Es difícil combinar estabilidad económica junto con profundas reformas sociales y eso es lo que los regímenes no han logrado entender

El 18 de junio se cumplirán tres meses del inicio de las manifestaciones en Nicaragua. Alrededor de 212 personas han muerto durante los múltiples enfrentamientos que se han presentado desde abril, como ha reportado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cuando el gobierno presentó una serie de reformas al sistema de seguridad social. Recién un mes después del inicio de las confrontaciones, la oposición al gobierno de Daniel Ortega, junto con sectores empresariales y la Iglesia, buscaron una salida negociada. 

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Entre las propuestas de la negociación, se pidió al presidente que se adelantaran las elecciones, programadas para 2021, a 2019. Sin embargo, en las últimas horas, Ortega rechazó la propuesta alegando que va en contra del orden constitucional. ¿Qué significa esto para el país centroamericano?

¿El fracaso de la revolución?

Ortega está afiliado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), movimiento encargado de sacar a la dinastía y dictadura de los Somoza del poder en 1979. Entonces se estableció un gobierno revolucionario. Si bien hubo varias políticas sociales positivas para la población más vulnerable, el Estado fue también cómplice de numerosos crímenes de lesa humanidad. 

Según “El libro negro del Comunismo”, el régimen sandinista atacó a las minorías indígenas, encarcelando a sus líderes, asesinando varios de sus miembros e incluso desplazó 10 mil personas de sus tierras, bajo el pretexto de protegerlos contra una invasión somocista. Durante estos crímenes, Daniel Ortega encabezó la llamada Junta de Reconstrucción Nacional hasta 1985, cuando ganó las elecciones presidenciales. 

Este organismo fue el depositario del poder durante el periodo de transición entre la dictadura y la democracia, además, estaba integrado por miembros de varios sectores del espectro político. No obstante, la pluralidad de la Junta se fue desvaneciendo y solo los simpatizantes del FSLN quedaron en esta.

Aunque desde 1981, un conflicto se gestó dentro de una ya devastada Nicaragua. Estados Unidos, encabezado por el gobierno de Ronald Reagan, financió grupos armados que lucharon contra el FSLN, los Contras. Parte del debacle y la inestabilidad política en los años siguientes fueron adjudicados por el gobierno de Ortega a la injerencia de los Contras. Hacia finales de la década de 1980, el país centroamericano vio la la peor etapa de violencia y ahogamiento económico de su historia reciente, lo que propició un cambio de gobierno. 

En 1990, Ortega perdió las elecciones contra Violeta Barrios de Chamorro, antigua militante del FSLN aunque apoyada por Estados Unidos. Ese escenario presentó una oposición mejor estructurada que en años pasados y permitió una integración democrática más flexible. Recién en 2006, los sandinistas recuperaron el poder con un Ortega menos identificado con principios marxistas y volcado hacia el cristianismo como bandera ideológica. 

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Desde 2007, más reformas sociales fueron aplicadas, pero de nuevo el gobierno buscó quebrar el orden democrático, y reformó constantemente la constitución para permitir un número ilimitado de reelecciones para el cargo de presidente. Así, Ortega puede presentarse a las presidenciales indefinidamente. 

Entender este contexto, junto con las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, pone a cualquier observador en la siguiente posición: las condiciones políticas en el país centroamericano son muy similares a las que había previo a la crisis de finales de los 80. Existe una oposición muy frágil, un FSLN fortalecido en el parlamento y mucho descontento social.

Las reformas pensionales que fueron el detonante de la crisis actual no son del típico carácter social que favoreció por tanto tiempo la imagen de Ortega. Sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, buscaron mantener a flote el Instituto Nacional de Seguridad Social. De seguir las cosas como están, el INSS no podría cubrir la demanda de pensiones para el año entrante. Así, empresarios y trabajadores deberían aumentar su contribución al sistema para llegar a un equilibrio en los próximos años. No obstante, su implementación no se materializó ya que el gobierno de Ortega la derogó. 

Eso no paró el malestar social. Es difícil combinar estabilidad económica junto con profundas reformas sociales y eso es lo que los regímenes no han logrado entender. Este tampoco es un llamado a desacreditar las luchas que los gobiernos de izquierda de América Latina han tratado de representar. Más bien es hora de repensar la forma en la cual se puede llegar a ese equilibrio que permita tener los recursos para patrocinar las reformas sociales necesarias dentro de la sociedad capitalista. 

Añadido a esto, también es necesario repensar la relación entre estos movimientos, como el FSLN, con el poder. Es probable que la fragilidad de los proyectos políticos de izquierda latinoamericanos se deban a su apego al poder y a su facultad reformativa de normas constitucionales para garantizar la continuidad del proyecto. También son frágiles porque estos se enfrentan al “establishment” conservador y empresarial, quienes ostentan un poder capaz de perpetuar la desigualdad social. 

En Nicaragua no se acabará la revolución aún, pero el país seguirá afrontando una crisis sin precedentes que no resolverán sectores aislados de esa sociedad. Es probable que un nuevo proyecto nacional deba nacer para hacer frente a los difíciles días que vienen por delante. 

LatinAmerican Post | Iván Parada Hernández