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Exministro de Justica en Colombia con líos judiciales

Fernando Londoño Hoyos, exministro del Interior y de Justicia del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, está obligado a devolver las 145 millones de acciones de la empresa Invercolsa, que adquirió de manera irregular y que algunos han calificado como delictiva.

Fernando Londoño Hoyos, ex ministro de Justicia de Colombia.

Fernando Londoño Hoyos, ex ministro de Justicia de Colombia. / Foto: twitter.com/flondonohoyos

LatinAmerican Post | Alberto Castaño

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió el recurso de apelación, en la sala de casación civil, que interpuso el mismo Londoño Hoyos, que pretendía cambiar el sentido del fallo de primera instancia del Juzgado 28 Civil y posteriormente el de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se le ordenaba devolver las acciones adquiridas mediante métodos fraudulentos así como los dividendos percibidos.

El caso se remonta a 1997, cuando el gobierno nacional decide privatizar la empresa Inversiones Gases de Colombia S.A., Invercolsa, propiedad en su totalidad de la estatal Ecopetrol. En este proceso de democratización de la compañía, se fijaron unas reglas de juego y éstas fueron darle preferencia de compra a los trabajadores activos de la empresa, los pensionados y los ex trabajadores.

El exministro de Justicia, sin ser o haber sido empleado de la firma, presentó una certificación que lo acreditaba como tal y compró las 145 millones de acciones por un valor de 9.000 millones de pesos colombianos en aquella época, unos USD 2.6 millones al cambio actual.

Esta carta le fue otorgada por el presidente de Invercolsa de la época, Enrique Vargas Ramírez, quien también compró un importante número de acciones sin pedir permiso a la junta directiva de la empresa para su movimiento comercial, lo que lo expuso a una sanción de destitución de la Superintendencia de Sociedades en aquella época.

Londoño sí sostuvo una relación con Invercolsa, pues actuó como presidente ejecutivo de la firma durante cinco años, por tanto, según su defensa, sí existió una vinculación laboral. Sin embargo, la Sala de Casación Civil, al igual que los jueces de instancias previas, consideraron que el vínculo que este abogado sostuvo con la empresa propiedad de Ecopetrol, no fue laboral formal.

No es lo mismo tener un contrato formal de trabajo como empleado de una empresa a la prestación de servicios profesionales y cobrar por ellos unos honorarios, y así lo consideraron los magistrados del alto tribunal.

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El alto tribunal afirma que “nadie ha negado que el doctor Londoño prestó sus servicios a Invercolsa, el problema es considerar que hubo una relación laboral propiamente dicha, porque incluso él mismo siempre aceptó que no fue vinculado como mero trabajador, toda vez que no le convenía desde los aspectos personales y tributarios en la empresa de abogados con quien compartía sus actividades profesionales, por lo cual siempre convino con aquella que se le remunerara con unos honorarios, no sólo sus servicios personales, sino también lo necesario para gastos de secretaria y custodia de libros y papeles".

El reconocido abogado y periodista adquirió este número de acciones mediante un préstamo que realizó, en su época, al Banco del Pacífico de Panamá por el valor de 9 mil millones de pesos, pero en el último dictamen pericial, que se realizó en junio del año 2011, la cifra ascendió a 47 mil millones de pesos. Sin embargo, en la actualidad se ha establecido que dichas acciones, que reposan como dación de pago en la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana, Afib, podría ser el doble acercándose a los 100.000 millones de pesos (aproximadamente USD 30.152.268). 

Ecopetrol espera que las acciones sean devueltas por parte de Londoño Hoyos, quien además de este revés judicial, también sufrió en el pasado la destitución y declaratoria de inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación, en el 2004, por abuso de autoridad y conflicto de intereses además de una segunda sanción por prevaricato.

De los siete magistrados que conforman la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en abril, cuando se tomó la decisión que fue comunicada hasta finales de octubre, tres de los magistrado votaron parcialmente e hicieron aclaraciones. Uno de ellos fue la entonces Magistrada Margarita Cabello, quien en la actualidad es la ministra de Justicia del Gobierno de Iván Duque.

La Corte Suprema de Justicia, al haber puesto punto final a este largo litigio que agotó todas sus instancias, suma uno más, de los funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a la larga lista que tienen líos judiciales, ya sea presos en cárceles colombianas o de Estados Unidos, incursos en procesos o prófugos de la justicia.

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