Costa Rica envía cocaína incautada a Estados Unidos, pero no puede enviar su violencia

Un avión militar estadounidense transportó 45 toneladas métricas de cocaína incautada desde Costa Rica para su destrucción. El extraordinario cargamento expone una realidad menos triunfal: incautaciones de drogas cercanas a niveles récord, asesinatos persistentes y un gobierno que no puede costear la destrucción de su propia mercancía incautada.

El cargamento y la incautación

La cocaína tenía una salida. Costa Rica no. En el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a las afueras de San José, un C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos partió transportando drogas confiscadas durante los últimos meses. Las autoridades presentaron la operación del martes como una muestra de cooperación internacional. Pero el detalle más revelador no fue el avión ni su extraordinaria carga. Fue la explicación de por qué el vuelo era necesario.

“Por limitaciones presupuestarias, no pudimos llevar a cabo la destrucción” en Costa Rica, afirmó el fiscal general Carlo Díaz, según declaraciones reportadas por EFE. Su declaración contrastó con el tono celebratorio. Un país capaz de interceptar enormes cantidades de cocaína todavía carecía de los recursos para completar la tarea dentro de su propio territorio.

Eso no convierte la operación en un fracaso. Estas drogas fueron incautadas y trasladarlas para su destrucción constituye un logro concreto. Pero expone un desequilibrio: capturar contrabando genera titulares; pagar por su eliminación segura resulta menos atractivo. Ambas cosas son esenciales. Esta cooperación también pone de manifiesto una dependencia en la etapa final del proceso de aplicación de la ley.

Su explicación, según fue reportada, no cuantificó el déficit presupuestario. Esto deja una pregunta esencial sin respuesta: ¿cuánto costaría una destrucción nacional confiable? Sin esa cifra, el traslado aéreo muestra una solución provisional, no un plan financiado para la próxima gran incautación dentro del país.

La magnitud permite hacer comparaciones, siempre que sean honestas. Las 45 toneladas métricas representan aproximadamente el 97 % del total de 46,5 toneladas de cocaína incautadas en Costa Rica durante todo 2025. Sin embargo, no se trató de una única intercepción espectacular. Era material acumulado de múltiples operaciones realizadas durante los últimos meses, no una medida del tráfico ocurrido en un solo día.

Tampoco el valor estimado, potencialmente superior a los 1.000 millones de dólares, permite resolver la cuestión del daño ocasionado a las organizaciones criminales. Sin especificar el mercado o el método de valoración, esa cifra no puede establecer las ganancias que perdieron los narcotraficantes. El valor estimado de un cargamento y el dinero que realmente pierde una determinada red no son conceptos intercambiables.

Lo que los números no pueden demostrar

Las incautaciones de Costa Rica en 2025 fueron las segundas más altas, después de las 47,1 toneladas métricas de 2020. La diferencia fue de apenas 600 kilogramos, aproximadamente un 1,3 %. Esto sitúa a ambos años cerca del mismo nivel de referencia en materia de incautaciones. No indica si el país interceptó una mayor proporción de la cocaína que circulaba por su territorio.

Las incautaciones más grandes pueden reflejar una mejor labor policial, un mayor volumen de tráfico o ambas cosas. Sin una estimación confiable de los flujos totales, la tasa de éxito sigue siendo desconocida. La misma cautela se aplica a las afirmaciones de que un gran decomiso ha debilitado a los carteles: el peso de la droga retirada dice poco por sí solo sobre si las redes de financiación, reclutamiento y distribución permanecen intactas.

Las cifras de homicidios ofrecen una prueba más contundente. Los datos oficiales citados por EFE muestran 880 asesinatos en 2024 y 873 en 2025, una reducción de siete muertes, o aproximadamente un 0,8 %. Cada vida importa. Estadísticamente, sin embargo, se trata de una mejora marginal, no de un retroceso decisivo de la violencia.

La tasa de 2025 se situó en 16,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. El total anual equivale a aproximadamente 2,4 asesinatos al día. Detrás de ese promedio hay familias cuya medida de seguridad no es un manifiesto de carga, sino saber si alguien regresa a casa. Un avión que parte no puede responder esa pregunta.

Las autoridades relacionan más del 60 % de los homicidios con el narcotráfico. También describen a Costa Rica como un centro de tránsito, almacenamiento y reexportación, con cocaína procedente principalmente de Colombia. La distinción es importante. El almacenamiento y la redistribución generan intereses locales dentro de un negocio internacional, en lugar de limitarse a permitir que una carga extranjera atraviese el territorio.

Los pagos pueden profundizar esos intereses. Cuando los proveedores internacionales compensan a grupos logísticos locales con cocaína en lugar de dinero en efectivo, el producto se convierte en un inventario que debe encontrar compradores. El trabajo de transporte puede alimentar el comercio interno y la competencia territorial. Incautar un cargamento interrumpe el suministro; no disuelve automáticamente el mercado local ni las rivalidades que lo rodean.

Cooperación sin un cheque en blanco

La embajada de Washington describió el traslado aéreo como evidencia de que una nueva era de cooperación en materia de seguridad estaba produciendo resultados contra los carteles. En esta ocasión, había una base tangible para esa afirmación: drogas incautadas que salían del país para ser destruidas. En otras partes de la región, las pruebas que respaldan las intervenciones han sido más controvertidas.

Los reportes de EFE desde Ecuador describieron ocho embarcaciones pesqueras destruidas en menos de tres semanas. Las fuerzas estadounidenses retiraron a las tripulaciones antes de destruir los barcos, mientras Washington alegó que habían abastecido operaciones de narcotráfico vinculadas con Los Choneros. Esas acusaciones deben mantenerse diferenciadas de una culpabilidad establecida. No se trató del mismo tipo de operación que transportar cocaína ya confiscada en Costa Rica.

Los resultados judiciales hacen más evidente el contraste. Según EFE, los jueces liberaron al menos a 56 tripulantes después de determinar que no existían pruebas de un delito; otros 32 recibieron libertad condicional después de ser acusados de asociación ilícita. Esos resultados no resuelven todas las acusaciones. Sí muestran por qué las afirmaciones militares no pueden sustituir las pruebas examinadas en los tribunales.

El traslado aéreo de Costa Rica representa una forma más concreta de cooperación, pero su debilidad presupuestaria merece tanta atención como su carga. Una seguridad sostenible requiere capacidad para investigar, procesar judicialmente y eliminar de manera segura las incautaciones, además de proteger a las comunidades que viven con las consecuencias.

El país ha enviado 45 toneladas métricas de cocaína fuera de su territorio. La tarea más difícil sigue siendo local: hacer que un día normal sea menos peligroso para las personas que se quedan atrás.