¿Persecución política? Periodista del New York Times escapó de Colombia tras acusaciones

Escucha este artículo

Tras acusaciones realizadas en redes por políticos de derecha, el periodista Nick Casey decidió salir del país por sentirse amenazado

En medio del revuelo mediatico que provocó la liberación y posterior captura del excomandante de las FARC, Jesús Santrich, otra noticia que no elogiaba al gobierno colombiano por su buen accionar salió al aire. Este fue el caso del artículo Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales, del periodista Nicholas Casey, publicado en The New York Times el sábado 18 de mayo.

Tras su publicación, el artículo ha sido objeto de críticas, principalmente por parte parte de políticos de derecha, que lo acusan de transmitir noticias falsas. Por esta presión política, Casey decidió salir del país, ya que teme por su seguridad. 

Read in english: Political persecution? New York Times journalist escaped Colombia after accusations

¿Qué decía el artículo?

“El comandante del ejército de Colombia, frustrado por los vacilantes esfuerzos de la nación para preservar la paz, les ha ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso”, comienza afirmando el artículo.

El desarrollo del artículo saca a la luz que, desde una reunión de los “los cincuenta principales generales y coroneles del país” en enero de este año, se estableció que las bajas del ejército debían aumentar en la lucha contra guerrilleros y paramilitares. En el lugar, se obligó a los presentes a firmar un juramento en el que se comprometían a “doblar los resultados”. Todo esto se supo por afirmaciones de miembros del ejército que hablaron con The New York Times.

Asimismo, hace referencia a algunas bajas reportadas que tienen un aire sospechoso por las circunstancias en que sucedieron. Los dos casos que sobresaltan son el asesinato de un miembro del Clan del Golfo el 25 de mayo y la muerte del exguerrillero Dimar Torres el 22 de abril. Este último ya había sido visibilizado en los medios, puesto que la víctima hacía parte de los soldados desmovilizados con el Acuerdo de Paz.

El artículo, por último, también recuerda que estas muertes promocionadas por el Estado recuerdan al caso de los falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estos consistían en hacer pasar los cuerpos de campesinos y civiles como bajas de la guerrilla para aumentar el número de muertos en las estadísticas estatales. “Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, fue lo que afirmó uno de los oficiales entrevistados.

Puede interesarle leer: Latinoamérica: un territorio hostil para la libertad de prensa

Acusaciones y defensas de Casey

Los comentarios por parte de los implicados con el actual gobierno de Iván Duque no se hicieron esperar.

Por un lado, el Mayor General Nicacio Martínez, uno de los oficiales entrevistados por The New York Times, publicó los documentos de las declaraciones que él ofreció al periódico. Por otro lado, políticos de partidos conservadores salieron a criticar el artículo, no rechazando los datos expuestos en él, sino también difamando al periodista que lo hizo.

Este fue el caso de Maria Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien subió a su cuenta de Twitter unas fotos de Casey junto con guerrilleros de las Farc, acompañado del comentario “Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”. Lo que omite Cabal es que las fotos pertenecen a un artículo del mismo New York Times, que consiste en la visita a un campamento de la Farc y que termina haciendo una crítica del grupo armado.

Al comentario de Cabal, respondió el mismo periódico americano asegurando que “The New York Times no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo” y que ellos “simplemente reportamos lo que dicen los documentos escritos por el ejército”.

A causa de la visibilización y apoyo en redes que recibió el tweet de Cabal, Casey tomó la decisión de abandonar el país, ya que sentía que su seguridad como periodista no estaba garantizada. Como afirma en el comunicado que envió a El Espectador, “He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas. Este tipo de acusación no tiene sustento y es grave dado la falta de seguridad que Cabal ya sabe que encontramos en este país como periodistas”.

El periodista recibió apoyo, a su vez, de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que afirmaron en Twitter que “Rechazamos estos trinos que estigmatizan y ponen en riesgo al periodista @caseysjournal”.

Sin embargo, este apoyo no demoró en ser criticado por otro político de derecha, a saber, el expresidente Álvaro Uribe. En su Twitter, él afirmó que “Su meritorio objetivo de defender la libertad de prensa se desdibuja al defender el sesgo de “periodistas” que terminan en la protección del narcoterrorismo y en la difamación contra las FFAA de Colombia, democráticas y que castiga violaciones de los DDHH @FLIP_org”. Todo esto en alusión a la defensa antes expuesta por el FLIP.

Puede interesarle: Colombia: Mauricio Lezama es asesinado en las vísperas de un rodaje

Por último,  el senador Patrick Leahy, el más antiguo de Estados Unidos del partido demócrata y firmante de la carta a Iván Duque en preocupación por el nombramiento de oficiales militares acusados de violar derechos humanos, pidió al presidente Duque que la senadora Cabal diera pruebas de sus acusaciones a Casey. Si las pruebas no son aportadas, el gobierno debería "expedir una denuncia pública", afirmó en Twitter.

Por su parte, el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el canciller Carlos Holmes Trujillo firmaron una carta enviada al New York Times que afirma que "el artículo de Nicholas Casey retrata una distorsionada, parcial y tendenciosa visión de los esfuerzos que el Estado colombiano y sus militares están haciendo para estabilizar los territorios y consolidar la seguridad y el orden", según El Espectador.

Más allá del revuelo mediatico, parece ser que en Colombia se está en medio de una persecución tanto a nivel institucional, como extralegal, de los periodistas que trata de visibilizar la violencia en el país. No solo es el caso de Casey, sino también el del cineasta Mauricia Lezama, quien fue asesinado hace un par de semanas en Arauca durante el casting para su próximo corto sobre la activista, Mayo Villareal. Así, solo dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, en Colombia están en peligro la vida de aquellos que están intentando visibilizar y contar las historias que fueron escondidas por tantos años.

LatinAmerican Post | Juan Gabriel Bocanegra

Copy edited by Juliana Suárez