la oposición permita la filtración de noticias falsas que avivan el odio entre los mexicanos, generan incertidumbre y no permiten el goce sano del triunfo de la selección mexicana. Un equipo que a pesar de la situación política y económica está poniendo en alto el nombre de nuestro país.

Latin American Post | Jorge Vuelvas Lomeli