El asesinato de tres estudiantes de cine muestra la dramática situación que vive este país, hoy dominado por el narcotráfico, la violencia y la impunidad

La desaparición y brutal asesinato de los jóvenes Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García Ávalos, secuestrados el pasado 19 de marzo y  posteriormente asesinados por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sólo estremeció a la sociedad mexicana, sino que recordó otros casos de igual brutalidad, en los que los jóvenes han sido víctimas de la guerra no declarada que se vive en México desde hace tiempo.

Tal como sucedió con los tres estudiantes de cine en Jalisco, otros casos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en el 2014 y el caso Alvarado Espinoza y otros, ocurrido en Chihuahua en el año 2009, tienen un común denominador: sus víctimas han sido jóvenes y los hechos son los mismos, desaparición forzada y asesinato.

Cada uno de estos casos permite intuir una sola cosa: que en México la desaparición y el asesinato de personas es una constante y que sus principales víctimas son los jóvenes, quienes permanecen indefensos y al acecho de los violentos, en medio de la indiferencia y el silencio de la autoridades, que han sido simples espectadores pasivos o cómplices de estos crímenes que siguen en completa impunidad.

En ese sentido, vale la pena decir que justo por estos días, cuando se conmemoran 43 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y hace muy poco se conoció la desaparición y el asesinato de los tres estudianes de Jalisco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado la atención por el caso Alvarado Espinoza y otros, que ha sido presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en busca de la verdad y la justicia que el Estado mexicano ha sido incapacaz de establecer.

Alvarado Espinoza y otros, nueve años de impunidad:

El caso Alvarado Espinoza y otros hace referencia a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocio Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez (Estado de Chihuahua), el 29 de diciembre de 2009. Según relata la CIDH, José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado, habrían sido privados de la libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes, que identificaron como de militares.

De acuerdo con la CIDH, en cuanto a la participación directa de agentes estatales existe una serie de elementos contextuales, así como diversas declaraciones y consideraciones de autoridades internas y expertos internacionales, sobre la existencia de indicios suficientes respecto a la participación del Ejército en los hechos del caso. Se indicó, además, que estas desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del llamado Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal.

Por otra parte, se llama la atención sobre la situación de impunidad en que se encuentran esas tres desapariciones, por lo que se determinó que la aplicación de justicia militar al caso concreto, podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia. Igualmente, se habla de una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos. 

Desde hace tiempo la CIDH ha expresado su preocupación por lo sucedido en este caso y el riesgo de impunidad existente. No obstante, México incumplió las recomendaciones de este organismo, omitiendo disponer de medidas frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales, que han contribuido a la impunidad de las desapariciones de personas en este caso.

Adicionalmente, desde que la CIDH asumió el caso, no sólo han aumentado las denuncias y los casos concretos de desapariciones forzadas en México, sino que la omisión, negligencia y nulas acciones del Estado para evitarlo también se han incrementado. Ejemplo de ello son precisamente los casos de Ayotzinapa y Jalisco.

La decisión de la CIDH de llevar ante la Corte IDH el caso Alvarado y otros, puede sentar un histórico precedente para que en casos como el de Ayotzinapa o Jalisco, también haya verdad y justicia. La situación de México debe tener una mirada más amplia de lo coyuntural, pues aunque no es la primera vez que este país es epicentro de hechos de violencia, lo  ocurido anteriormente queda en el olvido cuando sucede una nueva tragedia como la de Jalisco, o cuando la ciudadanía recuerda los muertos que ha dejado la barbarie y la crueldad que vive su país.

Latin American Post | Samuel Augusto Gallego Suárez

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