‘Refugio por la vida’: líderes sociales exigen garantías
Escucha este artículo
Los asesinatos a líderes sociales en Colombia deben parar. Esta fue la consigna de miles de defensores de derechos humanos que se reunieron en la capital
El primero de mayo, distintos puntos de Bogotá comenzaron a llenarse de sindicalistas y personas que marcharon en el marco del Día Internacional del Trabajo, para pedirle al Gobierno más inversión social y garantías para un trabajo digno. Este año, las marchas en Bogotá contaron con una asistencia especial: los líderes sociales. Miles de ellos llevaban ya varios días reunidos, pero este era un día esencial, pues su labor no se puede realizar sin el apoyo del gobierno.
Read in english: 'Refuge for life': social leaders demand guarantees
Del 28 de abril al 2 de mayo se llevó a cabo la semana Refugio Humanitario por la Vida en Bogotá, en la que se reunieron alrededor de 3.000 líderes sociales. La plaza de toros La Santamaría se convirtió por unos días el lugar de encuentro de defensores de derechos humanos que viajaron desde todas las regiones de Colombia: Cauca, Chocó, el Catatumbo y Arauca son algunas de las regiones donde estas personas más se ven en riesgo por amenazas de grupos paramilitares.
Lea también: Duque y la minga: ¿cuáles son los puntos principales del acuerdo?
Después de haber escuchado meses atrás al presidente de la República decir que “no podemos [el Gobierno] garantizar esquemas de seguridad individuales para ese universo tan grande”, las peticiones de los líderes buscan respuestas más favorables.
Tanto al final de los mandatos de Juan Manuel Santos como durante el actual de Iván Duque, se han tomado los asesinatos como hechos aislados, a pesar de que van más de 600 casos desde el 2016, de acuerdo con el informe de prensa de los organizadores de la jornada. Actualmente hay más de 4 millones de líderes sociales alrededor del país que necesitan y están solicitando garantías de seguridad para poder seguir ayudando a sus comunidades.
La firma del Acuerdo de Paz en el 2016 era una promesa para acabar la violencia en el país. Sin embargo, estos líderes activistas pueden asegurar que eso no pasó. Por irónico que pueda sonar, muchos territorios quedaron aún más vulnerables después de que las FARC se retiraran, pues la falta de Estado continuó y bandas criminales y grupos paramilitares, como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas, tomaron control de estos territorios.
De acuerdo con el comunicado de prensa del evento, “estas agresiones son de distinto tipo, por un lado amenazas, atentados, detenciones y robos de información (…) donde hay ausencia de institucionalidad que contrasta con una fuerte conflictividad social debido al fortalecimiento de los grupos armados ilegales que tienen como blanco a las comunidades y personas que ejercen liderazgo en defensa de sus territorios”.
Es por esto que durante cinco días se llevaron a cabo distintas reuniones que tenían como propósito principal, precisamente, pedirle al gobierno que actúe frente a lo que está sucediendo y, así, poder avanzar en la reducción de violencia en todo el país. No obstante, se vive un ambiente de desesperanza, teniendo en cuenta que el último informe de la organización Somos Defensores determinó que el 2018 fue uno de los años más violentos recientemente en cuanto a activistas sociales, con un incremento de más del 40% de asesinatos con respecto a 2017.
Lea también: Colombia y guerra: una relación que no termina
Quizás lo más desalentador y a lo que más vinieron estas más de 3.000 personas a pedirle al gobierno es que no son solo los grupos ilegales quienes los tienen amenazados, sino las mismas fuerzas armadas y el gobierno en sí. Esto, ya que en algunos casos se les ha acusado de tener vínculos con narcotráfico e insurgencias, a pesar de que ellos aseguran ser líderes totalmente pacíficos y al margen de cualquier grupo armado.
Entre las actividades, se realizó el “Encuentro Nacional de Líderes/as por la vida, dignidad y libertad”. Este acto cultural cerró la jornada del Refugio Humanitario, en el que se presentaron conclusiones sobre todos los eventos. De igual forma, se realizaron otras actividades culturales donde se conmemoró la vida, la paz y la memoria.
Mientras esto sucedía, el Congreso de la República estaba votando las objeciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en unas extensas y poco productivas plenarias. De igual forma, colectivos activistas se reunían en el congreso para presentar distintas ponencias para defender sus regiones.
Henry Tovar, por ejemplo, que estaba en la capital representando al Comité de Paro Cívico, dijo en entrevista con LatinAmerican Post que "estamos haciendo gestiones en el Congreso para que se incluya todo lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Especial que ya se había adelantado en el Gobierno anterior y que está incluído en la ley, pero no quedó incluido en este Plan Nacional de Desarrollo". A raíz de su ida a Bogotá, logró que se tengan en cuenta recursos para el Plan de Desarrollo Especial, en el que se incluye unos apartados centrados en Buenaventura, Valle, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
*Imágenes cortesía de Paola Carvajal
LatinAmerican Post | Juliana Suárez
Copy edited by Juan Gabriel Bocanegra
