Perú: ¿Es el estado de excepción la solución a la violencia en la frontera?
Desde el pasado mes, Perú declaró el estado de excepción en la frontera con Colombia. Para el Departamento de Estados Unidos, la medida no es suficiente
El pasado 16 de julio, el Gobierno de Perú inició el estado de excepción por 60 días en departamento fronterizo de Loreto, al norte del país y que abarca la región fronteriza con Colombia. La decisión fue tomada por la posible presencia de disidencias de las FARC en el país Inca, el territorio declarado es el departamento más grande del país. El estado de excepción significa que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, según se lee en la carta magna peruana.
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Durante los 60 días, la Policía Nacional del Perú (PNP) será quien tome el control del orden interno, apoyándose en las fuerzas militares. Esto con el objetivo de reducir la presencia guerrillera en el país. Sin embargo, y según lo dicen fuentes militares al diario El Comercio, el objetivo también es luchar contra el narcotráfico. Es en este departamento, Loreto, por donde se comercializa la mayor cantidad de narcóticos entre los dos países. Para el gobierno de Martin Vizcarra, la medida se toma teniendo en cuenta que en ese departamento el grupo guerrillero Sendero Luminoso tenía su centro de operaciones, y se debe evitar a un resurgimiento de este.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, según su último reporte de cultivos ilícitos, asegura que Colombia y Perú siguen siendo dos de los países con mayor producción de estupefacientes. Sin embargo, en el caso de Perú aseguran que medidas como el estado de excepción ya han sido tomadas con anterioridad y que han resultado ineficaces.
El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, Néstor Rosanía, afirmó a El Tiempo, que la ausencia estatal es una constante en estas regiones fronterizas y que en el caso de Perú no se pueden solventar de un día para otro. “El Estado solo ha llegado a las principales ciudades; entonces, si el Estado no comparece y lo que más se produce regionalmente es cocaína, así se piense que los grupos armados desaparecen, realmente están emergiendo unos nuevos”, asegura Rosanía, haciendo alusión a los posibles focos de disidencia de las FARC que tienen presencia en Perú.
Perú no quiere repetir la historia
El grupo Sendero Luminoso, según cifras oficiales del ministerio de defensa del Perú, fue desarticulado a finales del siglo XX, luego de dos décadas. Las cifras que manejan la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú son de 69.000 víctimas por el conflicto armado. El temor para el actual presidente es que la presencia de grupos al margen de la ley en la frontera promueva el renacimiento de ataques a la población civil y se agudice la violencia.
Para Rosanía, el grupo Sendero Luminoso ya tiene nuevas facciones, y al igual que los grupos guerrilleros colombianos se financian por medio del narcotráfico. Rosanía explica que se están ganando a la población “construyendo escuelas, puestos de salud y espacios de fútbol, lo que ha hecho que se refuercen y que con el narcotráfico crezcan.”
Carlos Malamud del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, se opone a lo propuesto por Rosanía y asegura que las acciones del Perú, y su gobierno central, no tienen nada que ver con el grupo Sendero Luminoso, sino simplemente se busca arrinconar a las disidencias.
Malamud hace referencia al Plan de Seguridad Binacional Fronteriza que se firmó entre Colombia y Perú en 2011, con el que se pretende trabajar de manera conjunta para acabar con los problemas de orden público en la región. Para Malamud, ese plan de seguridad tiene que implementarse de manera más rigurosa pues al firmarse se hablaba de blindar la frontera. Sin embargo, hoy en día para el Instituto Elcano, los problemas de seguridad en la frontera persisten y sólo el trabajo colectivo puede mejorar los resultados.
Rosanía y Malamud están de acuerdo que la presencia de disidencias de las FARC en los países vecinos de Colombia, requiere de total atención de las autoridades nacionales y de un trabajo simultaneo para que no pueda existir propagación de estos grupos en otros países. Para estos expertos, se debe tener en cuentas los memorandos de entendimiento entre los dos países, y las comisiones binacionales para persuadir el tema de seguridad. Bajo esta óptica, sólo un acercamiento de los países para el tema, podrá arrojar frutos positivos en el combate a la delincuencia y el narcotráfico.
LatinAmerican Post | Carlos Eduardo Gómez Avella
Copy Edited by Laura Viviana Guevara Muñoz
